Camilo Romero tras acusaciones de Pedro Rodríguez: “Este proceso en mi contra es una retaliación política”

El precandidato presidencial Camilo Romero defendió su nombre tras las acusaciones hechas por Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco del escándalo de corrupción que sacude a esa entidad. El exgobernador de Nariño afirmó que el juicio penal que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia por un contrato de licores en su departamento es consecuencia de una persecución política.

“Este proceso en mi contra es una retaliación política”, aseguró Romero, al señalar que los señalamientos de Rodríguez forman parte de un caso de lawfare que, según él, ha buscado debilitar su liderazgo político.

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Romero recalcó que el expediente en su contra tiene varios años sin que hasta ahora se haya demostrado su responsabilidad. “Llevan ocho años de un nefasto proceso inventado desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que se tomó la Fiscalía como un aparato criminal para perseguir opositores políticos. Desde esa época no han encontrado una sola prueba, en ocho años, el país no conoce una prueba en contra de Camilo Romero”, expresó.

El precandidato cuestionó que ahora se intente usar a Rodríguez como testigo, a pesar de que (según dijo) el propio exfuncionario ha reconocido que él no tuvo participación en hechos irregulares. “Y ahora pretenden utilizar al señor Pedro Rodríguez, como un supuesto testigo mío, oído, sin una sola prueba, un testigo de oídas. Y lo más grave de todo es que ya revelamos con mi defensa un audio donde el señor dice que Camilo Romero, como es obvio, no tiene nada qué ver ni en la Unidad de Gestión de Riesgo ni en el caso de licores”, sostuvo.

Ese audio será presentado en el juicio. En la grabación, Pedro Rodríguez afirma: “Tú no me has dado ninguna instrucción, puedes estar tranquilo, lo podré decir en cualquier parte. Yo te dije: ‘Llámame como testigo’ (...). Yo sí creo que es un tema político, que es una retaliación, yo estoy completamente seguro”.

Pedro Rodríguez, quien fue jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño durante el mandato de Camilo Romero, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía dentro del escándalo de corrupción en la UNGRD. En su matriz de colaboración, incluyó al precandidato presidencial en supuestas irregularidades relacionadas con un contrato de compraventa de licores en Nariño.

Según su versión, durante la campaña de 2015, el empresario Richard Portilla habría realizado aportes económicos y logísticos a favor de Romero, entre ellos dinero en efectivo y vehículos, con el compromiso de que su empresa resultara favorecida en la adjudicación del millonario contrato.

Rodríguez afirmó que desde la Gobernación se habría expedido un decreto que otorgó ventajas a la compañía Organización de Licores de Nariño (OLN SAS), constituida semanas antes de la adjudicación. Este negocio, según la investigación de la Fiscalía, dejó utilidades superiores a $3.000 millones.

En su relato, el exfuncionario también mencionó a Mario Fernando Benavides, entonces secretario de Hacienda de Nariño, quien habría firmado el decreto a pesar de mostrar reservas, y a Andrés Arango Romero, primo del exgobernador, señalado como intermediario directo entre Romero y los empresarios.

Rodríguez fue condenado el 16 de mayo de 2024 a 4 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público. A cambio de beneficios judiciales, aceptó colaborar con las autoridades y revelar detalles sobre los contratos cuestionados.

En audiencia pública pidió disculpas y reconoció que su actuación generó decepción en quienes confiaron en él. Actualmente su testimonio es considerado pieza central en las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la UNGRD y sobre el proceso contractual en Nariño.

Romero, quien avanza en su campaña presidencial, sostiene que las acusaciones no tienen sustento probatorio y que forman parte de un intento por vincularlo injustamente con hechos de corrupción. “El país va a empezar a conocer lo que ha sido este proceso en mi contra. Un lawfare se conoce a nivel global, este tipo de actuaciones desde la justicia, y en algunas ocasiones con ayuda de los medios de comunicación para acabar liderazgos distintos”, advirtió.

El exgobernador insiste en que la Corte Suprema deberá valorar si la justicia se prestará para avalar un testimonio que, de acuerdo con él, es contradictorio y sin pruebas.