Daniel Quintero habló de la investigación de la Fiscalía en contra de su hermano por presunta corrupción: “Están cagados del susto”

La Fiscalía General de la Nación incluyó esta semana el nombre de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial Daniel Quintero, en un proceso judicial que investiga un presunto esquema de corrupción administrativa registrado entre 2020 y 2022.

La inclusión de Miguel Quintero en la investigación representa un nuevo capítulo en el entramado judicial que rodea al aspirante presidencial del Pacto Histórico.

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Las pesquisas, expuestas en detalle el lunes 13 de octubre de 2025, en Noticias Caracol, apuntan a supuestas anomalías en la celebración de contratos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este último organismo, integrado por nueve municipios, estuvo bajo el mandato del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante el periodo investigado. Los contratos objeto de indagación presentan posibles irregularidades en la asignación y ejecución de recursos públicos.

En una entrevista concedida el 14 de octubre de 2025 a Radio Uno, Daniel Quintero rechazó las acusaciones y calificó el caso como un “refrito” que, según aseguró, no contiene elementos nuevos sobre su gestión o la de su hermano.

De acuerdo con su declaración transmitida por la emisora: “Cuando revisas, ahí no hay ninguna acción delictiva. Mi hermano ha sido perseguido, le han hecho montajes por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que estaban manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Ha dicho de todas las formas: ‘Fiscalía, si tiene algo contra mí, aquí estoy para hablar con ustedes’”.

El precandidato manifestó que, hasta ahora, las autoridades han descartado conductas penales y atribuyó la activación de los procesos a un intento de afectar su imagen en la antesala de las elecciones.

Quintero también expresó su postura respecto a la visibilidad de estos casos en el contexto electoral. “Es parte de la persecución y de la guerra jurídica y mediática, porque nos ven creciendo en las encuestas”, manifestó durante la entrevista.

Tras lo anterior, a través de su cuenta en X, Daniel Quintero intensificó su discurso y apuntó directamente: “Están cagados del susto porque faltan 10 días para las elecciones y saben que vamos a ganar”.

Este mensaje causó amplia repercusión y debate en redes sociales, sumando presión sobre una contienda electoral marcada por escándalos administrativos y reclamos de transparencia.

El proceso judicial sigue abierto y generando tensión tanto en el espectro político de Medellín como a nivel nacional, en una coyuntura crucial para el Pacto Histórico y la carrera de quienes aspiran a posicionarse en la próxima contienda presidencial.

Las últimas revelaciones periodísticas difundidas por Noticias Caracol exponen un esquema de presunta intermediación en la contratación pública dentro de la administración distrital de Medellín entre 2020 y 2022.

De acuerdo con el reportaje, Álvaro Villada, entonces subdirector financiero de la entidad y responsable de un presupuesto que superaba medio billón de pesos, actuó como facilitador de solicitudes externas, principalmente gestionadas por Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

El medio evidenció cómo, el 13 de febrero de 2020, Villada organizó una reunión virtual para tratar asuntos administrativos, legales y financieros, durante la cual circularon hojas de vida recomendadas por Quintero y Ortega.

Entre los nombres figuraban Jennifer Quiceno y César Augusto Chavarría. Este último fue designado jefe de la unidad logística en Metroparques y actualmente labora en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), tras su paso por la administración de Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico.

Según el medio citado, Villada sugería la formación de un comité paralelo de contratación que incluyera abogados externos para agilizar los procesos y recomendaba contactar a Juan David Palacio, entonces director del área metropolitana, ante demoras en la vinculación de personal recomendado.

Fragmentos de chats publicados muestran la intervención de funcionarios, como la Secretaría General, para resolver compromisos pendientes y la contratación de allegados como una sobrina del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Una de las revelaciones destaca el uso de un penthouse incautado a mafias en el barrio El Poblado.

En chats y videos, Miguel Quintero compartió imágenes del inmueble, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), comentando arreglos menores y su utilización como punto de encuentro del grupo. Posteriormente, se divulgó una foto junto a Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, en el jacuzzi del apartamento.