ExFarc comparecieron ante la JEP por ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas y otros crímenes en varias regiones del país

Ocho comparecientes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc participaron en audiencias ante la JEP con el propósito de aportar verdad sobre hechos cometidos durante el conflicto armado interno.

A las diligencias asistieron otros siete firmantes de paz que no habían sido citados, pero que decidieron acudir de manera voluntaria para contribuir a la reconstrucción de los hechos investigados en el Caso 10, centrado en los crímenes más graves y representativos atribuidos a esa antigua organización guerrillera.

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Las audiencias se desarrollaron entre el 4 y el 6 de agosto en Medellín (Antioquia) y entre el 2 y el 5 de septiembre en Bucaramanga (Santander). Durante siete días, los comparecientes relataron su participación en diversos delitos cometidos en varias regiones donde operó el Bloque Magdalena Medio. En total, 68 víctimas participaron de manera virtual en las diligencias y algunas formularon preguntas a través de sus representantes judiciales.

“Lo que hemos vivido estos días refleja el sentido más profundo de la justicia restaurativa”, expresó la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, correlatora del Caso 10 y presidenta de las audiencias. Agregó que el proceso representa “un espacio que, a pesar de la dureza de los relatos, mantiene viva la voluntad de aportar a la verdad y de construir paz”.

Los exintegrantes del Bloque Magdalena Medio respondieron preguntas sobre 70 hechos victimizantes ocurridos en su zona de influencia y entregaron detalles sobre la estructura operativa de los frentes 4, 11, 12, 20, 23, 24, 33 y 46, así como de las columnas móviles Arturo Ruiz, Ruiz - Barí y Resistencia Barí, y de las compañías Gerardo Guevara y Raúl Eduardo Mahecha.

Entre los hechos abordados se destacó la toma guerrillera de San Calixto, Norte de Santander, el 18 de marzo de 2011, cuando la guerrilla atacó la estación de Policía con cilindros bomba que impactaron viviendas, provocando la muerte de tres civiles, entre ellos una menor de edad. También se trató la toma del municipio de Florián, Santander, el 16 de enero de 1994, donde dos policías murieron y cinco más resultaron heridos. En el ataque resultaron afectadas la escuela municipal, la iglesia, la casa cural y la sede de la Caja Agraria.

Los comparecientes reconocieron la responsabilidad del antiguo grupo armado en los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas, que provocaron graves daños materiales y ambientales. En uno de ellos, ocurrido en 2005, cerca de 100.000 personas quedaron sin energía eléctrica; en otro, en 2006, dos operarios de Ecopetrol y dos militares perdieron la vida. Además, en 2015, un derrame de petróleo afectó a unas 50 familias. Según los excombatientes, estas acciones se ejecutaban siguiendo órdenes de afectar la infraestructura económica del Estado y de confrontar a la fuerza pública.

Durante las audiencias, los comparecientes también aportaron información sobre la masacre de campesinos recolectores de hoja de coca en La Gabarra, municipio de Tibú (Norte de Santander), ocurrida el 15 de junio de 2004, en la que fueron asesinadas cerca de 34 personas y cinco más resultaron heridas.

Entre los hechos tratados se incluyó el atentado contra la emisora Caracol Radio, ocurrido en Bogotá el 12 de agosto de 2010. El ataque se perpetró con un carro bomba que dejó al menos nueve personas heridas y causó daños en viviendas, comercios y al sistema de acueducto.

Los comparecientes también reconocieron su responsabilidad en el asesinato del sacerdote José Antonio Beltrán Monsalve, ocurrido el 2 de octubre de 1991 en Landázuri, Santander. Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, afirmó que se trató de “un crimen atroz” y agregó que “las implicaciones no fueron solo para una familia, sino para toda una comunidad”.

Además, relataron hechos de desplazamiento forzado como el ocurrido en octubre de 2013 en el corregimiento de Puerto Claver, municipio de El Bagre (Antioquia). Tras la difusión de un panfleto y la imposición de un paro armado, unas 170 familias campesinas abandonaron la zona. “Esto no debió haber pasado, pero por el mismo conflicto nos dejamos desorientar (...) He tenido la oportunidad de hablar con la gente y me he enterado de cómo afectamos la comunidad”, reconoció Pedro Trujillo Hernández, exmiembro del Bloque Magdalena Medio.

Durante su intervención, Rodrigo Londoño expresó que el contacto con las víctimas le permitió reafirmar el compromiso con la paz: “¿Sabe que me ha reafirmado que no nos equivocamos en el camino? (...) El camino no es a través de las armas”.

De acuerdo con la JEP, en los próximos meses las víctimas podrán presentar observaciones a lo dicho por los comparecientes. La Sala de Reconocimiento de Verdad contrastará esas versiones con los informes de organizaciones de la sociedad civil, los procesos de la justicia ordinaria y otros elementos de prueba.

El objetivo es determinar quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes más graves atribuidos al Bloque Magdalena Medio y establecer la magnitud del daño causado a las comunidades y territorios afectados.