El activista Daniel Maldonado confrontó públicamente al representante a la Cámara David Racero a través de una grabación que circuló viralmente en redes sociales y que abrió nuevamente el debate sobre el acceso a la información y la rendición de cuentas en la política nacional.
En el registro, Maldonado insistió en obtener respuestas sobre la continuidad de Racero en el Congreso, y cuestionó su respuesta ante señalamientos recientes.
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Durante el audio, Maldonado expresó: “David, los colombianos solamente quieren saber si usted va a renunciar a su curul después de lo que hizo. ¿Le podría contestar a los colombianos?”
El intercambio evidenció la incomodidad entre ambos y reflejó la tensión vivida en el momento, especialmente cuando el congresista eludió dar una respuesta clara ante la consulta del activista.
La grabación incluye segmentos donde Maldonado hace referencia directa a supuestas irregularidades, incluyendo el manejo de recursos de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la falta de salario digno a trabajadores de un establecimiento comercial y la relación de David Racero con contratos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
“El señor David Racero sí tiene pantalones para quitarle plata a sus funcionarios de UTL que ganan muchísimo menos que él. También tiene pantalones para ni siquiera pagar un salario digno a sus trabajadores del Fruver", indicó Maldonado.
El activista siguió, mientras Racero caminaba llevando su patineta eléctrica: “Y también tiene pantalones para repartir contratos en el Sena con su tío, pero no tiene pantalones para decirme si sí va a renunciar a la curul de un partido que supuestamente hace parte del gran cambio para Colombia”, afirmó el activista en la secuencia difundida.
En la misma grabación, Racero intervino en tono evasivo, buscando continuar con temas administrativos y evitando profundizar en los cuestionamientos que le hacía Maldonado sobre el futuro de su curul en el Congreso.
Esta acción generó decenas de comentarios reprochando a Racero, pero también invitando al creador de contenido para que adelante una acción más efectiva para que responda, como un derecho de petición por ejemplo.
En qué va la investigación a David Racero
El representante a la Cámara de Colombia, David Racero, recibió un respaldo clave de la Procuraduría General de la Nación durante el proceso por el cual enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias.
El Ministerio Público planteó oficialmente que no existen pruebas suficientes para que le sea retirada la investidura mientras avanza la investigación.
La defensa institucional llega después de que se conociera la petición formal hecha en el Consejo de Estado en contra de la continuidad del congresista en su cargo.
El Consejo analiza la demanda que solicita la pérdida de investidura de Racero, argumentando que habría usado su posición para influir en decisiones administrativas, señaló la revista Cambio.
En la audiencia, la Procuraduría General de la Nación fundamentó su posición con base en el principio de presunción de inocencia. “Hasta este momento, no se ha probado la conducta de tráfico de influencias de manera fehaciente”, explicó un delegado del órgano disciplinario, según citó el mismo medio. En la declaración se agregó que “no se encontraron elementos claros que evidencien un uso indebido del cargo para favorecer o perjudicar particulares”.
Racero, ex presidente de la Cámara de Representantes y figura prominente en la bancada del Pacto Histórico, negó haber incurrido en cualquier tipo de práctica ilícita y se declaró dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales.
Durante el trámite, organismos de control como la Procuraduría argumentaron ante el Consejo de Estado que el expediente carece de pruebas sólidas para sustentar la medida máxima de pérdida de investidura. De acuerdo con lo reportado por el portal colombiano, el Ministerio Público insistió en “actuar con la debida cautela ante casos en los que la evidencia es insuficiente”.
La demanda en contra de Racero fue radicada por un grupo de ciudadanos, quienes alegan que habría intervenido más allá de sus funciones.
“Como servidor público, me someto a todas las instancias legales. Confío en que la verdad prevalecerá”, indicó en su momento Racero.
La decisión final sobre la investidura de Racero queda en manos del Consejo de Estado, que podrá acoger o no la recomendación del Ministerio Público. El desarrollo de este proceso mantiene expectante al Congreso y a buena parte de la opinión pública en Colombia.
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