El oro extraído de las montañas de Segovia, en Colombia, no solo alimenta la economía global, sino que arrastra consigo una estela de violencia, corrupción y conflicto que involucra a mineros, multinacionales, grupos armados y hasta altos funcionarios estatales.
La historia de este enclave minero revela cómo la codicia y el poder han transformado a un pueblo, sumergiéndolo en una dinámica donde la frontera entre lo legal y lo criminal se ha vuelto casi invisible, según un especial periodistico de InSight Crime en Español.
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En las profundidades de las minas de Segovia, los trabajadores se enfrentan diariamente a condiciones extremas.
Los túneles, que se extienden cientos de metros bajo tierra, apenas permiten el paso de una persona erguida. El aire se vuelve irrespirable y el polvo húmedo se adhiere a la piel.
Los catangueros, encargados de cargar sacos de más de 50 kilogramos de mineral, deben escalar por túneles empinados y resbaladizos, mientras que en la superficie, el mineral es procesado en molinos rudimentarios conocidos como entables. Allí, el oro se separa del mercurio y otros metales mediante procesos que dejan residuos tóxicos y contaminan el entorno.
El proceso de comercialización del oro extraído ilegalmente es igualmente opaco. Intermediarios conocidos como “compras de oro” adquieren el metal y lo introducen en la cadena legal mediante documentos fraudulentos, haciéndolo pasar por producción de mineros artesanales o de asociaciones con títulos legales.
Una vez exportado, el oro se funde en refinerías internacionales, lo que lo vuelve imposible de rastrear. Finalmente, termina en manos de empresas tecnológicas, joyeros y comerciantes de lingotes, integrándose en la economía global.
La vida en Segovia está marcada por la presencia de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo. Estos grupos han impuesto un sistema de extorsión sobre los pequeños mineros, quienes deben pagar cuotas mensuales y un porcentaje de su producción para poder operar.
Según testimonios recogidos por InSight Crime, la extorsión se ha convertido en una fuente de ingresos más rentable que el narcotráfico para estas organizaciones. Un financiero de las AGC explicó:
“Cobran la plata a fin de mes; comienzan a cobrar desde 20 hasta 27. Son siete días que comienzan a cobrar las vacunas”. La llegada de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold en 2010 supuso un cambio radical en la estructura económica y social del pueblo.
La empresa adquirió los activos de la histórica Frontino Gold Mines, quedándose con los derechos sobre casi todo el oro de la región. Esto desplazó a los mineros tradicionales y generó despidos masivos, pensiones impagas y la proliferación de minas informales operadas por antiguos empleados.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Gran Colombia, José Noguera, afirmó a InSight Crime: “La compañía entiende que la cultura de la región ha sido una cultura de ilegalidad durante muchos años”.
La tensión entre la multinacional y los pequeños mineros desembocó en la creación de la Mesa Minera, una organización liderada por Jaime Gallego para defender los intereses de los mineros artesanales. Gallego denunció la estigmatización y criminalización de su sector por parte del Estado y la empresa, señalando: “El gobierno colombiano en este momento legisla a favor de las multinacionales”, según declaraciones recogidas por InSight Crime.
La Mesa Minera organizó protestas y paros que paralizaron la actividad minera y enfrentaron a la comunidad con las fuerzas de seguridad y la empresa.
La lucha de los mineros no estuvo exenta de riesgos. Jaime Gallego, quien sobrevivió a la masacre del 11 de noviembre de 1988, un ataque paramilitar que dejó 46 muertos, recibió amenazas constantes tras fundar la Mesa Minera.
Panfletos anónimos lo declararon objetivo militar y lo acusaron de ser un sindicalista resentido. A pesar de las advertencias, Gallego continuó su labor hasta que, en marzo de 2025, fue citado a una reunión por miembros de las AGC y posteriormente asesinado. Su cuerpo, hallado con signos de tortura, se convirtió en el símbolo de una guerra sin fin en la región.
El funeral de Jaime Gallego congregó a cientos de personas en Segovia, donde la tradición de la Gigantona, una marioneta gigante bañada en sangre falsa durante el Festival del Oro, sirvió como recordatorio de las víctimas de la violencia. Gallego fue el sindicalista número 48 asesinado en la zona desde los años 70 y el líder social número 33 en Colombia en 2025.
La disputa por el control del oro en Segovia ha dejado a los mineros atrapados entre la presión de las multinacionales, la violencia de los grupos armados y la criminalización estatal. Mientras el precio de una onza de oro alcanza máximos históricos, la codicia y la violencia persisten. El oro colombiano, que financia el crimen organizado y la corrupción, termina en dispositivos electrónicos y joyas en todo el mundo.
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