Comunidad halló dos cadáveres con aparentes signos de violencia en el Cabo de la Vela, La Guajira

El hallazgo de dos cadáveres en aparente estado de descomposición en la orilla del mar Caribe, en el sector del Cabo de la Vela, generó conmoción en la comunidad de la Alta Guajira.

La mañana del sábado 27 de septiembre, residentes del municipio de Uribia alertaron a las autoridades tras descubrir los cadáveres, que, presentaban supuestamente signos de violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según testimonios iniciales de habitantes de la zona, las víctimas serían dos hombres de nacionalidad venezolana, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

El escenario del suceso, una zona costera reconocida por su atractivo turístico y relevancia regional, se convirtió en el centro de una investigación policial. Los cuerpos fueron localizados en distintas posiciones: uno sobre una roca y los otros dos flotando en el agua, lo que facilitó su avistamiento por parte de los residentes. Los cadáveres, al parecer, estaban amordazados y, de acuerdo con versiones preliminares, habrían muerto por heridas de arma de fuego.

Respecto a la identidad de las víctimas, la información sobre sus nacionalidades proviene de testimonios de habitantes, pero las autoridades destacaron que esta versión es preliminar y que la identificación plena de los fallecidos sigue en proceso. La confirmación oficial de los nombres y nacionalidades es una de las prioridades en la investigación en curso.

En el lugar de los hechos, equipos de la Policía Judicial y personal forense realizaron labores de inspección y levantamiento de los cuerpos. Las autoridades trabajan para esclarecer tanto la identidad de las víctimas como los móviles detrás de este triple homicidio. El caso ha motivado la apertura de una investigación formal, y se espera que próximamente se emita un informe oficial que aporte mayor claridad sobre las circunstancias y responsables del crimen.

La noticia ha causado preocupación entre los habitantes de la Alta Guajira, que expresan inquietud por la seguridad en una zona frecuentada por turistas y locales.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades divulguen un informe oficial con los avances de la investigación, mientras la comunidad sigue atenta ante la gravedad de los hechos.

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yordy José Arocha Argote, señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos responsables del hurto y homicidio del investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), David Antonio Sierra Palacio.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira), según un comunicado divulgado por la Fiscalía la mañana del sábado 27 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría integrado una estructura delictiva dedicada al robo de vehículos en las carreteras del norte del país. La Fiscalía explicó que, dentro de la investigación, quedó acreditado que los atacantes utilizaron artefactos metálicos para provocar el pinchazo del vehículo en el que se movilizaba el funcionario acompañado por otras personas.

Una vez inmovilizado el automóvil, los agresores abordaron a los ocupantes y les despojaron de sus pertenencias. Durante el forcejeo, Sierra Palacio recibió un disparo que le causó la muerte, detalló la Fiscalía en su comunicado.

También trascendió que Arocha Argote viajó a Estados Unidos para evadir a las autoridades. Su localización y detención en California fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI). Este operativo permitió coordinar la deportación del capturado a Colombia.

A su arribo al país, Arocha Argote fue presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado agravado. El procesado no aceptó los cargos. De acuerdo con el ente investigador, hasta ahora han sido judicializadas cinco personas en relación con este caso.