El debate alrededor de la reforma a la Ley 30 que regula el financiamiento de las instituciones de educación superior públicas de Colombia avanzó este miércoles 24 de septiembre, después de que el Senado de la República aprobara en segundo debate el proyecto, trasladando el análisis a la Cámara de Representantes para completar el proceso legislativo.
Uno de los temas que generó mayor interés en la discusión fue la naturaleza de la base presupuestal destinada anualmente por el Estado a las universidades públicas.
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De acuerdo con el senador Guido Echeverri (En Marcha), la controversia no giró sobre la necesidad de elevar los fondos, sino sobre la implementación de indicadores “como la ampliación de la cobertura, el bienestar universitario, la investigación y la internacionalización, entre otros, para asegurar el mejoramiento de la educación superior en el país”, según sus palabras recogidas en la plenaria del Senado.
Durante la sesión, se presentó un nuevo informe de aval fiscal. El senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, informó que la comisión accidental encargada de enriquecer la reforma recibió 15 propuestas, permitiendo acuerdos interpartidistas e incorporando planteamientos del Ministerio de Hacienda.
“En el mediano plazo existe el espacio fiscal suficiente para financiar lo que se propone”, declaró Flórez en el Senado. Se sumaron proposiciones de los partidos Mira, La U, Conservador, En Marcha, Centro Democrático y Alianza Verde.
La reforma plantea cambios sustanciales en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de transformar el modelo de financiación. En cuanto al artículo 86, se establece que la actualización anual del presupuesto base de las universidades públicas use el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), calculado por el Dane.
Este indicador, según se argumenta en el texto, reflejaría de manera más precisa las variaciones efectivas en los gastos universitarios, tales como matrículas, salarios, funcionamiento e inversión. Esta modificación busca superar el desfasaje provocado por el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que hasta ahora condicionaba el cálculo.
El Sistema Universitario Estatal (SUE) estima que los costos operativos reales de las universidades públicas aumentan un 9% anual, frente al 4% de incremento que promedia el IPC, situación que produce “un déficit anual estructural de 5 puntos porcentuales” en el financiamiento de los centros educativos.
“No estamos pidiendo un favor, estamos corrigiendo un error de voluntad política. Las universidades necesitan que su presupuesto crezca al ritmo de sus costos reales (9%) y no al ritmo de la inflación general (4%). Esa diferencia del 5% anual es el déficit que hoy pagamos con la calidad educativa”, explicó la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).
La congresista recalcó: “Esta reforma es técnica. Cambiamos el IPC por el Ices por una razón: el Ices es el termómetro que mide la fiebre de los costos universitarios, el IPC es un termómetro para la economía de un hogar. Son cosas distintas que no se pueden usar para los mismos fines”.
Respecto al artículo 87, la propuesta plantea que los aportes adicionales de la Nación crezcan en un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, superando el esquema previo donde solo se aseguraba el 30%. Este ajuste, según los defensores del proyecto, permitiría una relación más eficiente entre el financiamiento y el comportamiento económico nacional.
La votación favorable en el Senado fue celebrada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso de la República, es una victoria del movimiento estudiantil y la juventud colombiana”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia objetó el alcance fiscal de los compromisos propuestos, advirtiendo que la actual situación de Colombia no es óptima para asegurar los recursos que propone la reforma, por lo que es “necesario establecer reglas que nos permitan ajustarnos a la realidad fiscal del país”.
Con las modificaciones incorporadas y el respaldo del aval fiscal, los artículos del proyecto fueron aprobados la mañana del miércoles y la discusión prosigue en la Cámara de Representantes, donde tendrán lugar otros dos debates antes de que la reforma pueda convertirse en ley en Colombia.
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