La solicitud pública de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia de que se haga público el contenido de los chats del senador y también aspirante al primer cargo de la nación Iván Cepeda, como parte de una serie de investigaciones relacionadas con presuntos actos irregulares en el caso que involucra al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, causó en la jornada del 30 de septiembre de 2025 una fuerte polémica.
La petición de la congresista del Centro Democrático se basa en las versiones que sugieren sobre conversaciones comprometedoras entre Cepeda y diversas personas vinculadas a este proceso judicial, entre ellas el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve; lo que, según la senadora, podría aclarar el alcance de las actuaciones de este político, declarado como víctima de Uribe Vélez, y la naturaleza de sus contactos.
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“Senador Iván Cepeda, el que nada debe nada teme. Revele sus borrados chats con Monsalve y despeje, de una vez por todas, las sospechas que sobre usted y el proceso penden. Basta una simple petición a WhatsApp LLC y Google Inc“, publicó la aspirante presidencial en su perfil de X, que previamente interpuso un recurso ante la Corte Suprema para que este ente judicial también eleve esta solicitud a las compañías americanas.
Valencia expresó que la transparencia resulta fundamental para mantener la confianza pública en las instituciones, pues considera que el acceso al contenido de los mensajes permitiría aclarar si hubo o no comportamientos indebidos por parte de Cepeda. Y agregó que, dadas las consecuencias políticas y judiciales involucradas, es pertinente que la ciudadanía tenga acceso a esa información para disipar cualquier duda.
En ese sentido, fue enfática en decir que la solicitud no busca vulnerar la privacidad de Cepeda más allá de lo necesario para el esclarecimiento del caso, sino reforzar la legitimidad y transparencia del proceso. Y destacó que cualquier decisión sobre la publicación de los mensajes debe enmarcarse en los procedimientos judiciales y las normas de protección de datos, con un correcto funcionamiento del sistema judicial.
La petición también está soportada en las declaraciones de Cepeda durante una audiencia en septiembre de 2020. En ese entonces, el congresista afirmó ante las autoridades judiciales que su teléfono móvil sufrió un duro golpe y el daño en el dispositivo provocó la pérdida de los chats y demás archivos, lo que imposibilitó su entrega como parte del proceso de investigación vinculado al caso de presunta manipulación de testigos.
La dura respuesta de María José Pizarro, en defensa de Iván Cepeda
Frente a esta nueva petición, la senadora y exprecandidata presidencial, que se retiró de la consulta del Pacto Histórico para apoyar la aspiración de su colega, salió en respaldo de Cepeda. Y le recordó a Valencia que las sospechas sobre sus actuaciones frente a presuntas manipulaciones de testigos recaen en Uribe y no en el congresista, al punto de recordar las condenas contra el expresidente y su abogado, Diego Cadena.
“Senadora, NO hay sospechas sobre Iván Cepeda ni sobre el proceso. Lo que SI hay son dos condenas, una contra Álvaro Uribe Vélez y otra contra Diego Cadena”, publicó la parlamentaria, hija del asesinado excandidato presidencial y ex jefe del movimiento M-19 Carlos Pizarro Leongómez, que tras retirarse de la contienda interna será la cabeza de lista del Senado para la próxima legislatura.
Es válido destacar que, inicialmente, el expresidente acusó a Iván Cepeda de supuestamente buscar testimonios en las cárceles para incriminarlo en delitos relacionados con la creación de grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra el senadory, en cambio, abrió una investigación formal contra Uribe bajo cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El caso, que pasó a dominio de la justicia ordinaria luego de que el expresidente renunció a su curul en el Congreso, en 2020, ha atraído la atención nacional y se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más relevantes del país. Y todo porque involucra a un ex jefe de Estado, que ya fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión preventiva, al ser hallado culpable de los mencionados punibles.
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