
El Gobierno nacional, al parecer, ya habría definido su postura para el ajuste del salario mínimo en 2026, anticipando un incremento del 11% que, de concretarse, llevaría el salario mínimo a $1.580.085.
Esta decisión, que supera ampliamente la inflación proyectada para el próximo año, se refleja en la estructura del Presupuesto General de la Nación para 2026, en la que los gastos de personal de las entidades públicas ya fueron ajustados bajo ese mismo parámetro, según información, al interior de la Casa de Nariño, obtenida por Portafolio.
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El análisis de las cuentas oficiales permitió identificar que todas las entidades estatales proyectaron incrementos salariales en torno al 11%, lo que evidencia que la medida respondería a una política uniforme y no a decisiones aisladas.
Funcionarios del Ministerio del Trabajo confirmaron en privado a Portafolio que este porcentaje constituye la postura oficial del Ejecutivo para la mesa de concertación laboral que se instalará en los próximos meses.

La propuesta del presidente Gustavo Petro busca garantizar un mayor poder adquisitivo para cerca de 3,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, así como para quienes tienen ingresos indexados a este valor.
En intervenciones previas, el mandatario ha manifestado que el objetivo es lograr “un buen decreto de elevación del salario mínimo”, como ocurrió con el ajuste decretado para el año en curso, según declaraciones recogidas por el medio citado.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha reiterado que el proceso de negociación se desarrollará en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la participación de empresarios, sindicatos y Gobierno.
Solo si no se alcanza un acuerdo, el Presidente podrá fijar el aumento por decreto, tal como lo permite la Constitución. Sanguino defendió que el actual Gobierno ha impulsado incrementos por encima de la inflación, lo que, en sus palabras, ha mejorado la capacidad adquisitiva, reducido el desempleo y mantenido la inflación bajo control.
Desde la perspectiva del mercado, la propuesta oficial es recibida con cautela. Un informe de Bancolombia advierte que un alza del salario mínimo en 2026 superior a la inflación provocaría que los costos empresariales aumenten en promedio 7,6% nominal anual, lo que presionaría los márgenes de rentabilidad.
Los sectores con menor rentabilidad tras cubrir sus costos y alta participación de la nómina, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios intensivos en mano de obra, serían los más afectados. En estas actividades, los empresarios tendrían que destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de salarios, lo que limitaría su capacidad de inversión y los obligaría a revisar sus esquemas de contratación.

El mismo análisis señala que, aunque la reforma laboral en curso contempla mecanismos de formalización y beneficios para mipymes, trabajadores de plataformas, internos de medicina, periodistas y deportistas, la carga de costos adicionales podría impactar negativamente la contratación formal en el corto y mediano plazo.
Las cifras recientes del mercado laboral y la actividad productiva presentan un panorama mixto. De acuerdo con el Dane, la tasa de desempleo se ubicó en 8,8%, el nivel más bajo desde antes de la pandemia, lo que otorga margen al Gobierno para sostener que los aumentos salariales no han frenado la generación de empleo.
Por su parte, el análisis de Bbva Research indicó que el segundo trimestre de 2025 registró un crecimiento del PIB de 2,1% en promedio anual, con señales de aceleración en junio (2,9% interanual).
No obstante, los datos ajustados por estacionalidad muestran una desaceleración: tras un crecimiento de 1,4% en abril, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) cayó 0,2% en mayo y 1,1% en junio, reflejando debilidad en sectores como la industria, la construcción y la intermediación financiera.
Bbva advirtió que, aunque el consumo mantiene su fortaleza gracias al empleo y la confianza, la inversión permanece en niveles históricamente bajos, lo que restringe el potencial de crecimiento y genera dudas sobre la capacidad de absorción de mayores costos laborales.
La expectativa de un aumento del 11% en el salario mínimo para 2026 intensifica la tensión entre el discurso oficial y la visión del mercado. El Gobierno sostiene que estos incrementos protegen a los hogares más vulnerables, impulsan la demanda interna y mejoran la calidad de vida de millones de trabajadores.

El ministro Sanguino subrayó que “si no hay acuerdo, el Presidente tiene la potestad legal de decretar el aumento”, y enfatiza el compromiso del Ejecutivo con fijar un incremento que realmente mejore los ingresos de los trabajadores, según declaraciones recogidas por Portafolio.
En contraste, empresarios y analistas financieros insisten en que un aumento de dos dígitos, en un contexto de recuperación económica frágil y con reformas laborales que ya elevan los costos, podría convertirse en un obstáculo para la formalidad y la inversión privada. Desde la llegada de Gustavo Petro al poder, el salario mínimo ha experimentado incrementos de 10,7% en 2022, 16% en 2023, 12% en 2024 y 9,53% en 2025.
La Comisión de Concertación ya fue reactivada con el respaldo de cifras del Dane, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Durante los próximos meses, sindicatos, gremios y Gobierno presentarán sus propuestas para definir el ajuste salarial del próximo año.
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