Desde las primeras horas del miércoles 1 de octubre de 2025, el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, enfrenta combates activos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.
De acuerdo con información de las autoridades, los enfrentamientos, que se concentran principalmente en las zonas rurales de Pueblo Nuevo, Parcelación El Guanábano y Alto Miraflores, provocaron una situación de crisis humanitaria al confinar a decenas de familias y paralizar toda actividad comercial.
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La presencia de la Brigada 29 del Ejército responde a la decisión de frenar disputas armadas entre facciones ilegales. La intervención militar ocurrió tras los incidentes registrados el martes 30 de septiembre, cuando se documentaron combates entre miembros del grupo Dagoberto Ramos y el frente 57 Yair Bermúdez.
Las comunidades indígenas y campesinas de la región informaron que los enfrentamientos se extendieron por varias horas, muchas veces dentro de zonas residenciales. Frente a la violencia, numerosas familias se vieron forzadas a resguardarse en sus casas, atrapadas ante el fuego cruzado y en condiciones de alto riesgo.
El confinamiento se hizo total en sectores como Miraflores, donde alrededor de 70 familias —aproximadamente 350 comuneros— permanecieron aisladas a lo largo de la jornada, al igual que en El Guanábano, donde la parálisis alcanzó a 54 familias indígenas.
Los bloqueos al tránsito rural y el cierre de mercados, que suelen abastecer tanto a zonas urbanas como a veredas adyacentes, agravaron los efectos inmediatos de la confrontación y limitaron el acceso a bienes de primera necesidad. La población civil quedó expuesta en el fuego cruzado mientras persistía la presencia de grupos armados.
Operaciones del Ejército y denuncias de la comunidad
Durante las operaciones, el Ejército Nacional reportó la incautación de abundante material explosivo, presuntamente destinado a ataques contra la fuerza pública en otros municipios del norte del Cauca.
En paralelo, la institución señaló haber rescatado a un menor de edad retenido por el grupo armado y detuvo a Cristian Daniel Casamachín Yatacue, comunero indígena de la zona, a través del Batallón de Alta Montaña Nº 12.
La comunidad indígena exigió el respeto al debido proceso y la aclaración de las circunstancias que rodearon la detención, pues se teme por la integridad de los líderes indígenas involucrados en mediaciones humanitarias.
El comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte Sepúlveda, informó que la ofensiva militar busca restablecer el control territorial ante “las confrontaciones entre los grupos terroristas”.
Añadió en declaraciones públicas: “En el desarrollo de las operaciones se ha incautado material de guerra y se ha recuperado un menor de edad. Los sujetos, al parecer integrantes del grupo Dagoberto Ramos Ortiz, intentan huir ante la contundencia de las tropas. Continuaremos en la ofensiva”.
Las comunidades Nasa insistieron en que tanto los grupos armados ilegales como la fuerza pública intentaron ingresar a viviendas de los habitantes y exigieron evitar que sus hogares se usen como refugio.
Varios sobrevuelos de aeronaves realizaron disparos sobre distintas zonas rurales, alimentando el temor y la tensión psicológica. Información preliminar de defensores comunitarios señalaron que varios integrantes de grupos irregulares resultaron heridos por detonaciones asociadas a drones y otros elementos de inteligencia militar.
Un vehículo atribuido a agrupaciones armadas fue incendiado en la Parcelación El Guanábano, área donde también opera una escuela para menores indígenas. El riesgo latente afectó a los estudiantes, lo que generó reclamos públicos para que se ofrezcan garantías mínimas a los sectores educativos y de infancia.
En repetidas ocasiones, representantes indígenas responsabilizaron a todos los actores armados por la situación y solicitaron investigaciones imparciales que permitan determinar responsabilidades individuales, así como la plena protección de los derechos humanos en la zona.
Las autoridades indígenas y organizaciones humanitarias llamaron a que se respeten el Derecho Internacional Humanitario y la vida de la población civil.
El pueblo Nasa reclamó acciones y presencia inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA), con el fin de fortalecer sistemas de alerta, documentar los hechos y establecer planes de protección diferencial para las comunidades indígenas.
Mediante comunicado, la comunidad reiteró su rechazo a toda forma de violencia armada y reafirmó su compromiso con la defensa de la vida y la autonomía territorial.
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