Esto le puede pasar si no participa en el Simulacro Nacional 2025 en su conjunto residencial

La participación en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 se convierte en una obligación legal para los conjuntos residenciales en Colombia.

Las administraciones y copropietarios deben ejecutar el ejercicio según las disposiciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ignorar esta obligación puede resultar en sanciones administrativas y económicas, lo que provocó inquietud entre residentes y administradores.

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La legislación colombiana exige que conjuntos residenciales implementen y actualicen un plan de emergencia, además de realizar simulacros de evacuación periódicamente. La normativa aclara que estos ejercicios no dependen de la voluntad de los residentes o de la administración, sino que constituyen una responsabilidad legal de la copropiedad.

Un conjunto residencial debe contar con un comité de gestión del riesgo encargado de coordinar la elaboración del plan y organizar los simulacros. Este comité lidera la capacitación de los habitantes y documenta cada ejercicio.

Además, la administración debe disponer de evidencia escrita y fotográfica del desarrollo del simulacro, en caso de requerimiento por parte de las autoridades locales.

La Ungrd y entidades municipales poseen la facultad de imponer multas o exigir medidas correctivas ante el incumplimiento. Las sanciones pueden incluir exigencia de implementar el simulacro en un plazo determinado o la imposición de penalizaciones económicas, variables según la ciudad y la gravedad de la infracción.

La razón central para exigir estos simulacros radica en garantizar la seguridad de los residentes ante emergencias como sismos, incendios, inundaciones o deslizamientos. De acuerdo con datos de la Ungrd, los ejercicios buscan que cada habitante conozca las rutas de evacuación y aprenda cómo actuar en situaciones críticas.

La obligatoriedad del simulacro responde a la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y reducir la vulnerabilidad ante desastres. Si una copropiedad omite los simulacros y sucede una emergencia real sin protocolos vigentes, la administración se expone a posibles líos legales adicionales.

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 está programado para el miércoles 22 de octubre. El ejercicio iniciará a las 9:00 a. m. en la mayoría de las regiones, mientras que en Bogotá, la jornada arrancará a las 10:30 a. m., como informó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Este simulacro será simultáneo en los 32 departamentos del país, y la participación abarca entidades públicas, colegios, empresas privadas, hospitales y todo tipo de conjuntos residenciales.

La duración estimada del simulacro es de 30 a 60 minutos, aunque puede variar según la entidad y el tamaño de la comunidad. En conjuntos residenciales, suele desarrollarse en menos de 40 minutos, incluyendo la evacuación y el posterior retorno a los hogares.

Para eludir multas o llamados de atención por parte de la autoridad, la administración del conjunto debe asegurar la inscripción y el registro oficial del simulacro.

En Bogotá, este trámite se realiza a través del portal de Idiger (www.simulacro.idiger.gov.co), en el que se genera una constancia digital de la participación. En otras ciudades, el proceso se coordina a través de las alcaldías o los consejos municipales de gestión del riesgo.

La evidencia documental, como fotografías y reportes escritos, resulta indispensable, ya que la autoridad puede solicitarla para verificar el cumplimiento. Esta medida evita sanciones y acredita que la copropiedad sigue la normativa nacional establecida.

Expertos sugieren a los residentes familiarizarse con las rutas de evacuación y puntos de encuentro definidos en sus edificaciones.

Contar con una mochila de emergencia equipada con agua, linterna y documentos importantes, así como seguir al pie de la letra las indicaciones del comité de emergencia del conjunto, facilita la ejecución del simulacro y contribuye al fortalecimiento de la seguridad colectiva.

Durante el simulacro, no está permitido utilizar ascensores y se recomienda actuar de manera ordenada para no generar alertas innecesarias. Cada municipio puede adaptar la jornada a las amenazas predominantes en la región, como sismos o inundaciones.

La realización de estos ejercicios ya no es un simple trámite, sino una responsabilidad que implica consecuencias legales para la administración y para los residentes que no participen según lo exige la norma.