El 24 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron la captura de dos militares y dos civiles vinculados a una unidad de seguridad presidencial de Gustavo Petro.
Entre los capturados figura Pedro Nel Jiménez Cárdenas, mayor del Ejército Nacional y hasta hace pocas semanas comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), unidad encargada del tercer anillo de protección presidencial. Junto a él fue detenido el suboficial Cristian Padilla Villanueva, también relacionado con operaciones de seguridad militar.
La tercera implicada, Luisa Fernanda Salgado Fernández, habría utilizado documentos y credenciales falsas para hacerse pasar por integrante de la Policía Nacional bajo el alias de ‘Stephanie’. El cuarto detenido, cuya identidad no fue detallada, enfrenta cargos por posesión ilícita de armamento.
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Luego de la detención de los presuntos implicados, la jefatura de protección del jefe de Estado enfatizó que ninguno de los capturados tuvo contacto con el mandatario ni ingresó a la Casa de Nariño.
Según información revelada por Blu Radio, una revisión exhaustiva de los libros de ingreso a Palacio Presidencial no arrojó registros de entrada de la falsa capitán, el mayor, el sargento ni de ningún otro civil implicado en el caso. “Se hizo una revisión exhaustiva en los libros de ingreso a Palacio y no hay registros de que la falsa capitán, el mayor, el sargento u otro civil, hayan entrado a las instalaciones”, informó la jefatura de protección presidencial.
El abogado de uno de los implicados habló sobre el proceso
De acuerdo con la defensa del mayor Pedro Nel Jiménez, la detención de los implicados no solo puso en riesgo la carrera del oficial, que figuraba en la lista de ascensos, sino que expuso a su familia, lo que podría obstaculizar investigaciones en curso, al dejar vulnerable un frente clave en la ofensiva contra esa red criminal transnacional.
La versión presentada por el abogado de Jiménez sostiene que la mujer acusada de hacerse pasar por capitán del Ejército no era una impostora, sino una informante fundamental cuyas aportaciones permitieron la captura de varios miembros del Tren de Aragua. El argumento de la defensa apunta a que su presencia en batallones y reuniones interinstitucionales no constituyó una infiltración, sino que formaba parte de un trabajo de inteligencia encubierto, en el que colaboró activamente con las autoridades.
No obstante, la Fiscalía mantiene una postura diferente. Según la investigación, la infiltración habría comenzado en septiembre de 2024, cuando el mayor Jiménez, entonces comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas n.º 5, y el sargento Cristian Padilla Villanueva facilitaron el ingreso de Luisa Fernanda Salgado, que se presentó como capitán del Ejército con funciones de inteligencia. Con esta identidad, la mujer accedió a información reservada, participó en reuniones con entidades como la Fiscalía, el Gaula, la Policía Militar, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad, y estuvo presente en allanamientos y registros.
El expediente judicial detalla que en marzo de 2025, Salgado organizó una jornada de polígono en la Escuela de Caballería, utilizando armas de uso privativo, a la que asistieron fiscales, familiares y menores de edad. Además, un cuarto capturado, un civil, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría actuado como enlace logístico en estas actividades. La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyen una infiltración deliberada en estructuras de seguridad del Estado.
Mientras la investigación avanza, persisten dos relatos opuestos: uno que describe una operación de infiltración con acceso a información sensible y participación en actividades oficiales, y otro que defiende la legitimidad de las acciones como parte de una estrategia de inteligencia encubierta contra el crimen organizado.
“La información que entregaba esta mujer permitió capturar a varios integrantes de esa red criminal transnacional”, afirmó el abogado del mayor Jiménez al medio citado. La controversia sobre el verdadero papel de los implicados y las consecuencias de sus capturas sigue abierta, en un contexto donde la seguridad presidencial y la lucha contra organizaciones criminales se entrelazan de manera compleja.
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