Inpec declara día de luto por atentados contra dragoneantes en Palmira, Armenia, Bello y Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró el 8 de octubre como “día de luto institucional” tras los recientes atentados que han cobrado la vida de varios miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, en hechos ocurridos en Palmira (Valle del Cauca), Armenia (Quindío), Bello (Antioquia) y Bogotá.

La medida busca rendir homenaje a los funcionarios asesinados y expresar solidaridad con sus familias ante la creciente ola de violencia contra el personal penitenciario.

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Según el comunicado oficial, la Dirección General del Inpec manifestó su respaldo a las organizaciones sindicales que se han solidarizado con las víctimas y sus allegados. “La solidaridad se constituye en el principal lazo de hermandad y reflexión frente a la actual situación”, indicó la entidad, al tiempo que reiteró su rechazo absoluto a los ataques registrados en distintas regiones del país.

El anuncio se dio después del asesinato del dragoneante Jimmy Flores Salazar, ocurrido el 7 de octubre en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. El funcionario, adscrito al establecimiento penitenciario de Villahermosa (Cali), fue atacado cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

Aunque las autoridades aún no han entregado un informe oficial, las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una acción coordinada por grupos criminales que buscan presionar al sistema penitenciario.

Este hecho se suma a otros atentados recientes registrados en Armenia, Bello y Bogotá, donde también han resultado afectados funcionarios del Inpec. En la capital, por ejemplo, cuatro guardianes de la cárcel La Modelo fueron hostigados hace menos de dos semanas, lo que ha generado preocupación por la vulnerabilidad del personal en distintas cárceles del país.

Como parte de la jornada de luto, el Inpec anunció la realización de asambleas informativas en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). En estos espacios, los funcionarios discutirán temas laborales, condiciones de seguridad y acuerdos de interés general, con el propósito de fortalecer las garantías para el cuerpo de custodia y vigilancia.

La entidad pidió que las actividades se desarrollen dentro de las sedes de trabajo, tanto en los establecimientos carcelarios como en la sede central en Bogotá, para “preservar el orden y la seguridad de los servidores penitenciarios agremiados y no agremiados”. Con ello, el Inpec busca evitar nuevos incidentes y propiciar un entorno de unión y reflexión en medio de la difícil coyuntura.

Frente a la ola de atentados, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional han reforzado las medidas de protección para el personal del Inpec. El ministro Pedro Sánchez ordenó una respuesta coordinada entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de estos ataques y desmantelar las estructuras criminales involucradas.

El Gobierno anunció además una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales de los atentados. Fuentes de inteligencia han identificado como posibles responsables a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, y a alias “Chinga Pipe”, presuntos cabecillas que operarían desde centros de reclusión en Cali y Bogotá. Ambos estarían detrás de acciones destinadas a desestabilizar el sistema penitenciario y obstaculizar traslados de presos de alta peligrosidad.

De acuerdo con información preliminar, los atentados formarían parte de una estrategia de intimidación de redes delictivas que buscan influir en el manejo de reclusos de alto perfil. En los últimos operativos, las autoridades han decomisado dinero en efectivo, drogas y teléfonos celulares utilizados para extorsiones desde el interior de las cárceles. Estos hallazgos han permitido identificar nexos entre las bandas y algunos hechos de violencia registrados en distintas ciudades.

Un representante sindical del Inpec, en declaraciones a Caracol Radio, expresó la preocupación del cuerpo de custodia y vigilancia ante la inseguridad que enfrentan sus miembros.

“Como cuerpo de custodia y vigilancia estamos en una encrucijada lamentable para cualquier sociedad y es que un trabajador que desempeña una actividad esencial para el estado que se encarga de controlar la ejecución de las penas, todo tipo de control que haga en ese sentido, pues las bandas delincuenciales con el poder que tienen hoy están mostrando que se paga con la vida”, señaló.

En su comunicado, el Inpec subrayó que el día de luto no solo busca rendir homenaje a los caídos, sino también fortalecer la unión del cuerpo penitenciario frente a la adversidad. La institución invitó a los servidores públicos y a la ciudadanía a reconocer la labor de los guardianes que día a día enfrentan condiciones de riesgo en el cumplimiento de su deber.

“La solidaridad es el eje de esta jornada, símbolo de unidad, respeto y reflexión frente a los hechos de violencia que han afectado al personal penitenciario”, reiteró la Dirección General.

Con esta declaración, el Inpec pretende visibilizar la situación de riesgo de sus funcionarios, impulsar medidas concretas de protección y reafirmar su compromiso con la seguridad y la dignidad de quienes custodian las cárceles del país. Mientras avanzan las investigaciones, el país entero se une al duelo por los dragoneantes asesinados, víctimas de una escalada criminal que pone a prueba la integridad del sistema penitenciario colombiano.