El aplazamiento del reglamento técnico sobre sistemas de frenos para motocicletas en Colombia, dispuesto por el Gobierno hasta el 13 de octubre de 2026, ha generado una respuesta crítica por parte de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi. Según la organización, la postergación de la normativa que exige la incorporación de frenos avanzados ABS (sistema antibloqueo de frenos) y CBS (frenado combinado) no representa una buena noticia para la seguridad vial del país.
La mencionada resolución, recientemente expedida, retrasa la entrada en vigor de la Resolución 20223040062115 de 2022, que inicialmente contemplaba la exigencia de instalar sistemas de frenado avanzados en las motocicletas a partir de octubre de 2025. Conforme al nuevo texto normativo, el plazo de implementación se extiende hasta el 13 de octubre de 2026. Este aplazamiento implica que la aplicación de medidas recogidas en el artículo 19 de la resolución de 2022 —en particular, las referidas a la obligatoriedad de frenos ABS en motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos y CBS o ABS en cilindrajes inferiores, dependiendo del fabricante— queda postergada.
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El director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, Iván García Franco, señaló: “Reconocemos la importancia de la seguridad vial y apoyamos la incorporación de los sistemas de frenada avanzada en las motocicletas, como estaba previsto en el reglamento técnico de frenos expedido en el año 2022. [...] Nos preocupa la posibilidad de que el Gobierno decida prorrogar la entrada en vigencia de este apartado particularmente, con lo cual se retrasarían avances muy importantes en seguridad vial y los esfuerzos que la industria viene haciendo en la incorporación de estos sistemas de frenada. Además, eso podría poner en riesgo la protección de los motociclistas”.
En ese sentido, la Cámara reiteró su compromiso con la seguridad vial y solicitó al Ministerio de Transporte que mantenga la exigencia de implementar tecnologías de frenado avanzado desde este mismo año.
Las razones esgrimidas para la postergación del reglamento por parte del Gobierno Nacional comprenden tanto desafíos institucionales como requerimientos internacionales. El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtieron la necesidad de fortalecer la infraestructura nacional para la homologación y verificación de certificados de conformidad —incluyendo los sistemas conocidos como Sical y la plataforma Deta de Naciones Unidas— antes de exigir la plena entrada en vigencia de las nuevas disposiciones.
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta solicitudes de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (Unce) y del Gobierno de Estados Unidos, quienes pidieron un reconocimiento recíproco de los reglamentos técnicos de la ONU (WP.29) y los estándares estadounidenses conocidos como FMVSS. De acuerdo con estas comunicaciones, el reconocimiento únicamente de uno de estos regímenes podría derivar en conflictos comerciales y afectar la importación y comercialización de motocicletas y autopartes, además de otros sectores estratégicos relacionados.
La resolución señala que, durante el periodo de aplazamiento, la Ansv, junto con el Viceministerio de Transporte, deberá realizar un estudio sobre la viabilidad de coexistencia entre los reglamentos técnicos internacionales de la ONU y los estándares FMVSS de Estados Unidos. Este análisis técnico, jurídico y económico debe considerar la armonización con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Ley Julián Esteban, que exige que la regulación local se base en normas internacionales y acepte equivalencias.
El Gobierno también recordó que solo se aceptará la certificación de primera parte bajo normas estadounidenses mientras se desarrollan y fortalecen las capacidades institucionales nacionales. Por su parte, Estados Unidos había solicitado formalmente que la entrada en vigor del reglamento se postergara al menos un año, mientras se responde a los desafíos regulatorios señalados.
El documento oficial dispone que los ciudadanos y partes interesadas pueden enviar comentarios y sugerencias hasta el viernes 3 de octubre, mientras continúa el proceso de publicación y análisis técnico. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi invita al Gobierno nacional a considerar las peticiones de la industria sobre la urgencia de implementar los sistemas de frenado avanzado y afirma que continuará trabajando por la seguridad vial en beneficio de todos los usuarios de motocicletas en el país.
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