Petro propuso un “diálogo entre civilizaciones” por fuera de la ONU y recibió el respaldo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: de qué se trata este grupo

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) expresó este 16 de septiembre su respaldo al llamado del presidente colombiano Gustavo Petro a celebrar un primer “diálogo entre civilizaciones”, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un comunicado oficial difundido desde Caracas, Venezuela, la organización regional destacó que, frente a un contexto internacional marcado por conflictos armados, amenazas a la soberanía de los pueblos y el agravamiento de las desigualdades, la propuesta del mandatario colombiano se erige como una necesidad “histórica y visionaria” para detener la barbarie y abrir un camino hacia la paz mundial.

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“El Alba-TCP, con firme compromiso humanista y solidario, se suma a este esfuerzo, invitando a los países y pueblos de América Latina y el Caribe, África, Asia, Oceanía, Europa y a todas las fuerzas progresistas del mundo, a unirse a este diálogo que busca preservar la vida, la paz, la justicia y el respeto mutuo entre naciones”, señala el texto.

El comunicado de la Alba-TCP otorga proyección internacional a la propuesta de Petro y evidencia un punto de convergencia entre los gobiernos de la región que integran el bloque —entre ellos Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua— en torno a la necesidad de repensar el orden mundial.

Para la organización, el llamado colombiano busca “preservar la vida, la paz, la justicia y el respeto mutuo entre naciones”, y se alinea con la agenda histórica del bloque de impulsar un mundo multipolar y de mayor cooperación.

La iniciativa del presidente Petro fue planteada en días recientes durante su intervención en el XXXI Encuentro de lo Contencioso Administrativo, realizado en Barranquilla.

Allí, el jefe de Estado colombiano advirtió que la humanidad enfrenta un momento crítico que exige repensar las relaciones entre los pueblos y construir consensos que prioricen la supervivencia frente a las amenazas actuales: el cambio climático, las guerras y la concentración del poder económico.

“La humanidad necesita un diálogo que vaya más allá de las fronteras culturales, religiosas y políticas; un diálogo entre civilizaciones que ponga la vida y la libertad en el centro”, afirmó Petro en su discurso.

El presidente enlazó esta propuesta con su reflexión sobre la frontera entre lo público y lo privado, la función de las instituciones jurídicas y los riesgos de la privatización generalizada del poder.

Según dijo, la democracia solo puede preservarse si se garantiza tanto una esfera pública orientada al bien común como una esfera privada que proteja la libertad individual.

En paralelo a este respaldo internacional, el fallo emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condenó a siete exlíderes de las extintas Farc por su responsabilidad en más de 20.000 secuestros durante el conflicto armado, fue calificado como un avance significativo en el proceso de justicia transicional en Colombia por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU.

En un comunicado conjunto, ambas entidades subrayaron la importancia de que las sanciones impuestas se cumplan plenamente y que los sancionados mantengan su compromiso con la justicia y la paz, en línea con las expectativas de las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

“El reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz. Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional”, señaló el comunicado.

Las agencias de Naciones Unidas expresaron su confianza en que la ejecución efectiva de las sanciones contribuirá a la reparación de las víctimas, a la reconciliación nacional y a la consolidación de la paz.

Además, resaltaron el papel de las sentencias restaurativas en la satisfacción de las demandas de justicia tanto de las víctimas como de la sociedad en general.

“El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición”, destacaron las entidades internacionales, al tiempo que insistieron en la necesidad de que el Gobierno asegure los recursos financieros y la seguridad para la implementación de las sanciones.