
El caso de la llamada pirámide financiera que afectó a figuras del Jet-set bogotano, exreinas y empresarios, reveló nuevas aristas tras la aparición de documentos en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.
Aunque Felipe Miguel Rocha Medina, conocido por su vínculo con la ganadería Achury Viejo, cumple una condena en la cárcel La Modelo y ha indemnizado parcialmente a sus clientes con bienes familiares, la investigación apunta a la existencia de otros implicados cuyas identidades han permanecido en la sombra.
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Según información obtenida por El Tiempo, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Superintendencia de Sociedades disponen de datos que señalan a personas naturales distintas de Felipe Rocha, condenado a seis años y medio de prisión, como responsables de captar nuevos inversionistas para el negocio ganadero.
En los interrogatorios a Rocha, los investigadores han insistido en esclarecer el papel de estos intermediarios. Inicialmente, el condenado describió la operación como un acuerdo entre amigos, pero posteriormente detalló la estructura y los beneficios que obtenían los participantes.
En su declaración, el empresario condenado sostuvo: “Yo tenía unas 14 o 15 personas, eran mis amigos, (...) ellos, en los correos, ustedes se dan cuenta que comienzo a observar que me decían: ‘Mire gracias por el rendimiento, muy querido, buenísimo esto por favor hágale este giro a mi mamá, este movimiento’”. El testimonio continúa: “Hágalo a la cuenta de mamá, este a mi cuñado, este a mi hermana, esta hágala a mi papá’. Entonces, a mí una persona dentro de las 15, 16 o 17”.
Las víctimas, cuando fueron consultadas sobre su ingreso al negocio, afirmaron que lo hicieron por recomendación de terceros. Según relataron, la oferta de inversión llegó a través de correos electrónicos y que uno de los allegados más cercanos a Rocha se encargaba de difundir la propuesta. En este contexto, surgieron los nombres de los empresarios Juan Alberto González Misas, Pedro Miguel Dávila Pombo, Felipe Boshell Córdoba, Santiago Muñoz y Blanca Londoño.

Carolina Arenas, abogada de Pedro Miguel Dávila Pombo, manifestó su escepticismo respecto a la posibilidad de que su cliente sea vinculado formalmente a la investigación.
“A Pedro Dávila, la Supersociedades ya lo reconoció como víctima y está en trámite la adjudicación de unos derechos fiduciarios por los daños que le causó el dinero que invirtió”, aseguró Arenas al medio citado.
Y añadió: “No nos han notificado de nada, tiene que tratarse de un intento de los abogados de Rocha por echarle la culpa a alguien más”.
En la misma línea, Jacques Simhon Rosenbaum, representante legal de 18 víctimas, entre ellas Santiago Muñoz y Felipe Boshell Córdoba, sostuvo: “la Supersociedades señaló, el 8 de agosto pasado, que no se encontró terceros intervinientes en la captación. Es una canallada querer vincular a personas que fueron víctimas del señor Rocha. Sus apoderados (Riveros Bazzani Abogados) ya habían presentado un memorial en ese sentido”.
El abogado también subrayó: “Los señores Boshell y Muñoz también fueron engañados por el señor Rocha. No sabían de su conducta. Nunca recibieron comisión por llegar a sus familiares a la inversión, no sabían que el negocio era falso y resultaron ser víctimas”.
A su vez, desmintió que Rocha haya indemnizado completamente a los afectados, como sostienen los abogados del condenado. “Lo que hizo fue pagar 18 mil millones de pesos de los 24 mil millones de pesos captados, sin intereses. Por eso, a nombre de 18 de sus víctimas, voy a promover un incidente de reparación integral ante jueces penales por una suma similar a la que ya pagó y se van a perseguir otros bienes. La plata se debe indexar a valores de hoy”, explicó el togado.

Por su parte, Blanca Londoño se identificó como víctima en el proceso. Su abogado, Juan Felipe Criollo, indicó que su clienta fue reconocida judicialmente como víctima y que la defensa de Rocha tuvo dos oportunidades procesales para oponerse y no lo hizo. “Esto es una bajeza, la están revictimizando. Si prospera esa solicitud voy a denunciarlos por fraude procesal. Yo ya presenté el incidente de reparación integral y eso es lo que quieren frenar”, afirmó Criollo.
Finalmente, Juan Alberto González Misas declaró a El Tiempo que no ha recibido ninguna notificación sobre una posible vinculación a la investigación por la pirámide. “Lo que sí puedo decir es que son acusaciones totalmente falsas. Miembros de mi familia y yo ya hemos sido reconocidos como víctimas de ese señor, igual que varios amigos”, sostuvo. Agregó: “Todavía no han pagado un peso por los daños causados”.
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