Gobierno Petro admitió que le falta plata para sacar adelante la reforma a la salud: cuál es la única solución que tiene

La viabilidad financiera del proyecto de reforma a la salud en Colombia quedó en entredicho tras la confirmación del Ministerio de Hacienda de que los recursos necesarios para la implementación de la misma dependen de la aprobación de una nueva reforma tributaria. En medio de la creciente incertidumbre fiscal, la cartera económica admitió que no puede garantizar la financiación del ambicioso proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro sin la obtención de ingresos adicionales por medio de la ley de financiamiento que en la actualidad se tramita en el Congreso de la República.

El reconocimiento oficial se produjo por medio de un documento al que tuvo acceso Valora Analitik, en el que el Ministerio de Hacienda expuso que los cálculos sobre el costo de la reforma a la salud se fundamentan en información incompleta y proyecciones que aún no han sido verificadas.

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La entidad explicó que los datos iniciales, suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social en octubre de 2024, presentaban inconsistencias y carecían de elementos clave, lo que motivó una solicitud de ampliación y verificación. La respuesta llegó en abril, lo que permitió el acceso a 13 bases de datos adicionales, pero el procesamiento de la información continúa en curso.

Además, la magnitud del desafío técnico es considerable: el Ministerio de Hacienda indicó que debe garantizar la consistencia de cerca de 2.154 millones de registros, una tarea que mantiene ocupado al Departamento de Tecnología, encargado de habilitar el espacio y las condiciones óptimas para el análisis de los datos. Así lo comunicó la cartera en respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, que sigue de cerca el proceso.

En cuanto a la validación de los costos de la atención primaria en salud, la cartera de Hacienda reconoció que no hizo ejercicios propios de estimación, sino que adoptó la información remitida por el Ministerio de Salud, al que corresponde, como líder del sector, la elaboración de los estudios técnicos que respalden y validen los supuestos de la propuesta.

Ahora, el Gobierno dispone de un panel de datos que monitorea los gastos reportados por las EPS para 11.478 procedimientos financiados mediante la unidad de pago por capitación (UPC). Con esta muestra, calificada por el Ministerio de Hacienda como una “muestra de conveniencia”, se construyeron escenarios de referencia para proyectar la evolución del gasto en salud en los componentes de mediana y alta complejidad, con el objetivo de capturar la tendencia de los gastos per cápita.

A pesar de las limitaciones en la información, la cartera económica emitió un aval fiscal definitivo a mediados de agosto. En los meses siguientes, el propio presidente Gustavo Petro reiteró las estimaciones oficiales, que sitúan el costo fiscal de la reforma en $112 billones para 2026, cifra que aumentaría a $114,8 billones en 2027 y podría alcanzar $191,7 billones en 2036.

La sostenibilidad financiera de la reforma está supeditada a que la reforma tributaria genere más de $16 billones en ingresos adicionales para el Estado. El Ministerio de Hacienda advirtió que no puede comprometer los recursos necesarios hasta que se aprueben tanto el Presupuesto General de la Nación (PGN) como la eventual ley de financiamiento. En su respuesta oficial, la entidad expuso que “la disponibilidad de los recursos está sujeta a la aprobación de la ley de financiamiento”, a pesar de que la normativa exige que todo proyecto de ley que implique gasto adicional o reducción de ingresos debe identificar la fuente sustitutiva correspondiente, la cual debe ser evaluada y aprobada por la propia cartera.

La ley también establece que el aval fiscal debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), lo que implica detallar el costo fiscal y la fuente de ingresos adicional. No obstante, la senadora Nadia Blel denunció que la discusión de la reforma a la salud se desarrolla “con base a un escenario incierto” y sin certeza sobre las fuentes de financiación de la nueva estructura.

Pese a la incertidumbre, el Ministerio de Hacienda evitó revelar los techos de gasto y sus proyecciones con el argumento que solo podrán definirse con precisión una vez se conozca la composición final del presupuesto sectorial para 2026 y se resuelva el futuro de la reforma tributaria. Dicha postura llevó a varios congresistas a advertir sobre el riesgo de que el sistema de salud quede desfinanciado.

La revelación de la falta de certeza financiera motivó a la Comisión Séptima del Senado a suspender la discusión del proyecto de ley, a petición de la senadora Blel. Otros congresistas, como Honorio Enríquez, calificaron como “gravísimo” que el Ministerio de Hacienda haya admitido la emisión de un aval sin la debida verificación, een especial, en en medio del déficit fiscal creciente, que alcanzó el 4,3% del PIB hasta julio.

En contraste, congresistas afines al Gobierno, como el senador Fabián Díaz, consideraron que la suspensión constituye una “estrategia de dilación”. Los defensores de la reforma insisten en la necesidad de avanzar con el proyecto para superar la crisis estructural del sistema y eliminar la intermediación financiera de las EPS.