El sistema de salud podría colapsar con la asignación del presupuesto para 2026, advierten congresistas: “Pone en riesgo la vida”

El Congreso de la República aprobó el jueves 16 de octubre el Presupuesto General de la Nación para 2026, con un monto total de $546,9 billones, tras una votación de 50 votos a favor y 27 en contra en la plenaria del Senado.

La cifra aprobada representa una reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ascendía a $556,9 billones, e incluye $16,3 billones condicionados a una futura reforma tributaria.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la distribución de los recursos se mantiene en tres componentes: $358,1 billones para funcionamiento, $100 billones para el pago de la deuda pública y $88,4 billones para inversión.

Sin embargo, la aprobación generó controversia por la forma en que fueron asignadas las partidas al sector salud, en un contexto de déficit financiero y presiones sobre el sistema sanitario.

La senadora Norma Hurtado Sánchez, integrante de la Comisión Séptima del Senado, fue una de las principales voces críticas del proyecto. Calificó el presupuesto aprobado como “una irresponsabilidad que deja en grave situación al sistema de salud”, al considerar que los recursos asignados son insuficientes para responder a las necesidades del país.

La congresista sostuvo que el monto proyectado, cercano a $75,9 billones, “no garantiza la planeación adecuada para la atención oportuna de millones de pacientes, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas, de alto costo y catastróficas como cáncer, insuficiencia renal, enfermedades huérfanas y cardiovasculares”.

Hurtado advirtió que los informes de Así Vamos en Salud, la Contraloría General de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) confirman que el gasto en salud crece a un ritmo superior al de los ingresos disponibles, lo que incrementa el riesgo de desfinanciamiento. “Estas alertas dan razón a nuestros cuestionamientos sobre la viabilidad fiscal de la reforma a la salud”, afirmó.

En el caso del Valle del Cauca, la senadora destacó una reducción del 53,17% en el presupuesto del sector, que pasaría de $136.083 millones en 2025 a $63.732 millones en 2026, lo que —según explicó— “deja una enorme incertidumbre para los pacientes y pone en jaque a los hospitales públicos y privados que ya enfrentan graves dificultades financieras”.

Por lo anterior, la legisladora aseguró que el Ejecutivo “tiene la obligación de garantizar la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención integral de los pacientes. Lo que hoy se propone, en cambio, debilita todo el sistema y pone en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos”.

El senador Jota Pe Hernández también cuestionó la política presupuestal del Gobierno, asegurando que el proyecto aprobado no corresponde a un enfoque social: “Este no es ningún Gobierno social, ningún presupuesto social y no es ninguna Ley de Financiamiento social; es una reforma tributaria que legaliza un atraco a los más necesitados de Colombia, un presupuesto que recorta la inversión a los más necesitados”, manifestó durante la sesión plenaria.

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, defendió la iniciativa gubernamental al resaltar el aumento en las partidas destinadas a derechos sociales. “Los incrementos en sectores como educación, que pasa de 81,7 billones a 88,3 billones, y salud, que aumenta del 67,2 a 78,1 billones, son una muestra de que el Gobierno ha decidido poner el presupuesto al servicio de los derechos fundamentales”, declaró.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el Ejecutivo realizó ajustes en el segundo debate para reforzar las inversiones en infraestructura hospitalaria. “Fueron considerados ajustes en varias áreas, sobre todo de inversión en el sector salud, con el fin de reforzar las inversiones en infraestructura en salud”, indicó.

Durante la sesión plenaria, el Senado decidió acoger el texto previamente aprobado por la Cámara de Representantes, evitando una conciliación adicional y cumpliendo los plazos constitucionales para su aprobación. El documento será sometido a revisión jurídica antes de su sanción presidencial y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en el que entrará oficialmente en vigor.