Álvaro Uribe arremete contra la salud: “la han destruido y ahora quieren acabársela de robar con una ley”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a poner sobre la mesa la situación crítica del sistema de salud en Colombia, asegurando que el modelo vigente ha sido dinamitado y destruido, y que con la nueva reforma “quieren acabárselo de robar con una ley”.

Las declaraciones se dieron a conocer a través de un video publicado por el propio Uribe en sus redes sociales, realizado desde el barrio San Francisco de Cartagena, donde dialogó con habitantes de la zona.

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En el material audiovisual, Uribe aparece conversando con una ciudadana que manifestó su malestar por el elevado costo de los medicamentos y la necesidad de abandonar otras compras básicas, como el arroz, para costear la atención médica. El exmandatario expresó que, según le relató la mujer, muchas familias ahora “tienen que dejar de comprar arroz para comprar medicinas por la destrucción de la salud”.

Uribe enfatizó la gravedad de la actual coyuntura, utilizando la siguiente analogía: “Me decían también que alguna compatriota, que lo que ha ocurrido es como cuando un muchacho dinamita la casa de los papás, la destruye para cobrar el seguro y robarse la plata. Eso es lo que ha pasado con la salud en Colombia. La han dinamitado, la han destruido...”.

El líder político concluyó su intervención con una invitación a la acción ciudadana, y “por eso hay que hacer toda la fuerza para que no aprueben esta ley y buscar un nuevo gobierno que la recupere. Gracias hija”.

Este mensaje se incorpora a un escenario de amplia preocupación nacional tras los últimos informes sobre la situación financiera de las entidades promotoras de salud, en particular de la Nueva EPS, lo que ha avivado aún más la controversia pública sobre el futuro del sistema.

Las recientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez se suman a otras intervenciones en las que ha atribuido el deterioro de la salud en Colombia a la gestión del actual gobierno. El pasado 10 de septiembre, recurrió a su cuenta de X para pronunciarse frente a las revelaciones hechas por el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, sobre la crítica situación financiera de la Nueva EPS.

En ese comunicado, Uribe sostuvo que “este Gobierno neo comunista quebró la salud, dolosamente, por odio a que no fuera del monopolio estatal. El único camino es un nuevo Gobierno que garantice presencia privada, participación mixta, solidaridad, opciones para el usuario y transparencia”. La reacción surgió después de conocerse el informe de la Contraloría General, que puso en evidencia problemas financieros estructurales y administrativos en la entidad aseguradora.

Fabio Aristizábal detalló que la Nueva EPS pasó de tener un patrimonio positivo de 485.000 millones de pesos en 2022, a registrar un déficit de cerca de 6,7 billones en 2024, con proyecciones que apuntan a un saldo negativo superior a 9 billones al cierre del año. Los pasivos, según Aristizábal, crecieron de 5,4 billones a 21 billones de pesos en el mismo periodo, mientras que los anticipos no legalizados ascendieron de 3,8 billones a 15,3 billones.

El exsuperintendente catalogó este panorama como una “debacle financiera”, atribuyéndolo a la intervención estatal y a decisiones asumidas durante la gestión actual. También advirtió que la situación en otras aseguradoras podría ser similar, señalando a la exministra de Salud, Carolina Corcho, como impulsora de lo que denominó una “crisis explícita” en el sistema y describiendo la gestión como una “masacre social”.

En sus palabras, “esto mismo debe estar pasando en todas las intervenidas. Corrupción es lo que está viendo el país. Sea serio, ministro, y sea responsable”.

Las declaraciones de Uribe y Aristizábal fueron respondidas públicamente tanto por voces oficiales como por periodistas. El presidente Gustavo Petro, también a través de la red X, planteó que los problemas reportados en la Nueva EPS y en otras entidades del sector no se originaron en la actual administración, sino que han sido una constante durante años.

Según el mandatario, “siempre ha sido así, fue un gran error poner recursos públicos en manos de particulares de manera tan cuantiosa y con un fin tan serio como la vida humana”.

En la misma línea, Sandra Chindoy, periodista de RTVC, cuestionó al expresidente Uribe respecto a la declaración de Estado de Emergencia Social en su propio gobierno, y subrayó los antecedentes de dificultades financieras y estructurales ya existentes desde entonces en el sector.

El más reciente informe técnico de la Contraloría General de la República arrojó conclusiones alarmantes. El reporte mostró que entre 2023 y 2024, los anticipos pendientes por legalizar aumentaron un 155%, al pasar de 3,4 billones a 8,6 billones de pesos, mientras que en el primer semestre de 2025 la cifra llegó a 15,27 billones.

Además, se identificaron más de 22,7 millones de facturas de servicios de salud sin haber sido revisadas ni validadas, con un valor estimado de 22,1 billones de pesos, de los cuales el 97% permanece sin auditar.

En su actuación, la Contraloría identificó severos vacíos en los registros y la ausencia de soportes que acrediten la legalidad de contratos con la red de prestadores. Añadió que la falta de tecnología adecuada y documentación financiera transparente pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad y, por extensión, la estabilidad del sistema de salud general.

El estudio reveló que al corte de marzo de 2025, las cuentas por pagar alcanzaban los 21,37 billones de pesos, mientras que la subestimación de reservas técnicas superaba los 11 billones de pesos en diciembre de 2024. Estos datos preocupan especialmente por el número de afiliados cubiertos por la Nueva EPS, que alcanza al 22% de la población formalmente asegurada en Colombia.