
Tras la denuncia del presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Julián López, que afirmó haber sido silenciado y restringido durante una reunión de seguridad en Palmira, Valle del Cauca, una fuente presencial narró a Infobae Colombia que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “no lo mandó a callar”, ni lo censuró de manera directa.
El relato del testigo aporta una versión diferente sobre lo ocurrido, poniendo en contexto las restricciones protocolarias de estos espacios y cuestionando la manera en que López habría presentado el episodio en la opinión pública.
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Reunión con protocolos estrictos y tensiones políticas
El sábado 27 de septiembre, en el Batallón Agustín Codazzi de Palmira, autoridades del Gobierno nacional y local celebraron una reunión de seguridad convocada por el Ministerio de Defensa tras el asesinato del secretario de Gobierno del municipio de Pradera.
A la cita asistieron la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, varios alcaldes de la región y la cúpula militar, además de López como invitado. De acuerdo con la fuente entrevistada por este medio, la reunión no correspondía al formato tradicional de un consejo de seguridad, sino a una sesión cerrada bajo lineamientos estrictos de reserva y confidencialidad. “Él no convocó ningún consejo de seguridad, no tiene esa potestad. Eso lo hacen las autoridades de la rama ejecutiva”, afirmó el testigo.
La fuente recalcó que el acceso a los medios de comunicación siempre se limita a los primeros minutos de la reunión —momento de presentaciones y de un minuto de silencio por víctimas civiles y militares—, tras lo cual todo registro audiovisual debe suspenderse por razones legales y de seguridad.
El testigo remarcó: “Nadie puede grabar las reuniones de seguridad. Nadie. Son asuntos sensibles, de posiciones de tropas, desarrollo de operaciones, etc”.

Registro audiovisual prohibido y advertencias al equipo de López
Uno de los ejes del incidente radica en el intento del equipo de comunicaciones del congresista de seguir registrando intervenciones en contra del protocolo.
Tras autorizarse la grabación de la intervención inicial de Julián López—a solicitud expresa de su equipo—, los colaboradores permanecieron dentro del auditorio y continuaron grabando, lo que representa una prohibición expresa según las normas que regulan estos eventos.
“En tres ocasiones, personal del Ministerio de Defensa se acercó a recordarles que debían quitar el micrófono de solapa al congresista y parar la grabación. Solo después de la tercera petición accedieron”, explicó la fuente. “No sabemos con qué intención querían seguir grabando”.
El testigo dejó claro que las grabaciones dentro de estos encuentros se encuentran expresamente prohibidas, tanto por protocolos de seguridad como por disposiciones legales contempladas en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1621 de 2013, que protegen la información de carácter confidencial en este tipo de sesiones. “Incluso al inicio de la reunión a los alcaldes y demás funcionarios se les recuerda que divulgar información de estos eventos constituye un delito”, puntualizó la fuente a este medio.

Choques entre funcionarios y cambios en el desarrollo del encuentro
En el desarrollo de la reunión, surgió además una tensión política visible entre el presidente de la Cámara y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Ambos integran el Partido de la U, aunque mantienen posiciones políticas enfrentadas en el territorio.
Un momento de especial tensión se produjo cuando el alcalde de Pradera solicitó apoyo en materia de seguridad personal, lo que llevó al congresista López a interrumpir señalando que la Gobernación debía entregar los recursos. La mandataria departamental refutó la intervención recordando que la dotación de escoltas y vehículos corresponde al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según la versión recabada por Infobae Colombia, el congresista López intervino en ocasiones donde no tenía el uso de la palabra, e incluso llegó a calificar la reunión como “un comité de aplausos”.
La respuesta de la cúpula militar no se hizo esperar: “Uno de los generales golpeó la mesa y le pidió respeto al congresista, explicándole que se estaban discutiendo asuntos de vidas humanas y que la situación no era un espectáculo”, afirmó la fuente. Tras el altercado, el general y los otros comandantes presentes abandonaron momentáneamente el auditorio.

En ese instante, un funcionario que se encontraba en el lugar solicitó silencio a todos los asistentes, sin dirigir la petición específicamente al congresista ni aludiendo de forma personal.
“Fue una petición de silencio general. No fue: ‘Silencio, congresista’, ni ‘Cállese’. Nadie le apagó el micrófono o se lo retiró. El ministro de Defensa tampoco intervino para mandarlo a callar”, aclaró el testigo a Infobae Colombia, en contraste con lo denunciado por López en sus redes sociales.
La misma fuente narró que el equipo de prensa del congresista permaneció varias veces dentro del auditorio, a pesar de que se les solicitó en al menos seis ocasiones distintas que abandonaran el recinto y dejaran de grabar. “Eso está prohibido y ellos lo sabían”, sostuvo el testigo.
Además, al finalizar la sesión, y antes de la rueda de prensa oficial, el congresista se acercó nuevamente con los micrófonos adheridos a su vestimenta, generando sospechas sobre una posible intención de continuar grabando contenido, advirtió la fuente este medio.

Protocolos de prensa y denuncias de censura
Otra de las reclamaciones de Julián López fue haber sido excluido de la rueda de prensa posterior. El testigo explicó que el protocolo de estos formatos solo contempla intervenciones de autoridades ejecutivas —ministro, gobernadora, alcaldes y cúpula militar—, no de invitados o congresistas, y que el equipo de prensa del López llegó tarde a la cita fijada inicialmente.
“El congresista se acercó nuevamente con sus micrófonos de solapa ahí puestos. Eso supone que tenía la intención de realizar no sé qué, o hacer qué manifestación, o quería sabotear desde el inicio de la reunión”, señaló el testigo.
En su denuncia pública, López acusó no solo censura, sino también hostigamiento físico y la eliminación forzada de material audiovisual registrado por su equipo. Al respecto, el testigo indicó a Infobae Colombia que no presenció ese episodio particular y no puede certificar si ocurrió.
El presidente de la Cámara insistió, en declaraciones a distintos medios y a través de sus redes sociales, que fue objeto de censura y restricción política tras exponer cifras de homicidios en el departamento. El propio López aseguró que las restricciones impidieron una discusión honesta y torno de crítica a las políticas oficiales, lo que en su opinión perjudica la libertad de expresión y el control político efectivo.
En contraste, la fuente entrevistada por Infobae Colombia concluyó que las restricciones impuestas al equipo del parlamentario respondieron en todo momento a normas de seguridad y reserva propias de estos órganos y que, de acuerdo con la secuencia observada, el ministro de Defensa Pedro Sánchez no mandó a callar personalmente a Julián López.
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