La controversia por el destino de nueve billones de pesos en cotizaciones de trabajadores de alto riesgo ha reavivado el debate sobre el sistema pensional colombiano, enfrentando a Colpensiones y Asofondos en una disputa que involucra tanto la legalidad de los traslados como el impacto fiscal para el Estado.
En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), sostuvo que “los nueve billones de pesos que quiere el Gobierno son de los trabajadores”, en respuesta a la solicitud formal de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, que exige el traslado de estos recursos al régimen público.
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La raíz del conflicto se encuentra en la interpretación de la Ley 100 de 1993, que, según Dussán, establece que empleados como bomberos, mineros y guardianes de prisiones no pueden cotizar en fondos privados debido a su régimen especial, el cual les permite acceder a una pensión anticipada bajo condiciones subsidiadas.
“Los fondos privados se quedaron con la gente de alto riesgo. Eso fue una equivocación, una alcahuetería de los gobiernos anteriores. Esta población debe estar en Colpensiones”, afirmó Dussán durante un foro sobre reformas sociales.
El presidente de Colpensiones argumentó que la transferencia de estos recursos aliviaría la presión sobre el Presupuesto General de la Nación y fortalecería el Pilar Solidario, mecanismo que financia subsidios para cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión.
“Estos recursos deben pasar al Régimen de Prima Media (RPM) porque así lo establece la Ley 100 de 1993”, insistió Dussán al mismo medio.
Desde la perspectiva de Asofondos, la situación es más compleja. Velasco explicó que “son los mismos trabajadores quienes deciden en qué régimen cotizar”, y recordó que en 2003, mediante el Decreto Ley 2090, se otorgó un plazo de tres meses para que quienes ejercían actividades de alto riesgo se trasladaran a Colpensiones.
“Muchos optaron por permanecer en los fondos privados, y el Ministerio de Trabajo en 2004 determinó que, si no hacían el traslado dentro del plazo, los aportes adicionales se consignarían en el fondo en el que estaban afiliados”, detalló el presidente de Asofondos.
El régimen especial de alto riesgo implica que el empleador debe cotizar un 10% adicional a pensiones, lo que eleva el aporte mensual al 26% del salario, frente al 16% habitual. Sin embargo, Velasco advirtió que “en estos casos en los que las pensiones son netamente subsidiadas no es posible producir una rentabilidad que le permita a una persona en un fondo de ahorro individual pensionarse a los 55 años con 700 semanas cotizadas”, según sus declaraciones.
El costo fiscal de los traslados entre regímenes también fue subrayado por el presidente de Asofondos, que afirmó que “los traslados de los trabajadores de un régimen pensional a otro le cuestan al Gobierno cerca de $7 billones al año presupuestalmente”.
Añadió que “este año, no vimos la plata. El presidente (Gustavo Petro) insiste en que sí estaba, pero en el Presupuesto General de la Nación, en las entidades donde tenían que colocarse estos recursos no vimos los suficientes”, según lo expresado a Caracol Radio.
La reforma pensional, según Velasco, solo cubriría $1 billón de esos $7 billones, correspondiente al pago de aportes solidarios de trabajadores con mayores ingresos, mientras que “los otros $6 billones deberán asignarse vía presupuesto”. “La realidad del pilar solidario es que depende del Presupuesto General de la Nación”, enfatizó el presidente de Asofondos en la misma entrevista.
En cuanto al futuro de los trabajadores de alto riesgo, Asofondos propuso que quienes no alcancen los requisitos para pensionarse puedan permanecer en un fondo privado, donde la devolución de saldos podría ser mayor que en Colpensiones debido a la inclusión de rendimientos.
No obstante, el gremio advirtió que aún no es posible determinar si deberán trasladar la totalidad de los $9 billones solicitados, ya que el monto dependerá del número de afiliados que efectivamente hagan el traslado.
El debate continuará en las mesas técnicas acordadas entre el Gobierno y las AFP, donde se buscará identificar a los trabajadores que cumplen los criterios del régimen especial o están cerca de cumplirlos. Mientras tanto, la decisión final sobre el destino de estos recursos sigue en manos de los afiliados, como subrayó Velasco: “La decisión final está en manos de los afiliados”.
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