El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, enfrenta una denuncia penal interpuesta por la Asociación Misionera San José, organización fundada por el fallecido monseñor Alfonso Vásquez Benjumea.
El conflicto central gira en torno a la supuesta retención de 1.000 millones de pesos en títulos valores, activos de la asociación, tal y como explicó el portal Casa Macondo.
La querella registrada ante la Fiscalía el 21 de septiembre acusa al jerarca religioso de los delitos de constreñimiento ilegal y aprovechamiento de error ajeno.
La denuncia sostiene que la Arquidiócesis de Medellín ha impuesto condiciones “innecesarias e ilegales” para la devolución de estos recursos, a pesar de carecer de autoridad directa sobre la entidad.
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Según el abogado y representante legal de la asociación, Brayan Ceferino Castrillón, el dinero fue entregado a Tobón pocas semanas antes del fallecimiento de Vásquez, “en custodia”, pero no ha sido devuelto pese a reiteradas solicitudes formales.
“La Arquidiócesis no representa ni tiene vínculo con la Asociación Misionera San José ni su objeto social”, reza en la denuncia.
Una disputa interna: de la fundación al cierre del seminario
La disputa tiene raíces profundas en la historia interna de la Iglesia antioqueña. Alfonso Vásquez Benjumea, figura central en la Arquidiócesis durante décadas, fundó la Asociación Misionera San José en 1997 para promover la dignidad humana mediante iniciativas pastorales y educativas.
Durante más de veinte años, la entidad gestionó el Seminario San José, que formó a sacerdotes y religiosos y llegó a contar con activos valorados en aproximadamente 20.000 millones de pesos.
En 2001, la asociación recibió por parte del arzobispo Alberto Giraldo una licencia “ad experimentum” para operar el seminario, que se ubicó en el barrio Córdoba, al noroccidente de Medellín.
Vásquez canalizó donaciones y ventas de propiedad, así como aportes de benefactores, para financiar la infraestructura, que posteriormente despertó el interés de entidades como el Hospital Pablo Tobón Uribe.
Bajo su dirección, el seminario ordenó a 21 sacerdotes y concentró su actividad en parroquias de regiones apartadas como el Cauca y La Guajira.
Conflictos personales y reformas estatutarias, los condimentos de la disputa legal
La tensa relación entre Tobón y Vásquez comenzó mucho antes de la disputa por el patrimonio, precisó en su artículo (Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, denunciado penalmente por dos delitos) el periodista Juan Pablo Barrientos.
Los choques, según testimonios de allegados y exsacerdotes vinculados al seminario, se remontan a la etapa en la que ambos trabajaron en la Nunciatura Apostólica.
“Ayúdeme a proteger el patrimonio porque yo no quiero que Ricardo Tobón ponga sus manos sobre él”, le habría pedido Vásquez al exsacerdote Robert Velázquez, quien asesoró la reforma de los estatutos en 2023, destaca el artículo del portal informativo.
Ante el temor de que la Arquidiócesis intentara tomar control sobre los bienes de la asociación, Vásquez impulsó una reestructuración que transformó a la organización en una entidad civil, con un gobierno colegiado independiente del arzobispado.
Esta decisión profundizó la desconfianza y derivó en presiones evidentes por parte de la jerarquía eclesial, según testigos de los consejos de gobierno consultados por el mismo medio.
El cierre del seminario y la escalada del conflicto por cuenta de una millonada
El punto crítico surgió en una reunión celebrada en noviembre de 2022 en el municipio de La Ceja, Antioquia, cuando Ricardo Tobón propuso reestructurar la asociación excluyendo a los laicos y concentrando el control en los presbíteros.
Vásquez se opuso de manera abierta, defendiendo el modelo laico que daba sustento a la entidad.
Tras abandonar la reunión, Vásquez habría mencionado que el arzobispo buscaba controlar el patrimonio mediante cambios internos en la gobernanza.
En agosto de 2023, Tobón ordenó el cierre definitivo del seminario, una medida que, según allegados, respondió más a la pérdida de control patrimonial que a razones de gestión académica. Vásquez falleció en diciembre de ese año, impactado emocionalmente por la clausura y las presiones derivadas del litigio.
Las exigencias de la Arquidiócesis de Medellín para devolver los recursos
Tras la muerte de Vásquez, la secretaria de la asociación, Noralba Cardona, entregó los títulos valores al despacho del arzobispo.
Desde entonces la Arquidiócesis reconoce la tenencia de los activos pero condiciona su devolución a una serie de exigencias: la presencia del director general, registro notarial, firma de actas y coordinación directa con autoridades religiosas.
Dichas condiciones, según Castrillón, constituyen una apropiación indebida y un ejercicio de presión inadmisible.
Además y en la denuncia formal presentada ante la Fiscalía, se argumenta que la retención corresponde a “pretensiones patrimoniales impropias” y podría acarrear penas de hasta treinta y seis meses de prisión.
Por su parte, la Arquidiócesis de Medellín justifica la devolución condicionada como una medida para garantizar la “transparencia y adecuada conservación del patrimonio de la entidad titular”, tal como lo plantea el delegado jurídico Libardo Andrés Ruá Giraldo en una carta fechada el 16 de septiembre de 2025.
Acusaciones y cuestionamientos acumulados del arzobispo Ricardo Tobón Restrepo
El proceso legal no es el único frente abierto para Ricardo Tobón Restrepo.
Desde 2018, el prelado ha sido señalado por organizaciones sociales y víctimas de encubrir a al menos 70 sacerdotes acusados de violencia sexual infantil y abusos contra personas incapaces de resistir, reseña el artículo periodístico.
Adicional a lo anterior, la investigación #ElArchivoSecreto expuso arreglos extrajudiciales millonarios para silenciar denuncias y proteger a religiosos implicados.
Aunque la Arquidiócesis afirma que no existe ninguna denuncia formal contra Vásquez Benjumea, existen testimonios que lo acusan de abuso, destacó Barrientos en el artículo.
El futuro del patrimonio y la misión de la Asociación Misionera San José
Por el momento la Asociación Misionera San José se encuentra bajo supervisión de la Gobernación de Antioquia.
Los actuales directivos han anunciado su propósito de destinar el patrimonio a becas y hospedaje para estudiantes de origen humilde en las instalaciones del antiguo seminario. “Abrir horizontes donde Tobón cerró puertas” es el objetivo declarado de la asamblea, que agrupa a más de cincuenta integrantes entre sacerdotes y laicos.
A pesar de las reiteradas solicitudes, Ricardo Tobón no ofreció declaraciones a Casa Macondo sobre el curso del litigio y las motivaciones detrás de sus exigencias.
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