El contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, valorado en 1,3 billones de pesos, ha quedado en el centro de una controversia internacional tras revelarse que uno de los socios clave, IN Groupe, una empresa estatal francesa, fue sancionada recientemente por corrupción internacional.
Junto a la Casa de la Moneda de Portugal, IN Groupe integra el consorcio responsable del suministro de pasaportes, en un proceso de contratación que la Procuraduría General de la Nación ha calificado de irregular y opaco.
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La adjudicación del contrato, que ha atravesado más de 800 días de incertidumbre, cambios de funcionarios y disputas legales, se formalizó en 2023 bajo el gobierno de Gustavo Petro.
La estrategia oficial consistió en asociar a la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad reconocida por su experiencia técnica. Sin embargo, documentos revisados por Cambio revelan que la participación de IN Groupe fue una condición impuesta en el acuerdo de cooperación, aunque su nombre no aparece en el convenio firmado entre la Cancillería y la entidad portuguesa.
En la práctica, la operación es mixta, con una división igualitaria de costos, inversiones y riesgos entre los socios de Portugal y Francia, mientras que la responsabilidad formal recae únicamente en los portugueses.
Escándalo internacional de IN Groupe y Surys
La presencia de IN Groupe en el contrato colombiano adquirió mayor relevancia a la luz de un escándalo de corrupción internacional que involucra a Surys, filial de la empresa francesa.
Entre 2013 y 2022, Surys estuvo involucrada en una trama de sobornos y malversación en Ucrania, donde, junto a la empresa estatal Polygraph y la firma estonia Ou Feature, habría estructurao un esquema de triangulación de contratos para la producción de pasaportes.
Según la investigación citada por Cambio, el mecanismo habría consistido en inflar facturas mediante un intermediario, lo que habría permitido desviar fondos hacia directivos y allegados de las empresas involucradas. El monto total facturado por materiales ascendió a 18,5 millones de euros, aunque Surys solo cobró 6,7 millones, y el resto se desvió a través de Ou Feature.
A pesar de un cambio de directivos en la empresa ucraniana en 2017 y la firma de un contrato directo con Surys, la investigación determinó que los precios de los insumos se triplicaron respecto a los convenios anteriores, alcanzando 22 millones de euros, de los cuales 7 millones continuaron en manos de Ou Feature por derechos de propiedad intelectual.
No fue sino hasta 2022, tras una investigación interna de IN Groupe, que se suspendieron los pagos y se apartó a los responsables del fraude. El Ministerio de Justicia Francés impuso el 8 de julio de 2025 una multa de 18.363 millones de euros a IN Groupe, y la empresa quedó bajo la supervisión de la Agencia Francesa Anticorrupción durante tres años, como confirmó Cambio.
Similitudes y advertencias en el proceso colombiano
Las similitudes entre el caso ucraniano y el colombiano han generado preocupación entre expertos y autoridades. En ambos procesos, la triangulación de operadores, la falta de transparencia y la presencia de intermediarios sin funciones técnicas claras han sido elementos recurrentes.
En Colombia, la Procuraduría ha advertido que la Imprenta Nacional carecía de la capacidad técnica para cumplir el contrato y que su papel se limitó a transferir recursos y recibir capacitación, mientras la ejecución real recaía en los socios extranjeros. Esta estructura, según la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá y citada por Cambio, vulneró los principios de selección objetiva, transparencia, moralidad y libre competencia.
El Ministerio Público también identificó que el proceso de contratación excluyó a otros posibles competidores del mercado, ya que se realizaron dos adjudicaciones directas: una de la Cancillería a la Imprenta Nacional y otra de la Imprenta a la Casa de la Moneda de Portugal.
Además, la Procuraduría cuestionó la legalidad de utilizar la normativa para contratar con organismos internacionales, dado que el 79% de los recursos provienen de Colombia, y criticó la ausencia de estudios de mercado y análisis económicos que justificaran el presupuesto asignado. Otro punto señalado fue el acuerdo para realizar los pagos en euros y no en pesos colombianos, contraviniendo la legislación vigente.
La sanción impuesta a IN Groupe y la vigilancia anticorrupción que enfrenta la empresa francesa añaden presión sobre el futuro del contrato de pasaportes en Colombia. Mientras la empresa negociaba su participación en el país, gestionaba simultáneamente las consecuencias de su mayor escándalo de corrupción. Esta situación, sumada a los hallazgos de la Procuraduría, mantiene en vilo la continuidad del contrato y anticipa posibles repercusiones judiciales y políticas.
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