La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a implementar de manera inmediata acciones para atender la situación que desde hace años afecta a los habitantes de La Mojana, región que enfrenta graves consecuencias por inundaciones recurrentes tras la ruptura del dique conocido como ‘Caregato’, ocurrida en agosto de 2021.
Durante un Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, convocado por el Ministerio Público, se revisaron los avances de las obras en ejecución y se acordó que el Ministerio del Interior coordinará la articulación entre las instituciones responsables.
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El objetivo es garantizar una estrategia integral y sostenible que permita mitigar los daños ocasionados a las comunidades, que incluyen la pérdida de viviendas y cultivos, el desplazamiento de familias, la falta de conectividad entre veredas y la crisis económica en la región.
“Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana”, informó la Procuraduría.
El ente de control anunció que funcionarios visitarán la zona a finales de septiembre para dialogar con los habitantes y conocer directamente sus necesidades, con el fin de fortalecer el seguimiento a las medidas adoptadas por las entidades competentes.
Emergencia y daños en la región
La crisis en La Mojana comenzó el 27 de agosto de 2021, cuando el río Cauca rompió el dique ‘Caregato’, generando un boquete que pasó de 15 metros iniciales a más de un kilómetro con el paso del tiempo. Este fenómeno desvió gran parte del caudal del río, provocando inundaciones masivas que afectaron miles de hectáreas productivas en municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia.
Desde entonces, la Ungrd ha desplegado ayudas humanitarias y ha intentado cerrar el boquete mediante diferentes obras, pero en cuatro años no se ha logrado una solución definitiva, a pesar de las inversiones realizadas. Esta situación ha ocasionado pérdidas significativas en actividades como la agricultura y la ganadería, pilares de la economía local.
Las dificultades también se han reflejado en tensiones entre la Ungrd y los contratistas, así como en sanciones impuestas por entes de control a exdirectivos de la entidad por la gestión del desastre. De hecho, en agosto la Procuraduría sancionó a Eduardo José González Angulo y a Javier Pava Sánchez, ambos exdirectores de la Ungrd entre 2021 y 2023, respectivamente, por omisiones en la atención de la emergencia.
Ambos exfuncionarios recibieron sanciones de tres meses de suspensión, pero al no estar en sus cargos deberán pagar el equivalente a ese periodo en salarios.
Inversiones y retos en la ejecución de obras
Tras la llegada de Olmedo López a la dirección de la Ungrd en 2023, se firmó un contrato por más de $129.000 millones para construir un nuevo jarillón en ‘Caregato’. Aunque se avanzó en las obras, en 2024 se presentaron filtraciones que terminaron en un nuevo colapso del dique y en graves inundaciones.
Ese mismo año, Carlos Carrillo asumió la dirección de la entidad y lanzó un plan de choque para atender a los damnificados. Además, cuestionó la calidad de las obras realizadas, lo que derivó en la terminación unilateral del contrato, alegando que los diseños y métodos constructivos no cumplían con el objetivo de cerrar el boquete.
En 2025, la Ungrd anunció una inversión de $170.000 millones para un plan integral que busca mitigar riesgos, rehabilitar el ecosistema y fortalecer la economía local. Entre las acciones se incluye la ampliación del canal La Esperanza, que permitirá reducir la presión sobre el dique afectado.
Actualmente, el proyecto presenta un avance del 50%, lo que ha permitido canalizar parte del caudal y disminuir el riesgo de nuevas inundaciones. Esta fase es considerada clave para lograr una solución estructural a la crisis que afecta a La Mojana desde hace más de cuatro años.
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