La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó al Gobierno Nacional por los retrasos en la entrega de tierras prometidas a campesinos y víctimas del conflicto en el departamento.
El pronunciamiento de la gobernadora del Valle se dio luego de las recientes protestas registradas en el sector de Mediacanoa, en la vía que conecta Buga con Buenaventura, donde manifestantes exigieron el cumplimiento de acuerdos firmados con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Toro utilizó sus redes sociales para advertir sobre el descontento creciente en las zonas rurales del Valle. “Es necesario que los reclamos y las necesidades de los campesinos y las víctimas del Valle del Cauca sean escuchadas por el Gobierno: no es posible que las tierras que han solicitado durante años para trabajar y producir sigan sin serles asignadas”, expresó la mandataria.
Los bloqueos, según las autoridades locales, se originaron por la falta de avances en la entrega de predios destinados a la producción agrícola. Los manifestantes aseguran que, a pesar de los compromisos asumidos por la ANT, los procesos de adjudicación no han tenido resultados concretos.
En su mensaje, la gobernadora también dirigió un llamado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes incautados al narcotráfico, para que libere terrenos improductivos y puedan ser asignados a comunidades rurales. “Desde la Gobernación del Valle ya estamos listos para apoyarlos con proyectos que generen desarrollo y transformación en nuestro departamento. Las tierras del Valle deben ser para nuestros campesinos y nuestras víctimas”, afirmó Toro.
La mandataria ha insistido en que el Gobierno debe fortalecer la política de acceso a la tierra como parte de su compromiso con la justicia social. “Ese incumplimiento y la falta de respuestas son los que hoy generan descontento y protestas, primero en Zarzal y ahora en Mediacanoa”, subrayó.
El reclamo se suma a las múltiples solicitudes de líderes rurales que esperan la adjudicación de predios desde hace más de una década. En la región, varias familias que fueron beneficiadas en procesos de restitución o reincorporación aún enfrentan obstáculos legales y administrativos para consolidar proyectos productivos.
Un caso representativo es el de las tierras entregadas en 2006 a familias de reincorporados, desplazados y campesinos en los municipios de San Pedro, Guadalajara y Buga. Aunque en su momento la adjudicación fue recibida con optimismo, con el tiempo se convirtió en motivo de conflicto por la falta de control estatal y la intervención de terceros.
“Eso fue una alegría muy grande. Entonces yo era ama de casa, vivía con mi esposo y mis dos hijos. Hoy mi familia se compone de mucha tristeza, llanto y necesidad”, relató a Semana Concepción Segura, una de las beneficiarias. Según su testimonio, su esposo, un reincorporado del Bloque Calima de las AUC, murió en medio de un tiroteo un año después de recibir las tierras, lo que agravó su situación económica y familiar.
Concepción y otros adjudicatarios han elevado reclamaciones ante la Agencia Nacional de Tierras para recuperar la posesión de los terrenos que, según dicen, quedaron bajo la administración de una empresa privada comunitaria. En sus solicitudes, piden la intervención directa del presidente Gustavo Petro para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Otro caso es el de Octavio Ferias, un campesino que desde hace nueve meses acampa frente a la sede de la ANT en Bogotá para exigir una respuesta. En diálogo con Semana, explicó que los predios denominados Sandrana y Samaria, antiguos bienes del narcotraficante José Santacruz Londoño, fueron asignados a 35 familias con la expectativa de desarrollar proyectos productivos. Sin embargo, afirmó que los terrenos no han sido entregados en condiciones adecuadas ni cuentan con apoyo técnico ni financiero.
La situación ha sido calificada por la ANT como un “caso escandaloso”, por la falta de claridad en la administración de los predios y la demora en la ejecución de los programas de acompañamiento.
Mientras las comunidades campesinas y víctimas del conflicto esperan soluciones, la Gobernación del Valle del Cauca insiste en que la entrega efectiva de tierras es clave para reducir la conflictividad social en el departamento. Toro reiteró que su administración está dispuesta a coordinar acciones con el Gobierno Nacional, pero insistió en que los compromisos deben cumplirse sin más dilaciones.
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