Juliana Guerrero, la joven que ocupaba un cargo en el Ministerio del Interior y sonaba para la vicepresidencia del Ministro de la Igualdad, ha sido centro de escándalo porque se comprobó que no presentó el examen Saber Pro antes de recibir su título, requisito obligatorio para todos los estudiantes de educación superior en Colombia.
La Fundación de Educación Superior San José, institución de donde se graduó Guerrero, confirmó que ante las falencias por parte de algunos empleados en este proceso se tomarán medidas inmediatas contundentes.
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El abogado de la Fundación, Juan David Bazzani, conversó con Noticias Caracol y allí aseveró que el título de Contaduría será anulado para la funcionaria.
“A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de sí la estudiante presentó o no presentó las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, dijo Bazzani.
El defensor afirmó que de acuerdo a todos los procesos que ya se encuentran sistematizados dentro de la institución, este cambio debió hacerse de manera manual, pues los docentes se rigen por el Status de cada uno de los estudiantes en las plataformas.
“La universidad tiene unos procedimientos de calidad para la verificación de cumplimiento de los requisitos de grado muy rigurosos. Aquí hubo fue un factor manual y personal que incidió en la aprobación de un grado sin que se cumplieran los requisitos”, agregó.
Y añadió: “En el caso de ella, las casillas del sistema mostraron que no cumplía con los requisitos, pero fue una operación manual lo que cambió el resultado de no aprobado a aprobado. (...) Los demás directivos de la universidad operan bajo el principio de confianza de que estos procedimientos se han cumplido y que, por lo tanto, los diplomas están correctamente otorgados”.
Lo polémica se destapó luego de la denuncia de Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, denunciará las omisiones en su proceso educativo para conseguir su título.
A este tipo de señalamientos, se le suma la petición de Pedraza, al presidente Gustavo Petro, para que destituya de su cargo a la joven de 23 años, en el viceministerio de Juventudes, como su delegada ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
La petición se hizo por medio de a una carta de la funcionaria dirigida al jefe de Estado y al ministro de Educación, en la que solicitó el retiro de Guerrero del cargo y los temas relacionados con la Universidad del Cesar: “Solicito que, en aras de proteger la moralidad administrativa en la Universidad Popular del Cesar, derogue la delegación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como representante del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”.
Afirma que es inaudito que este tipo de situaciones se sigan presentando, qué funcionarios ejerzan sus labores mientras son blanco de investigación por parte de la Fiscalía:
“Es inadmisible que la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Pública del Cesar de la UPC siga siendo Juliana Guerrero mientras está envuelta en una investigación en la Fiscalía por presunta falsedad en su título profesional”.
La petición la ratificó con una publicación que hizo en su cuenta de la red social X, donde mencionó la solicitud que le hizo a Petro: “Tienen razón las y los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Juliana Guerrero no puede seguir siendo la delegada del Presidente @petrogustavo en el Consejo Superior de la U. pública del César, esto es un irrespeto al movimiento juvenil, estudiantil y a la academia misma. Le solicité al Presidente @petrogustavo retirarla del CSU, de lo contrario, demandaré esa delegación”.
La carrera administrativa de Juliana Guerrero se inició en la Secretaría Privada de Armando Benedetti mientras este dirigía la jefatura del despacho presidencial. Posteriormente, tras el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, Guerrero mantuvo su vínculo dentro del equipo de confianza, esta vez ocupando la jefatura de despacho en el Ministerio del Interior, según reconstruyó Cambio.
El medio precisó que las acciones de las hermanas Guerrero dentro de la UPC forman parte de una serie de evaluaciones sobre posibles conflictos de interés y el uso de recursos oficiales. Lo relatado por Cambio incluye detalles sobre la investigación por el supuesto uso indebido del helicóptero policial y el contexto de la representación presidencial que ejercía Juliana Guerrero durante el incidente.
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