Procuraduría adelanta inspección a Ecopetrol por presunto favorecimiento a la empresa de un amigo de Ricardo Roa

En la tarde del jueves 25 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita de inspección en la sede principal de Ecopetrol para recabar documentos y testimonios relacionados con la gestión contractual de la empresa en el mercado de gas.

La diligencia se produce en medio de la polémica por la revelación de un supuesto acuerdo entre la filial Hocol y la compañía Gaxi SA ESP, vinculada al expolicía Juan Guillermo Mancera, amigo cercano de Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal.

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De acuerdo con una circular emitida por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la inspección tiene como objetivo “recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva” sobre las actuaciones contractuales de Ecopetrol, enfocadas en atender la demanda del mercado nacional de gas.

En el documento, firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, se requiere la presencia de los principales directivos de la empresa, incluyendo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente de Abastecimiento y Servicios; Rodolfo Mario García Paredes, director corporativo de Cumplimiento; Ricardo Augusto Montes Gómez, director corporativo de Auditoría Interna; Fabio Mauricio Cardona Arias, director de Abastecimiento Corporativo; y María Cristina Toro Restrepo, secretaria general.

La Procuraduría precisó que estos funcionarios deberán presentar la información en físico y digital, responder preguntas y atender observaciones durante la diligencia. La entidad recalcó que su labor es estrictamente preventiva y “no implica coadministración ni aval de las decisiones administrativas, financieras o técnicas” de la empresa.

El caso salió a la luz luego de que se revelara que Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, habría suscrito un acuerdo con Gaxi SA ESP para operar un barco regasificador en el Caribe. Según la investigación de La Silla Vacía, el negocio podría generar ingresos anuales superiores a 1.400 millones de dólares, a pesar de que la empresa Gaxi no tiene experiencia en este tipo de operaciones.

La denuncia causó controversia debido a que el dueño de Gaxi, Juan Guillermo Mancera, es un coronel retirado de la Policía y amigo personal de Ricardo Roa. Mancera también estuvo involucrado en la transacción de un apartamento de lujo adquirido por Roa en Bogotá a través de una empresa vinculada al empresario Serafino Iacono, figura asociada a Pacific Rubiales.

El medio digital también reportó que en julio circuló un mensaje anónimo por WhatsApp dirigido a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, en el que se advertía sobre presuntas irregularidades y presiones internas para beneficiar a Gaxi. Posteriormente, el expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, denunció amenazas y seguimientos, atribuyendo estas presiones a un alto directivo de Ecopetrol.

Además, un documento fechado el 28 de marzo de 2025 y firmado por Germán Mutis, entonces líder de Nuevos Negocios de Hocol, dejó constancia de un acuerdo con Gaxi para la estructuración y desarrollo de la importación de gas natural licuado (LNG) mediante una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU).

Sin embargo, Ecopetrol y Hocol sostienen que se trató de un simple “Memorando de Entendimiento” no vinculante y de carácter exploratorio, sin obligaciones de adjudicación.

Frente a las denuncias, Ecopetrol negó que su cúpula directiva haya dado órdenes para beneficiar a Gaxi. “No hemos instruido, sugerido o solicitado a Hocol adelantar gestiones en los proyectos de regasificación”, indicó la empresa en un comunicado oficial.

Asimismo, aclaró que el proceso de selección continúa en evaluación, con cerca de 30 manifestaciones de interés y 20 propuestas recibidas, sin precisar si Gaxi SA se encuentra entre las empresas participantes.

Ecopetrol solicitó la presencia de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría para acompañar la contratación, aunque el contralor general, Carlos Rodríguez, explicó que su entidad no tiene competencia para ese tipo de seguimiento preventivo.