María José Pizarro lanzó fuerte crítica al CNE y defendió la consulta del Pacto Histórico: “Es un derecho consagrado”

A pocos días de la cita prevista para el 26 de octubre de 2025, la consulta interna del Pacto Histórico continúa generando reacciones intensas dentro del escenario político nacional; la controversia gira en torno a la viabilidad del proceso, cuya legalidad y legitimidad es cuestionada por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Frente a este panorama, la congresista María José Pizarro, de la colación, defendió la realización de la consulta con argumentos enfáticos y sin rodeos. La congresista no dejó lugar a dudas sobre su posición.

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Ante la creciente incertidumbre y los señalamientos que sugerían la cancelación del proceso, la senadora fue clara: “¡No! La consulta es un derecho consagrado en la Constitución. Lo que demuestra todo este asunto es que el CNE debe ser reformado, sus decisiones a destiempo no han brindado ninguna garantía. Y todas las decisiones que están bajo SU responsabilidad a la fecha siguen en vilo (sic)”.

Estas declaraciones surgieron tras la polémica generada en redes sociales por el periodista Melquisedec Torres, que cuestionó la legalidad de la consulta. Su publicación afirmaba que los procesos de selección interna deben ser manejados de forma exclusiva por los partidos, sin intervención ni financiación estatal.

Por lo que respondió con firmeza, al dejar en evidencia que, a su juicio, la responsabilidad por la crisis institucional recae sobre los órganos electorales, no sobre el Pacto Histórico ni sus bases.

Las palabras de la congresista reflejaron malestar con el actuar del CNE, cuyas decisiones recientes alteraron de manera sustancial el desarrollo previsto para la consulta. El Consejo negó el registro del logo del Pacto Histórico al considerar que la coalición no cuenta con personería jurídica en firme como partido único.

Esta determinación cambió el carácter de la consulta de “partidista” a “interpartidista”, lo que implica consecuencias legales significativas. Según la normatividad vigente, el que participa en una consulta interpartidista no puede inscribirse luego por una coalición distinta en la elección presidencial de 2026.

Esta situación generó temores de inhabilitación entre los aspirantes, lo que desencadenó la decisión del exalcalcalde de Medellín Daniel Quintero, de retirarse de la contienda; disputada entre la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.

Su salida sacudió al movimiento, pues representaba una de las figuras más visibles del proceso; en su explicación, señaló la “falta de garantías” y acusó al “establecimiento político” de intentar frenar la unidad del Pacto Histórico.

Frente a esto, Pizarro reafirmó la legitimidad de la consulta, su insistencia en que el proceso sigue en pie demuestra una postura firme frente a quienes lo dan por cancelado o deslegitimado. Para la senadora, el derecho a la participación política no debe depender de decisiones administrativas tomadas sin claridad ni oportunidad.

Luego de varios días de incertidumbre y un fuerte debate político, el Pacto Histórico anunció mediante un comunicado oficial que mantendrá su consulta presidencial interna el 26 de octubre, reafirmando su decisión de continuar con este mecanismo de selección, a pesar de las recientes decisiones del CNE que generaron cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance del proceso.

El Pacto Histórico insistió en que la consulta sigue en pie. La colectividad publicó un comunicado en el que dejó claro su compromiso con este proceso electoral, al tiempo que denunció la necesidad de garantías frente a los órganos electorales.

“El Pacto Histórico informa a la ciudadanía que mantendrá y realizará la consulta partidista presidencial, así como las consultas al Congreso, el 26 de octubre de 2025, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actúa conforme a la ley”, expresó el movimiento político de manera directa.

En el mismo documento, el Pacto Histórico exigió respuestas claras a las entidades encargadas de organizar el proceso: “Solicitaremos a la Procuraduría General de la Nación la instalación urgente de una mesa de garantías electorales y requeriremos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil la certificación formal de nuestro acuerdo de consulta y de sus efectos jurídicos, dejando claro el carácter partidista de la consulta y su objeto de cara a la participación en el Frente Amplio”.

Esta declaración busca reafirmar la validez del proceso ante las versiones que circularon durante el fin de semana, las cuales advertían que, por no poder usar el logo del Pacto Histórico en la tarjeta electoral, la consulta pasaría a ser de tipo “interpartidista”.