La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó, el miércoles 14 de octubre, que retiró la solicitud enviada a los canales de televisión nacionales sobre la entrega de información interna relacionada con sus procesos editoriales.
En su lugar, anunció la creación de un espacio de trabajo colaborativo con el propósito de fortalecer la confianza entre el regulador y los medios de comunicación, y de promover estrategias conjuntas en materia de pluralismo informativo.
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De acuerdo con el comunicado oficial, “a este ejercicio serán invitadas entidades interesadas, entre ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que, si así lo estiman pertinente, participen como garantes del proceso, asegurando su desarrollo en un marco de transparencia, participación y construcción colectiva”.
La entidad señaló que su intención inicial era conocer las buenas prácticas de los medios frente al pluralismo informativo, no realizar un proceso de control o sanción. “Con esto no estamos pensando en hacer una investigación o una sanción”, afirmó la CRC, aclarando que el requerimiento no tenía fines punitivos.
Preocupación institucional
Luego de la polémica, el procurador general, Gregorio Eljach, manifestó su rechazo a cualquier medida que pueda interpretarse como un intento de censura. “Quiero expresar mi rechazo a cualquier intento que se haya producido o se pueda producir de cercenar, de disminuir, de atacar un principio fundamental, inescindible en toda democracia como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. No permitirá el procurador general de la Nación que se atente contra ese sagrado principio que encarna en la libertad”, afirmó el funcionario.
Eljach instó a las entidades del Estado a actuar con mesura y prudencia frente a decisiones que puedan afectar derechos constitucionales. “Desde acá invito a que las autoridades públicas se mesuren, se midan y reflexionen antes de producir decisiones que pueden quebrantar el orden ético, el orden jurídico y el orden moral de la Nación”, añadió el procurador, subrayando que “la libertad de expresión y la libertad de prensa son sagradas”.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, dirigió una carta a los comisionados Andrea Muñoz Gómez, Mauricio Vera Sánchez y Sadi Contreras Fuset, en la que manifestó su preocupación institucional por los requerimientos de información enviados a los medios.
En su comunicación, Marín Ortiz recordó que la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias —entre ellas la C-488 de 1993, T-391 de 2007, T-219 de 2009, C-592 de 2012 y T-028 de 2022— que la libertad de prensa tiene un carácter reforzado dentro del orden constitucional y constituye un pilar esencial para la democracia. “Para la Corte, los riesgos derivados de una información inexacta o sesgada deben enfrentarse mediante la autorregulación ética y profesional de los propios medios, dentro de un marco jurídico respetuoso de los principios democráticos y de las garantías que protegen la independencia periodística”, señaló.
Aclaración de la CRC
En respuesta a las críticas sobre una presunta censura o intervención estatal, la CRC precisó que la solicitud de información no implicaba ninguna vulneración a la libertad de prensa. “El ejercicio que estamos haciendo es alimentar el conocimiento de la entidad, pero finalmente los medios de comunicación tienen libertad de programación y de expresión”, señalaron las voceras de la Comisión.
Asimismo, enfatizaron que no existe relación entre la solicitud y el Gobierno nacional. “No tenemos ninguna injerencia del gobierno nacional en las decisiones que tomamos. No hemos hablado sobre el tema”, aseguraron las comisionadas, tras los cuestionamientos que vincularon el requerimiento con directrices del Ejecutivo.
En su pronunciamiento, la CRC manifestó que actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, con el fin de promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y proteger los derechos de las audiencias; y concluyó su declaración afirmando: “La CRC da por concluido el requerimiento inicial e invita a los canales de televisión a participar activamente en el nuevo espacio de diálogo, con el propósito de construir, de manera conjunta, mecanismos que fortalezcan el pluralismo e imparcialidad informativa que garanticen un ecosistema mediático más diverso, transparente y comprometido con el derecho a la información en Colombia”.
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