Eduardo Montealegre podría ser investigado por injuria y calumnia, tras explosiva carta de renuncia al Ministerio de Justicia

En la mañana del viernes 24 de octubre, Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia al cargo de ministro de Justicia. La decisión fue comunicada un día después de que Montealegre anunciara un proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente.

Minutos después de conocerse su salida, el exministro hizo pública la carta en la que expuso las razones de su retiro y formuló acusaciones contra diferentes actores políticos y judiciales.

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En el texto, Montealegre señala directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al Tribunal Superior de Bogotá, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y al procurador general, a quienes responsabiliza de actos de impunidad y de favorecer presuntos delitos de lesa humanidad.

El abogado penalista Iván Cancino reaccionó públicamente al contenido de la carta mediante un mensaje difundido en su cuenta de X. Cancino subrayó que Montealegre firmó la carta en ejercicio de sus funciones y con el uso del cargo de ministro de Justicia, por lo que sus afirmaciones no pueden ser consideradas simples opiniones personales, sino declaraciones oficiales de un funcionario en ejercicio.

En ese sentido, se refirió a lo que las normas del Código Penal establecen sobre las diferencias entre la libertad de expresión y los límites legales cuando se ataca la honra o el buen nombre de una persona. En su mensaje, señaló: “La carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público ! Debe tener consecuencias . Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias”.

Según la legislación colombiana, los tipos penales de injuria y calumnia se configuran cuando se ofende la dignidad de alguien con expresiones deshonrosas (injuria) o cuando se atribuye falsamente a una persona la comisión de un delito (calumnia). En este caso, indicó, el contenido de la carta de Montealegre podría incluir afirmaciones que encuadrarían en ambos escenarios, pues son acusaciones que no han sido probadas.

Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio de la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos tiene límites más estrictos, dado que sus pronunciamientos pueden generar repercusiones institucionales. Por ello, cualquiera que en sus funciones haga acusaciones sin sustento legal podría responder no solo en el ámbito penal, sino también en el disciplinario, en caso de que se determine que sus palabras lesionan derechos fundamentales o comprometen la imagen de las instituciones del Estado.

En su carta, el ahora exministro de Justicia inicia expresando “profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”. Enseguida acusa al “establecimiento de Colombia” y a “un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”, de avalar lo que califica como un acto ilícito.

Montealegre asegura que su retiro del Gobierno obedece a la necesidad de recuperar la libertad para actuar como víctima del expresidente Uribe, al que atribuye una “violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”.

En el documento manifiesta su intención de “acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su impunidad” y anticipa que, a su juicio, “la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absolverá”.

Además, Montealegre extiende sus señalamientos a la Fiscalía General de la Nación, de la que dice que “no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo”. En otro pasaje afirma: “Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré”.

El documento también hace alusión al procurador general, a quien describe como “un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia”, y advierte que ese respaldo proviene “de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia”.