Durante una sesión de la Comisión Accidental de Seguimiento a la intervención de Air-e, la empresa prestadora de servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena, se advirtió que la crisis financiera que atraviesa la empresa amenaza con desbordar el ámbito regional y convertirse en un problema de alcance nacional.
En ese encuentro, el senador José David Name, que lidera la Comisión, subrayó que el colapso de la empresa no solo impactaría a la costa Caribe, sino que podría comprometer la estabilidad de todo el sistema eléctrico colombiano.
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El agente interventor, Nelson Vásquez, expuso ante la comisión que, a un año de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la situación de Air-e sigue siendo crítica. Vásquez precisó que la empresa requiere cerca de $200.000 millones mensuales para cubrir únicamente sus gastos operativos, sin considerar inversiones.
“Ese monto cubre únicamente el funcionamiento corriente: el pago de la energía y los gastos del día a día”, aseguró Vásquez, que también señaló que los planes de inversión, estimados en $63.000 millones, no han podido ejecutarse debido a la falta de recursos.
La deuda acumulada de Air-e asciende a 1,3 billones de pesos, una cifra que refleja la gravedad del déficit financiero. Vásquez explicó que, incluso si la empresa recibiera los $200.000 millones adicionales en septiembre, solo lograría cubrir el consumo mensual, sin reducir la deuda histórica.
“Si recibiéramos esos $200 mil millones adicionales en septiembre, podríamos decir que sería el primer mes en muchos años en que Air-e pagaría todo lo que consumió. Pero insisto: eso solo serviría para el gasto corriente, no para abonar a la deuda histórica”, explicó el interventor.
Durante la sesión, Vásquez detalló que la Superintendencia detectó que la tarifa de energía superaba los $1.073 pesos/kWh, principalmente por la alta exposición de la empresa al mercado de bolsa en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño. Según Vásquez, “ese fue el origen del grueso de la deuda: casi $500.000 millones de pesos solo en noviembre de 2024”.
En cuanto al recaudo, Vásquez informó que el promedio acumulado en 2025 es del 74,55 %, lo que significa que de cada $100 facturados, Air-e recibe $74, una cifra muy inferior al promedio nacional, que se sitúa en el 95 %. El comportamiento del recaudo varía por departamentos: en La Guajira es del 53,22 %, en Magdalena del 64,58 % y en Atlántico del 81,91 %. Vásquez atribuyó estos bajos niveles de recaudo a los elevados índices de pobreza y pobreza energética en la región.
Air-e es “financieramente inviable”, advirtió Name
Actualmente, Air-e factura a 1.377.086 usuarios, pero solo 757.000 pagan y apenas 657.000 se mantienen al día. Además, existen 200.000 usuarios sin medidor, lo que genera pérdidas por energía no registrada o cobros estimados. Vásquez resumió la situación afirmando: “En total, de cada peso que compramos en energía, solo recuperamos entre 65 y 75 centavos. El resto se pierde por problemas de infraestructura, fraudes y, sobre todo, falta de inversión”.
El senador José David Name calificó la situación de Air-e como un problema estructural y advirtió que limitarse a solicitar más recursos al presidente Gustavo Petro solo perpetuaría la crisis.
“No se trata solo de pedir más dinero al presidente Gustavo Petro, porque eso sería repetir la historia: inyectar recursos públicos sin resolver de fondo la crisis. Y lo grave es que un colapso de Air-e no afectaría solo a la Costa Caribe: arrastraría a todo el sistema eléctrico nacional”, afirmó Name.
El senador sostuvo que la empresa es financieramente inviable, ya que su deuda supera los $3,6 billones, de los cuales el 67 % ($2,4 billones) corresponde a obligaciones con los generadores de energía. Name enfatizó que la responsabilidad de la crisis ha superado el ámbito de los funcionarios sectoriales: “Este es un tema de Estado, de país. Se necesita la intervención de la Contraloría, del Congreso y de todas las instituciones, porque estamos frente a una bomba de tiempo social”, señaló el congresista.
Name también alertó sobre las restricciones impuestas por la Superintendencia, que impiden suspender el servicio o dejar de comprar energía, lo que podría llevar a una situación insostenible para las empresas. “Esa es la verdadera amenaza”, advirtió.
En relación con la propuesta del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de asumir la gestión de la empresa, Name expresó sus dudas sobre la viabilidad de esta alternativa. “Es de conocimiento público que el gobernador no ha logrado estabilizar el sistema de salud del departamento, al punto de que el Ministerio de Salud tuvo que intervenir por una deuda de $200.000 millones en los hospitales públicos. Si no ha podido resolver esa situación, ¿Cómo podría asumir la responsabilidad de una empresa eléctrica con pasivos superiores a un billón de pesos y profundas pérdidas estructurales?”, cuestionó el senador.
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