Chats comprometedores vinculan a Martha Peralta y Olmedo López con la aprobación de la reforma pensional

La polémica que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) alcanzó nuevos niveles tras la revelación de chats entre la senadora Martha Peralta y el exdirector de la entidad, Olmedo López, en el contexto de la discusión de la reforma pensional en Colombia. Según reportes de CAMBIO y EL COLOMBIANO, el intercambio de mensajes expuso supuestas gestiones de la congresista sobre contratos, obras y asignaciones durante un periodo clave del trámite legislativo.

De acuerdo con CAMBIO, las comunicaciones entre Peralta y López ocurrieron desde septiembre de 2023 y continuaron durante la aprobación de la reforma pensional en junio de 2023. En los chats, la senadora expresó inquietudes sobre el avance de proyectos en La Guajira y solicitó detalles de obras y contratos en varias localidades de su interés político. En uno de los mensajes destacados, enviado el 20 de octubre de 2023, Peralta señaló: “Hola, Doc. Te llamaba llamando porque estoy preocupada por Riohacha, nada ha avanzado”, mensaje que según CAMBIO evidencia una intervención directa sobre el manejo de proyectos, aunque podría interpretarse como gestión rutinaria parlamentaria.

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El colombiano obtuvo registros donde Peralta envió cuadros de proyectos y listas de contratistas a López, incluso cuando la UNGRD no tenía competencia en materia pensional, lo que genera dudas sobre los motivos detrás de esas gestiones en pleno proceso de discusión legislativa.

El escándalo por los carrotanques en La Guajira marcó otro episodio en el intercambio entre los protagonistas. El 19 de febrero de 2024, con el escándalo en curso, la senadora escribió: “Te estuve llamando porque me toca pasarte un derecho de petición sobre los carrotanques y demás actividades que se están desarrollando en La Guajira. Antes que la oposición lo haga”.

López respondió afirmativamente, aceptando la gestión de Peralta, quien agregó: “Nos tienen acorralados con eso pero no debemos dejar que ellos sean los que presionen sino mostrar nosotros antes la información”. Estas frases, documentadas por la Fiscalía General de la Nación, sugieren coordinación política para enfrentar a la oposición e intentar controlar la narrativa mediática del caso.

En ese contexto, Peralta responsabilizó a la Empresa departamental de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de La Guajira S.A. (Esepgua), dirigida por Andreina García—cercana al senador Alfredo Deluque (Partido Conservador)—por supuestas filtraciones.

Además de los mensajes, CAMBIO reveló la transcripción oficial de la declaración de Olmedo López ante la Fiscalía, fechada el 18 de julio de 2024. López aseguró que Peralta le trasladó desde septiembre de 2023 peticiones para priorizar municipios clave en los que consolidaba su apoyo político. En esos encuentros, la congresista solicitó la contratación de maquinaria amarilla, obras de jagüeyes y proyectos de soluciones de agua. El exdirector afirmó: “Esa relación terminada la reunión con la senadora me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña, en el proceso en el territorio”.

López detalló cómo, tras otra reunión en octubre de 2023, canalizó las peticiones de la senadora a través del subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien fue el primer alto funcionario de la entidad en aceptar su responsabilidad penal y recibir condena. De acuerdo con la declaración del exdirector, el 25 de octubre de 2023 se generó una orden de proveeduría por aproximadamente 2.125 millones de pesos, con el fin de contratar maquinaria amarilla para uno de los corregimientos de interés de Peralta.

El ingreso de personas de confianza de la senadora, como Jorge Cala y Luis Cala, a contratos para el mantenimiento de jagüeyes en el corregimiento de Monguí—territorio de origen de la familia de Peralta—también fue corroborado por López ante la Fiscalía. La validación de estos acuerdos se dio a través de la coordinación interna de la entidad, según los testimonios recabados.

En el tramo final de la relación profesional, López admitió haber comenzado a apartarse de las gestiones influidas por la senadora, motivado por su aspiración política personal en La Guajira. Explicó a la Fiscalía que tras las elecciones de octubre de 2023 su interés se enfocó en impulsar su propio perfil, mientras trasmitía la responsabilidad de los compromisos anteriores a otros funcionarios de la entidad.

En lo que respecta al contrato de Cotoprix, obra priorizada por Peralta, López mencionó que la orientación fue clara: ayudar a la senadora con sus proyectos y resolver las necesidades de territorio que ella indicaba.

El proceso por corrupción en la UNGRD continúa en desarrollo. Según la Fiscalía, el exdirector López firmó un principio de oportunidad que lo obliga a colaborar activamente aportando información sobre funcionarios, congresistas y terceros involucrados en las irregularidades de contratación y gestión. CAMBIO confirmó que la acción penal en su contra se suspendió temporalmente, mientras avanza la cooperación judicial.

El exsubdirector Pinilla amplió la dimensión del escándalo al señalar a otros congresistas, como Iván Name y Andrés Calle, además de identificar una lista adicional de al menos 15 legisladores que habrían recibido pagos irregulares.

El caso UNGRD se mantiene en el centro del debate público nacional, mientras se conocen nuevas evidencias de acuerdos informales, asignaciones de contratos y estrategias políticas asociadas a la aprobación de la reforma pensional—uno de los proyectos insignia del Gobierno—, ahora bajo la sombra de múltiples investigaciones judiciales y solicitudes de explicaciones públicas por parte de los protagonistas involucrados.