El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) declaró “alerta máxima” al considerar que una reciente solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podría representar un intento de censura hacia los medios de comunicación.
La agremiación expresó su preocupación al advertir que “sobre Colombia se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de prensa” y acusó al Gobierno Petro de buscar “imponer una peligrosa censura a los medios de comunicación que no se plieguen a sus intereses políticos o económicos”.
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El pronunciamiento se produjo tras conocerse una comunicación oficial de la CRC en la que se solicita a los medios de comunicación detallar sus políticas internas, mecanismos de verificación de contenidos y los “soportes documentales” de consejos editoriales. Según la entidad, el objetivo de la medida es recopilar información sobre buenas prácticas en el sector y garantizar el pluralismo informativo.
Sin embargo, el CPB advirtió que este requerimiento, sumado a la posibilidad de “adopción de medidas administrativas” en caso de incumplimiento, constituye una intromisión directa en la autonomía editorial. “Estas pretensiones de censura, disfrazadas de discursos moralistas o de ataques selectivos contra periodistas críticos, amenazan con asfixiar el derecho ciudadano a estar informado”, señaló la organización en su comunicado, firmado por su presidente, José María Bolaño de la Hoz.
El gremio recordó que las políticas editoriales y los procesos de verificación son competencias exclusivas de los medios, y que la Constitución protege el derecho a la libertad de prensa, incluyendo la reserva de las fuentes y la independencia de los equipos periodísticos. “No se trata solo de un pulso entre el poder y los medios; se trata de la defensa del derecho inalienable a la libertad de informar y ser informado”, insistió el CPB.
La CRC, por su parte, respondió que su solicitud no tiene carácter sancionatorio y que busca fomentar la transparencia en la comunicación mediática. Aseguró que la indagación se enmarca dentro de un ejercicio de diagnóstico sobre buenas prácticas y que no implica fiscalizaciones ni el acceso a información confidencial. Tras las críticas de los gremios periodísticos, la entidad anunció que revisará el contenido del oficio y enviará una nueva versión para “precisar su alcance” y “evitar interpretaciones erróneas”.
El debate surge en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. Días atrás, el presidente Gustavo Petro se refirió a la controversia al señalar que la solicitud de la CRC se relaciona con el reciente fallo del Consejo de Estado, el cual ordenó a la misma entidad regular las alocuciones presidenciales. Según el mandatario, el propósito del alto tribunal era garantizar equilibrio informativo y no restringir la libertad de expresión.
No obstante, los gremios periodísticos han manifestado que la coincidencia entre ambos hechos incrementa las preocupaciones sobre un posible aumento del control estatal en los contenidos informativos. En particular, advierten que solicitar actas y deliberaciones internas podría tener un efecto inhibidor sobre los periodistas y afectar la independencia de las redacciones.
El CPB enfatizó que la libertad de prensa es un pilar democrático que no admite interpretaciones restrictivas y reiteró su llamado a la comunidad internacional para monitorear la situación en Colombia. La organización advirtió, además, que cualquier intento de interferir en los procesos internos de los medios vulnera derechos reconocidos por tratados internacionales y puede generar un clima de autocensura.
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