Denuncian abuso sexual y físico contra un perro husky: animalistas hicieron plantón para pedir justicia

En el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, se desató una fuerte indignación luego de que un perro de raza husky siberiano,de nombre Shaggy, fuera víctima de violencia sexual y física en el barrio Ciudadela Bella Vista.

Los hechos ocurrieron el viernes 26 de septiembre de 2025, aunque solo ahora se están viralizando en las redes sociales, a la vez que despierta un fuerte rechazo por parte de colectivos animalistas y de la ciudadanía.

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Los hechos delictivos también fueron denunciados ante las autoridades, que actualmente adelantan investigaciones para identificar al responsable, de acuerdo con los reportes del medio santandereano Vanguardia.

Este medio conoció el relato de los cuidadores de Shaggy, la víctima canina, que salió de la vivienda sobre las 7:00 de ese viernes, y retornó cerca hora y media después, pero con lesiones visibles en su cuerpo.

Al ver a la mascota adolorida, los propietarios acudieron a un veterinario que realizó un examen de las heridas en la criatura, y lograron confirmar que presentaba signos de violencia sexual y maltrato físico.

Frente a este hecho, diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Huellitas de Amor, junto a ciudadanos y colectivos animalistas de San Gil, organizaron un plantón el domingo 28 de septiembre en el mismo barrio donde ocurrió el ataque.

Los manifestantes exigieron a las instituciones competentes la aplicación estricta de la ley para evitar que el delito quede en la impunidad.

En redes sociales, la mencionada fundación emitió un comunicado en el que no solo condenó los hechos, sino que trajo al debate la aplicación de la ley colombiana al respecto.

Invocaron la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones de hasta 36 meses de prisión y multas superiores a 60 salarios mínimos legales a quienes cometan maltrato.

Además, mencionaron la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales), la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) y la reciente Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que refuerza las medidas contra la crueldad animal y obliga tanto a la ciudadanía como a las autoridades a actuar ante estos hechos.

Sobre eso, solicitaron medidas por parte de las autoridades, fuera de la investigación exhaustiva que permita la captura y judicialización de los responsables.

Indicaron la pertinencia del acompañamiento jurídico por parte de la Alcaldía, la Universidad Unisangil y otras entidades competentes, así como la puesta en marcha de campañas educativas en colegios, barrios y zonas rurales sobre tenencia responsable y protección animal.

“Solicitamos una investigación rigurosa que permita la captura y judicialización de los responsables, así como el acompañamiento jurídico de la Alcaldía, la Universidad Unisangil y demás instituciones competentes, para garantizar que este caso no quede en la impunidad”, manifestaron representantes de la fundación en el evento, según publicó el medio.

Además, instaron a la creación de una ruta clara de denuncia y atención, para que la comunidad sepa a dónde acudir frente a casos de maltrato, abuso o abandono.

A casi seis meses de su sanción, la nueva ley comienza a mostrar resultados concretos en la lucha contra el maltrato animal en Colombia, según resaltó un comunicado oficial del Senado de la República.

Por primera vez, por ejemplo, un tribunal de Bogotá condenó a prisión a un abusador sexual de animales, tras un caso ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, donde el acusado fue hallado culpable de agredir a varias perritas.

La senadora Andrea Padilla (Alianza Verde) destacó la trascendencia de este fallo al afirmar: “Ya con este sumamos 7 delincuentes que han sido enviados a la cárcel por cometer actos crueles contra los animales. Esto antes era impensable, antes de la ‘ley Ángel’”.

Según la congresista, el abuso sexual de animales es una conducta más frecuente de lo que se denuncia, en parte por la antigua falta de sanciones y confianza en la justicia, situación que cambia con la nueva normativa.