Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

La Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de un acuerdo entre un hombre llamado Wilson Rozo Rozo y un oficial del Ejército para atraer a civiles a zonas apartadas, con el objetivo de que fueran asesinados y posteriormente presentados como bajas en combate, un caso conocido mediáticamente como los “falsos positivos”.

Sin embargo, en uno de los primeros episodios, el plan no se concretó como se esperaba: una de las víctimas y su esposa sobrevivieron a uno de los ataques.

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La investigación señala que Rozo Rozo contactó a un campesino residente en Puente Nacional (Santander), manifestando interés en adquirir una pistola 9 milímetros (mm) por $3.000.000. El encuentro para concretar la transacción se fijó en una zona rural, y el vendedor, acompañado de su esposa, acudió al lugar el 1 de agosto de 2008.

Al llegar, una tercera persona, identificada como “El Soldado”, los interceptó, despojó al campesino del arma y, de inmediato, ambos fueron atacados por integrantes del Batallón de Infantería Sucre, con sede en Chiquinquirá (Boyacá).

Durante el ataque, tanto el campesino como su esposa resultaron heridos por disparos efectuados por miembros del batallón. Posteriormente, las unidades militares los presentaron ante las autoridades como integrantes de un grupo delincuencial capturados por tráfico de armas, una versión que fue sostenida durante mucho tiempo pese a que ambas personas salieron ilesas del ataque.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recabados por la Fiscalía, la intención original era que las víctimas murieran en el lugar y fueran reportadas como bajas en combate. Sin embargo, la supervivencia del campesino y su esposa alteró el curso de los hechos y permitió que se conociera la verdadera naturaleza del operativo.

Por esos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Wilson Rozo el delito de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, cargo que posteriormente no aceptó.

Por otro lado, Rozo Rozo enfrenta actualmente un proceso judicial ante el juzgado Primero del Circuito de Vélez (Santander) por el homicidio de otra persona que fue presentada como “baja en combate” el 22 de agosto de 2008.

A comienzos de los años 2000, el Ejército implementó un sistema de incentivos que premiaba a los militares que reportaran el mayor número de bajas de miembros de grupos armados ilegales. Esta política institucional derivó en que algunos soldados, alentados por sus superiores, buscaran jóvenes en distintas regiones del país, ofreciéndoles falsas oportunidades laborales.

Una vez captados, los trasladaban a zonas rurales, donde los obligaban a realizar extensas jornadas de trabajo agrícola antes de asesinarlos y presentarlos como combatientes muertos en enfrentamientos.

El caso de Víctor Manuel Rangel García, documentado en un informe de Noticias Caracol, expuso que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) ordenó al Ejército Nacional indemnizar a la familia de Rangel, un joven que había salido de Cartagena con la esperanza de mejorar la situación económica de sus seres queridos.

Rangel viajó desde Bolívar hasta Sucre para trabajar en una finca, pero el 13 de septiembre de 2007 su familia descubrió, a través de la televisión, que su nombre figuraba entre los guerrilleros abatidos en un supuesto combate con la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, entonces bajo el mando del coronel Luis Fernando Borja.

“Mi coronel Borja era diferente. Mi coronel Borja desde el momento en que llegó, que yo me reuní con él, dijo: «Toca dar una o dos bajas, toca darlas como sea. Toca buscar la gente, aquí hay mucha gente necesitada»”, relató ante la JEP el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, al describir la presión ejercida por el coronel Borja sobre sus subordinados.

Otros militares que comparecieron ante la JEP confirmaron el proceder de Borja y señalaron que, al conocerse la magnitud de las ejecuciones, la cifra de 6.000 víctimas les parecía incluso baja.

La defensa de la familia Rangel, tras recopilar múltiples testimonios sobre los “falsos positivos”, identificó una tendencia recurrente hacia un lugar específico: la sede de la “granja” donde se reunía a numerosos jóvenes para mantener la estadística de bajas.

El abogado Javier Villegas subrayó ante Noticias Caracol la brutalidad de este método: “Este caso reveló una práctica monstruosa de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales”, detalló el jurista.