El debate sobre la representación de género en el gobierno colombiano se intensificó tras la suspensión del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, por parte del Tribunal de Cundinamarca, debido al incumplimiento de la ley de cuotas que busca garantizar una mayor presencia de mujeres en cargos de alto nivel.
Este episodio cobró especial relevancia cuando Florián respondió a la suspensión afirmando que, aunque en su cédula figura el sexo masculino, él es “de marica”, en una aparente alusión a su identidad sexual. Esta declaración desató reacciones inmediatas tanto en la opinión pública como en sectores del activismo por la diversidad sexual y de género.
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Una de las voces más críticas fue la de Brigitte Baptiste, bióloga, rectora de la Universidad EAN y reconocida activista LGBTIQ+ en Colombia. En entrevista con La FM, Baptiste manifestó su preocupación por lo que calificó como un “uso oportunista” de la identidad de género por parte del ministro Florián, advirtiendo sobre los riesgos de emplear recursos legales pensados para proteger a la comunidad trans con fines políticos o administrativos.
“Uno tiene que solicitar la corrección del certificado de nacimiento para que se entienda legalmente que no se trata de un capricho o pasatiempo lingüístico”, señaló Baptiste en la emisora. Esta declaración hizo eco en redes sociales y medios de comunicación, quienes recogieron su postura sobre la importancia de respetar los procedimientos formales en materia de derechos de género e identidad.
Según la activista, los avances logrados por la comunidad LGBTIQ+ deben resguardarse mediante el cumplimiento estricto de los procesos legales, ya que el reconocimiento de la identidad de género en Colombia implica trámites específicos ante entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Baptiste remarcó que “se ha hecho un mal uso de esos recursos que a la comunidad LGBTI nos ha costado tanto conquistar”. En su opinión, la situación vivida con Florián representa una instrumentalización de derechos obtenidos tras años de lucha social y judicial. Destacó que la normativa sobre identidad de género en Colombia surgió para combatir la discriminación y el acoso contra personas trans y no para facilitar salidas administrativas ante requerimientos legales de paridad.
Durante su intervención en La FM, la rectora planteó preguntas sobre la forma de dirigirse a funcionarios cuya identidad de género no coincide con las categorías tradicionales, evidenciando los retos lingüísticos y sociales que persisten en el ámbito público. “¿Le ministre? El ministre... no sé cómo decir, ministra o ministro”, dijo en tono reflexivo, remarcando la complejidad del debate.
En la misma entrevista, Baptiste aclaró que su crítica no está dirigida contra la identidad de género de Florián, sino hacia el modo en que se gestionan los procesos institucionales y la utilización del reconocimiento de género para responder a exigencias legales. Sostuvo que no conoce personalmente a Florián y que no puede pronunciarse sobre sus capacidades para el cargo, pero sí consideró necesario pronunciarse frente a la utilización de caminos simplistas en la gestión de los derechos.
La comparación con otros casos similares fue inevitable. Baptiste mencionó a la viceministra Charlotte Schneider, una mujer trans de origen cubano que ocupa un cargo en el Ministerio de la Mujer. Baptiste afirmó haber defendido a Schneider públicamente debido a su conocimiento previo de su trayectoria, dedicación y las dificultades que enfrentó luchando por el reconocimiento en un contexto tan restrictivo como el cubano. Para la académica, la diferencia reside en la transparencia y el respeto por los procedimientos formales.
“La presencia de personas trans, no binarias o de género fluido en cargos de poder representa un avance. Lo criticable es asumir el camino fácil, el camino corto, el camino escandaloso”, comentó. Insistió en que una sociedad que ha invertido años en la construcción de marcos jurídicos y sociales para la defensa de la diversidad no puede permitir que estos logros sean trivializados en procesos políticos coyunturales.
“El problema del autorreconocimiento de género en la norma colombiana evolucionó para prevenir la discriminación y el acoso a las personas trans, nunca para dar paso al cinismo con que la actual administración lo plantea para garantizar un requisito de paridad diseñado para compensar siglos de discriminación contra las mujeres”, remarcó.
Para Baptiste, la suspensión del nombramiento de Florián como ministra constituye un “reclamo de respeto para una sociedad que ha luchado arduamente por unos derechos que ahora se quieren utilizar a la ligera”. Así, la controversia sigue abierta sobre cómo deben aplicarse los derechos de identidad de género en cargos políticos, y cuán urgente es el fortalecimiento de los protocolos institucionales para evitar vacíos o malas interpretaciones.
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