Reducción de la jornada laboral no evita malas noticias sobre el actual desempeño de millones de trabajadores colombianos

Colombia lidera el listado de países con más horas trabajadas al año, pero su productividad laboral permanece entre las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). La paradoja, en la que largas jornadas no se traducen en mayor eficiencia ni en mejores condiciones para los trabajadores, persiste a pesar de los recientes esfuerzos legales por reducir la duración de la semana laboral.

Según la misma, el país enfrenta desafíos estructurales en eficiencia y formalización, con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud. Además, el Compendium of Productivity Indicators 2024 de la entidad, Colombia registra un promedio de 2.288 horas trabajadas por persona al año, con lo que supera a México (2.226 horas) y Costa Rica (2.149 horas), y se sitúa muy por encima de Chile, Corea del Sur e Israel.

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Sin embargo, la productividad por hora trabajada en Colombia apenas alcanza entre USD19 ($74.100) y USD20 ($78.000) de Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países miembros de la organización supera los USD60 ($234.000) por hora.

Desde 2023, el país aplica la Ley 2101 de 2021, que establece una reducción progresiva de la jornada laboral semanal sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores.

El límite pasó de 48 a 47 horas en 2023, bajó a 46 en 2024, se redujo a 44 en 2025 y se prevé que en 2026 la jornada quede en 42 horas semanales, alineándose con los estándares de varios países de la organización. No obstante, a pesar de estos ajustes, Colombia sigue figurando entre las naciones con jornadas más extensas tanto en la región como en el ámbito internacional.

Impacto económico de la baja productividad y la informalidad laboral

Un estudio reciente del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advierte que, si las tendencias actuales persisten, el país podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones para 2030, debido a la imposibilidad de cumplir con los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible.

El análisis del CCS se basa en dos indicadores clave.

• Productividad laboral: establece como meta un incremento anual del 3% en el PIB por persona empleada para 2030. Sin embargo, entre 2015 y 2023, el crecimiento promedio fue de solo 1,57% anual. Con un PIB estimado en $1.700 billones y una población ocupada de 23,3 millones de personas en 2024, el promedio anual por trabajador es de $72,96 millones. Si el crecimiento de la productividad se mantiene en el nivel actual, la diferencia acumulada respecto a la meta podría alcanzar los $243 billones en 2030.
• Formalización laboral: revela que la tasa de formalidad apenas llega al 43,2% en 2025, lejos del objetivo del 60% para 2030. Esto implica que cerca de 3,9 millones de trabajadores permanecen en la informalidad. Según el CCS, la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29%, lo que se traduce en una pérdida adicional de $207 billones en los próximos cinco años si no se logra avanzar hacia la formalización del empleo.

Qué tan graves son las cifras

La presidenta ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, resaltó la gravedad de estas cifras: “Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”.

Además, advirtió que la falta de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, infraestructura y protección social.

“Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirmó Solano Luque.

Dicho estudio del CCS también destaca que la informalidad afecta de manera desigual a los distintos tamaños de empresas. Solo el 14,6% de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9% en pequeñas empresas, y al 94,3% y 97,4% en medianas y grandes, respectivamente. La brecha evidencia la necesidad de enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento del sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago en formalización.

Estrategias para mejorar la productividad y la formalización

Para revertir esta tendencia, el CCS propone una hoja de ruta integral que incluye alianzas estratégicas entre Gobierno, empresas, academia y gremios, así como la promoción de beneficios tributarios y programas de cofinanciación para empresas que generen empleo decente. También recomienda ratificar la Recomendación No. 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la transición de la economía informal a la formal, fomentar la creación y regularización de empresas, en especial mipymes, e impulsar programas de formación técnica y profesional.

Otras acciones sugeridas incluyen:

• Divulgación de buenas prácticas laborales
• Evaluación periódica de las estrategias implementadas
• Incorporación de enfoques diferenciales para atender las necesidades de poblaciones vulnerables.