La exministra de Salud Carolina Corcho llegó el viernes 26 de septiembre a la Registraduría Nacional para inscribir su precandidatura como aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, en el marco de la consulta interna programada para el 26 de octubre.
Tras el proceso, Corcho reiteró que la decisión de acudir a una consulta se fundamenta en una acción de tutela interpuesta junto con Gustavo Bolívar, con la que denunciaron vulneraciones a derechos fundamentales de participación política, igualdad y debido proceso.
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La dirigente explicó que la coalición ya había solicitado formalmente la realización de la consulta, mediante un documento radicado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según indicó, existe también un acta emitida por el Comité de Garantías en la que figuran los nombres de los precandidatos oficialmente reconocidos para este proceso interno.
Corcho se refirió a la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió provisionalmente la resolución del CNE que otorgaba personería jurídica única al Pacto Histórico, fusionando a la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista.
La precandidata destacó que el presidente Gustavo Petro celebró el fallo y ratificó la obligación política de llevar a cabo la consulta: “El presidente ya se ha pronunciado, el presidente conoce la tutela, conoce el fallo, celebró el fallo del Tribunal de Bogotá y ha expresado que el Pacto Histórico, así como lo acordó políticamente y como oficialmente consta frente al Estado colombiano en las estancias electorales, debe cumplir la palabra e ir a una consulta popular”.
La precandidata subrayó que la militancia y los precandidatos tienen claridad sobre el proceso. “El jefe supremo de la Colombia Humana y del Pacto Histórico es el presidente de la República y él mismo ha dicho hoy: seguimos en la consulta popular, porque es la garantía de que las candidaturas de un proyecto político democrático sean decididas de manera popular, no a bolígrafo, no bajo otros mecanismos antidemocráticos”, expresó.
Además, aclaró que la suspensión de la personería jurídica no implica que la coalición esté impedida para organizar el proceso interno con sus bases. Indicó que los movimientos que conforman la Colombia Humana, como el Partido Progresistas y la Minga Indígena, continúan con sus facultades para participar en la consulta y definir candidaturas.
Debate por la inscripción de precandidatos
En medio de este escenario, se generó confusión sobre la inscripción de Daniel Quintero y Carolina Corcho como precandidatos. Al parecer, ambos intentaron registrarse sin contar con avales válidos, por lo que la Registraduría se habría negado a formalizar el trámite.
Sin embargo, Corcho desmintió esa información a través de su cuenta de X, asegurando que su inscripción cumplió con todos los requisitos legales.
“Esto es información falsa. Mi inscripción estuvo fundamentada en documentos oficiales del Pacto Histórico, oficializados ante las autoridades electorales. Además, se fundamenta en la medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena inscribirnos sin ningún obstáculo. Si lo que usted dice fuera verdad, el registrador estaría en abierto desacato a la Justicia”, escribió.
Por su parte, Daniel Quintero hizo un llamado a los sectores que se oponen a la consulta a aceptar la competencia interna y a permitir que sean los ciudadanos quienes definan las candidaturas.
“Yo he hablado con el presidente de la República y la decisión es muy sencilla: la consulta va. Los ciudadanos son los que tienen derecho a escoger sus candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República”, afirmó Quintero.
Asimismo, agregó que quienes no estén dispuestos a someterse a la votación interna deberían apartarse del proceso. “El que tenga miedo a perder, que no se inscriba”, dijo, en referencia a los desacuerdos dentro del Pacto Histórico sobre la selección de aspirantes.
La consulta popular, que se llevará a cabo en octubre, definirá los candidatos oficiales de la coalición para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Según los dirigentes, este mecanismo busca garantizar la participación democrática y evitar que las nominaciones se decidan mediante acuerdos cerrados entre dirigentes o cúpulas políticas.
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