El anuncio de un proyecto de decreto que busca equiparar la retención en la fuente entre pagos electrónicos y transacciones con tarjetas ha generado una ola de cuestionamientos entre los usuarios de plataformas como Bre-B, Nequi y Daviplata.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda, plantea aplicar una retención del 1,5% a los pagos realizados a través de estos medios digitales, lo que ha suscitado un debate nacional sobre el impacto que tendría en millones de colombianos que utilizan estas herramientas para sus transacciones cotidianas.
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La controversia se intensificó luego de que el Ministerio de Hacienda publicara para comentarios un borrador de decreto que, de ser aprobado, modificaría el tratamiento tributario de los pagos electrónicos.
Hasta ahora, las tarjetas de débito y crédito están sujetas a una retención en la fuente del 1,5%, mientras que otros medios digitales, como las billeteras electrónicas, no enfrentan este gravamen.
Según Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la Dian, “queremos conocer cuáles son las dudas e inquietudes y los comentarios y las alternativas de regulación que el público puede tener a esta iniciativa”.
El funcionario subrayó que la medida no impactará a quienes efectúan los pagos, sino a quienes reciben ingresos por la venta de bienes o la prestación de servicios.
“No van a ser las personas que están efectuando los pagos las que van a verse afectadas por la retención, sino quienes prestan servicios o venden bienes”, puntualizó Peralta.
Entre los puntos destacados, el funcionario aclaró que “los contribuyentes del régimen simple de tributación están eximidos de esta retención en la fuente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 911 del Estatuto Tributario”.
Además, “también están eximidas de esta responsabilidad las personas naturales no responsables del IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 401-4 del Estatuto Tributario”.
Para garantizar la correcta aplicación de estas exclusiones, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1066 de 2025, que permite a la DIAN compartir información del RUT con los agentes de retención. Así, “cuando los agentes de retención enfrenten un pago hecho a una persona sometida al régimen simple de tributación o una persona natural no responsable del IVA, se abstengan de practicar la retención en la fuente”, explicó Peralta.
El proyecto de decreto permanecerá disponible para comentarios hasta el 25 de octubre. “Esperamos sus comentarios para fortalecer esta iniciativa”, concluyó el director de Gestión Jurídica de la DIAN.
El objetivo declarado de la iniciativa es eliminar esta diferencia y lograr lo que la cartera denomina “equidad horizontal” entre los distintos métodos de pago, excluyendo el efectivo.
El surgimiento de la plataforma Bre-B, desarrollada y administrada por el Banco de la República, marcó un hito en el sistema financiero colombiano.
Desde su lanzamiento el 6 de octubre, más de doscientas entidades financieras —incluyendo bancos, cooperativas y empresas fintech— se han integrado, permitiendo a sus clientes realizar transferencias y pagos en segundos y sin costo alguno.
Esta gratuidad y facilidad de uso atrajeron rápidamente a millones de usuarios, que vieron en la herramienta una alternativa eficiente y accesible para sus operaciones diarias.
A octubre de 2025, se registraron 32 millones de colombianos con más de 88 millones de llaves en el sistema, lo que evidencia la magnitud de la adopción de estos servicios. La masificación de las billeteras digitales y la aceptación de plataformas como Nequi y Daviplata han sido interpretadas por diversos analistas como un avance hacia la inclusión financiera y la reducción del uso de efectivo.
Sin embargo, la posibilidad de que se imponga una retención en la fuente a las transacciones digitales ha generado preocupación entre expertos, quienes advierten que la medida podría desincentivar el uso de estos medios y alejar a quienes ya habían optado por ellos.
La Dian defendió la propuesta argumentando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste a la retención en la fuente ya existente.
Según la entidad, la medida busca unificar el tratamiento tributario y evitar que los pagos electrónicos queden exentos de una obligación que sí recae sobre las tarjetas.
El proyecto de decreto, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública, establece que la retención del 1,5% solo se aplicará cuando el pago o abono constituya un ingreso tributario para el receptor, es decir, en operaciones relacionadas con la venta de bienes o la prestación de servicios.
Entre las precisiones divulgadas por la Dian, se aclara que las transferencias realizadas a través de Bre-B, Nequi, Daviplata y otras plataformas no estarán sujetas a retención en la fuente si no representan un ingreso para el receptor.
Además, las personas naturales que no sean responsables del IVA quedarán excluidas de la medida, incluso si reciben pagos que constituyen ingresos tributarios. El proyecto también subraya que la retención en la fuente no es un impuesto definitivo, sino un mecanismo de recaudo anticipado que los contribuyentes pueden acreditar en su declaración de renta, lo que, según la entidad, incentiva la presentación de la declaración tributaria correspondiente.
Para facilitar la aplicación de la norma, el Decreto 1066 de 2025 habilitó a la Dian para compartir información sobre las responsabilidades del RUT, permitiendo que los agentes de retención —como agregadores y entidades adquirentes— verifiquen las características de los receptores de los pagos y determinen si corresponde o no practicar la retención. El proyecto también propone modificar el orden de intervención de los agentes en la retención a título de IVA, otorgando prioridad a los agregadores y entidades adquirentes, quienes disponen de información más precisa sobre las transacciones.
El texto del proyecto de decreto estará disponible para comentarios del público hasta el 25 de octubre de 2025 en el sitio web del Ministerio de Hacienda. La etapa de consulta busca que la ciudadanía participe activamente, formule preguntas y proponga alternativas a la propuesta gubernamental.
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