En una reciente audiencia del comité del Senado sobre control internacional de narcóticos, tanto demócratas como republicanos coincidieron en la urgencia de reforzar la cooperación regional para enfrentar lo que describieron como una amenaza creciente vinculada al grupo libanés, con especial atención a su presencia en Venezuela y, en menor medida, en territorio colombiano.
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Durante la sesión, presidida por el senador John Cornyn, republicano de Texas, y su colega demócrata Sheldon Whitehouse, se delinearon los primeros pasos hacia una legislación bipartidista destinada a fortalecer las capacidades de seguridad e inteligencia de Washington frente a la expansión de Hezbolá.
Cornyn advirtió que “el peligro no es hipotético. Es real, está en nuestra vecindad y se alimenta de la corrupción y el narcotráfico”, una afirmación que subraya la percepción de inmediatez y gravedad del fenómeno.
Entre los expertos convocados figuraron Matthew Levitt, especialista en financiamiento del terrorismo, y Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Ambos señalaron a Venezuela como el principal centro de operaciones de Hezbolá en el continente. Según los testimonios presentados, el grupo chiíta, respaldado por Irán, habría encontrado en el régimen de Nicolás Maduro un entorno propicio para actividades como el lavado de dinero, el contrabando de oro y la falsificación de documentos de identidad.
Billingslea calificó a Venezuela como “el refugio más seguro de Hezbolá fuera del Medio Oriente”.
El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio y de origen colombiano, se mostró especialmente contundente al reclamar una política más estricta hacia Caracas y hacia los países que, en su opinión, toleran o facilitan las operaciones de Hezbolá.
Moreno sostuvo que “el peligro no es hipotético. Es real, está en nuestra vecindad y se alimenta de la corrupción y el narcotráfico”, según declaró.
Además, anticipó que la futura ley buscará designar a funcionarios y gobiernos latinoamericanos como facilitadores del terrorismo, lo que implicaría sanciones financieras y restricciones diplomáticas.
Moreno también criticó la gestión del presidente Gustavo Petro en relación con la actividad de Hezbolá en Colombia, afirmando que bajo su gobierno “la actividad de Hezbolá en Colombia” no ha sido confrontada y acusando al mandatario de mostrar simpatía hacia Hamás, grupo considerado terrorista por Estados Unidos.
Por su parte, Matthew Levitt señaló que, aunque la presencia de Hezbolá en la región de La Guajira no es reciente, la colaboración con Colombia para rastrear las actividades del grupo había sido más efectiva con administraciones anteriores.
En línea con estas preocupaciones, Moreno anunció su intención de promover un proyecto de ley para incluir a Petro, su familia y allegados en la denominada “Lista Clinton” (lista de Personas Especialmente Designadas de la Ofac) por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según Moreno, los aranceles adicionales contra las exportaciones colombianas que se consideraron ya no se aplicarían si las sanciones se enfocan directamente en el mandatario y su entorno.
La audiencia del Senado, centrada en la situación venezolana, coincidió con la presión ejercida por la administración Trump sobre el régimen de Maduro, que ha incluido un despliegue militar significativo en el Caribe. Aunque la preocupación por Hezbolá en América Latina no es nueva, el Senado estadounidense, actualmente bajo control republicano, estaría ajustando su estrategia para contrarrestar la influencia del grupo.
Los informes anuales del Departamento de Estado sobre terrorismo han documentado durante más de una década la presencia de redes vinculadas a Hezbolá en la región, así como la permisividad de ciertos gobiernos, especialmente durante los periodos de mayor acercamiento entre Caracas y Teherán.
Moreno subrayó que “aunque la supuesta presencia de Hezbolá en Colombia sería menor, de aprobarse, la ley podría ser utilizada para apretar al Gobierno Petro”, según sus declaraciones.
La sesión evidenció un consenso poco habitual en el Congreso estadounidense: la necesidad de fortalecer la cooperación con países como Colombia, Brasil y México para rastrear las rutas financieras y desmantelar los vínculos entre el narcotráfico y las estructuras de Hezbolá.
De aprobarse, la legislación contemplaría nuevas sanciones, mecanismos de intercambio de inteligencia y un mandato para que el Departamento de Estado actualice su lista de organizaciones y actores asociados a grupos terroristas en el hemisferio occidental. Además, si el Departamento de Estado concluye que Colombia no coopera en la lucha contra el terrorismo, se abriría la posibilidad de imponer sanciones adicionales.
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