La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Javier Gutiérrez Afanador como designado por el presidente Gustavo Petro para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
El nombramiento se da pese a que un memorando interno de la misma entidad había concluido que el aspirante no cumplía con los requisitos legales exigidos para el cargo.
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El documento, fechado el 11 de septiembre de 2025 y firmado por Diana Gissela Wilches Torres, coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera y jefe de Talento Humano de la CRC, indica que Gutiérrez Afanador “cuenta con dieciocho (18) años, un (1) mes y cinco (5) días de experiencia profesional, pero solo con tres (3) años, once (11) meses y veintiún (21) días de experiencia relacionada con las funciones del cargo”. De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el cargo de comisionado requiere una experiencia mínima de ocho años relacionada con el ejercicio profesional en el sector.
Según el memorando, “de esta manera, y en atención a la normatividad aplicable, el aspirante Javier Gutiérrez Afanador no cumple con los requisitos del cargo de Experto Comisionado”. A pesar de esta conclusión, la Presidencia continuó con la designación y publicó oficialmente su hoja de vida, lo que generó críticas y debate público.
Petro defendió la designación
El presidente Gustavo Petro respondió a las observaciones sobre el incumplimiento de los requisitos mediante una publicación en su cuenta de X, en la que afirmó que “cumple todos los requisitos porque no le querían hacer valer su experiencia ni en Telecom ni en ETB, les parece que ser trabajador de una empresa pública de telecomunicaciones no es experiencia”.
Gutiérrez Afanador es abogado de la Universidad Externado de Colombia y ha ejercido como contratista y secretario general en la Federación Nacional de Departamentos, la Agencia de Desarrollo Rural, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Instituto Nacional de Vías, entre otras instituciones. Su designación se produce tres años después de que el puesto quedara vacante tras la salida de Sergio Martínez Medina en agosto de 2022.
Además, la elección se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y la CRC, luego de que esta entidad no autorizara una reciente solicitud de alocución presidencial por parte del jefe de Estado.
La controversia en torno a la CRC se intensificó luego de que, por primera vez, la Comisión negara una alocución solicitada por el presidente Gustavo Petro. La petición había sido enviada por la Casa de Nariño el miércoles 29 de octubre, con el fin de emitir un mensaje sobre narcotráfico y descertificación en horario prime. La decisión de la CRC se basó en los criterios establecidos por el Consejo de Estado respecto al uso de los canales públicos y privados por parte del Ejecutivo.
Tras la revisión, la comisión determinó que “no cumple con los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable que justifique la interrupción de la programación de los canales de televisión abierta del país”.
La CRC agregó que su decisión “no limita la libertad de expresión del Presidente de la República ni su facultad para dirigirse al país, sino que atiende al mandato judicial que ordena aplicar criterios objetivos para garantizar el uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión”.
Luego del rechazo, el presidente Petro manifestó su inconformidad a través de redes sociales y medios oficiales. “El presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia”, expresó el mandatario.
En una entrevista concedida a RTVC, el jefe de Estado cuestionó la composición de la CRC, señalando que “no son elegidos popularmente, ni de este gobierno. Son heredad del pasado, y entonces, quieren asumir la censura sobre un presidente”.
El mandatario también anunció que se solicitó una certificación al Consejo de Estado sobre la vigencia del fallo que motivó la decisión de la CRC. “La aclaración, hasta que no se haga, no entra. (...) Se acepta en el proceso normal, pero en este momento ese fallo no es vigente”, sostuvo.
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