Air-e y Afinia podrían cortarle el servicio de energía a miles de colombianos por problema que aún no resuelve el Gobierno

El sector energético colombiano enfrenta una situación crítica, según el diagnóstico presentado en el foro “Futuro del sector energético”, organizado por el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). El director del Cree, Tomás González, exministro de Minas y Energía, y el presidente de Anif, José Ignacio López, advirtieron sobre riesgos de déficit en la oferta, alza de precios y retrocesos en la cobertura eléctrica.

“Tenemos que asegurar que los proyectos entren a tiempo y que las señales de inversión sean correctas para evitar un desbalance que comprometa la seguridad energética”, afirmó González. López, por su parte, resaltó que “preocupa el precio de la disponibilidad de energía en el país y esta es la discusión de seguridad energética y de competitividad del sector industrial y en general de la economía”.

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El análisis de los expertos parte de dos desafíos inmediatos: garantizar la oferta de energía en el mediano plazo y sanear las finanzas del sistema eléctrico y de hidrocarburos. El foro reunió a representantes de entidades como Cree, Anif, Asocodis, Creg, XM y Upme, así como a empresas del sector como Air-e y Afinia, para detallar los factores que han llevado al país a esta coyuntura y proponer rutas de acción.

Uno de los principales focos de preocupación es la presión sobre la oferta energética. El balance de electricidad y gas muestra señales de alerta. En el caso del gas, el Gestor del Mercado reportó que para 2026 la contratación de la demanda esencial e industrial solo cubre el 70% de las proyecciones de consumo de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), lo que abre la puerta a un déficit que pondría en riesgo la seguridad energética nacional.

En el ámbito eléctrico, González señaló que los proyectos de generación y transmisión no cumplen los cronogramas previstos. Cálculos del Cree, con datos de XM, indican que la conexión de proyectos renovables al sistema puede tardar más de cinco años, cuando el objetivo sería tres. El reto de expansión es considerable: se requerirán inversiones de entre USD55.000 millones y USD62.000 millones hasta 2040 para aumentar la capacidad instalada. Cualquier retraso en este plan afectaría tanto la confiabilidad del sistema como la transición hacia fuentes más limpias y diversificadas.

Además, el sector de hidrocarburos enfrenta caídas en la exploración, menores inversiones y una infraestructura vulnerable a bloqueos y atentados, lo que incrementa el riesgo de déficits energéticos y dependencia de importaciones.

La fragilidad financiera del sistema constituye el segundo gran desafío. Las deudas acumuladas con las empresas de energía, según cifras de Asocodis y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), amenazan la estabilidad del sector. Un caso crítico es el de Air-e, distribuidora en la costa Caribe, donde la intervención estatal redujo el recaudo, lo que incrementó las pérdidas y frenó la inversión en una región históricamente rezagada.

La situación también afecta a empresas como Afinia, que requieren recursos urgentes para modernizar su infraestructura.

González enfatizó en que “sin resolver los problemas financieros de estas compañías, no habrá capacidad para atraer capital nuevo ni para garantizar un servicio estable”. A esto se suma la presión fiscal sobre el país: la reducción de reservas, las dudas sobre nuevos proyectos y el peso de los subsidios a combustibles fósiles y electricidad limitan el margen de maniobra del Gobierno.

El impacto de la crisis se refleja de manera directa en los precios de la energía. Tras la pandemia del COVID-19 en 2020, Colombia se convirtió en el país de la región con los precios energéticos más altos, tanto en electricidad como en gas y otros combustibles.

Frente a esto, López detalló que “tomando los índices de precio del rubro de electricidad, de gas y otros combustibles de Colombia, frente a otros países similares vemos que en postpandemia Colombia es el país de la región que más está sufriendo choques de precios energéticos”.

Y es que en los últimos cinco años, el aumento acumulado de los precios energéticos en Colombia fue del 68%, con lo que superó a Chile (60%), Perú (34%) y México, que mantuvo una inflación mucho más baja en este rubro. El choque de precios afecta tanto a los hogares como a los sectores productivos, con un impacto severo en la región Caribe. Ciudades como Montería y Cartagena registraron los picos inflacionarios más altos, con contribuciones de hasta 2,5 puntos porcentuales (pp) a la inflación local, mientras que en Bogotá la incidencia fue mucho menor, al alcanzar solo medio punto porcentual.

El retroceso en la cobertura eléctrica representa otro motivo de alarma. A pesar de los avances logrados en años anteriores, el país experimenta un aumento notable en el número de viviendas sin acceso a electricidad.

“Tenemos problemas en los proyectos y en la disponibilidad, en los últimos años estamos teniendo un retroceso en el indicador de viviendas sin electricidad que hace unos cinco años estaban en los niveles de 400.000 y ahora estamos hablando de casi un millón de viviendas que no tienen acceso a electricidad”, explicó José Ignacio López.

Así las cosas, el deterioro se atribuye a las dificultades en generación y transmisión, que impiden llegar a nuevas zonas y atender la demanda de los proyectos de vivienda en expansión.