El regreso de un bebé colombiano a su país tras permanecer ocho meses en el extranjero puso en el centro de la atención pública a Natalia Vidales Martelo, exreina de belleza de Cartagena, que enfrenta una investigación penal por presuntamente haber sacado a su hijo recién nacido de Colombia con documentación falsa y sin el consentimiento del padre.
La Fiscalía General de la Nación investiga la denuncia presentada por Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del menor, quien sostiene que la salida del niño hacia Madrid, España, se realizó de manera irregular y sin su autorización.
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El caso, que involucra aspectos de derecho de familia, migración y protección de menores, motivó la apertura de pesquisas internas en varias entidades estatales. Migración Colombia confirmó que adelanta una revisión preventiva de sus procedimientos para determinar si existió alguna irregularidad en el control migratorio o si se intentó engañar a sus funcionarios mediante el uso de documentos adulterados.
“De manera preventiva inició averiguaciones internas para establecer si se presentó alguna irregularidad en los procedimientos de control migratorio o si se trató de un intento de inducir en error a un funcionario mediante el uso de documentación adulterada”, informó la entidad.
Por su parte, fuentes de la Procuraduría General de la Nación consultadas por El Tiempo calificaron los hechos como “de la mayor gravedad”, señalando que se vulneraron los derechos del menor. Estas fuentes indicaron que el Ministerio Público contempla iniciar investigaciones contra los funcionarios que permitieron la salida del bebé del país. Según la Procuraduría, el caso resulta inusual, ya que Migración Colombia ha sido históricamente estricta y responsable en la autorización de viajes internacionales de menores.
La investigación se remonta al 21 de diciembre de 2024, fecha en la que Vidales Martelo, que representó a Cartagena en el Reinado del Mar en 2010 y pertenece a una familia reconocida de la ciudad, habría salido del Aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Madrid con su hijo recién nacido. El eje de la denuncia penal es una Escritura Pública N.º 4.589, supuestamente protocolizada el 17 de diciembre de 2024 en la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena. En Colombia, la normativa exige que para que un menor viaje al exterior acompañado solo por uno de sus padres, se requiere la autorización expresa y autenticada del progenitor ausente, o bien una autorización judicial.
La alerta se activó cuando Parra Conrado descubrió, mediante un derecho de petición dirigido a la Notaría Sexta, que su hijo había salido del país sin su permiso. La notaría detectó una inconsistencia significativa: en 2024, el total de procesos radicados fue de aproximadamente 3.996, pero la escritura presentada por Vidales Martelo tenía el número 4.589, lo que sugería la posible falsificación del documento utilizado para sortear los controles migratorios. Además, el abogado Germán Percy, representante de Parra Conrado, afirmó que la firma del padre también habría sido falsificada.
Tras un extenso proceso judicial, y por orden de un Juez de Familia, el menor regresó a Colombia el 26 de agosto de 2025, ocho meses después de su salida. Un mes más tarde, en septiembre, Parra Conrado pudo conocer a su hijo por primera vez, poniendo fin a una prolongada espera.
La denuncia presentada no solo busca determinar la responsabilidad penal de Vidales Martelo, sino también identificar posibles fallas en los procedimientos de la notaría y, especialmente, en los controles de Migración Colombia. La entidad migratoria, que asegura haber conocido el caso únicamente a través de los medios y no por notificación oficial de la Fiscalía, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades:
“Migración Colombia reitera su total disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y con las demás autoridades competentes. La entidad aportará toda la información, los registros y los elementos técnicos necesarios para esclarecer los hechos”.
Natalia Vidales Martelo, consultada por el medio citado, optó por no hacer declaraciones, manteniendo silencio mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para determinar si existieron delitos de uso de documento falso y violación de los derechos del menor y del padre.
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