El cierre inmediato de la cocina principal de Andrés Carne de Res en la sede de la calle 82 en Bogotá ha sacudido al sector gastronómico colombiano.
El Ministerio de Trabajo ordenó la paralización de las actividades en este emblemático restaurante tras detectar graves riesgos laborales para la salud y seguridad de los trabajadores, una decisión que afecta a decenas de empleados y pone en entredicho los estándares de una de las marcas más reconocidas del país.
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La inspección, que se extendió durante más de ocho horas y abarcó los cinco pisos del establecimiento, estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Laborales Sandra Muñoz y el director territorial de Bogotá Amaury Gómez.
Durante el recorrido, los funcionarios identificaron una serie de irregularidades que, según la viceministra, representaban un riesgo inminente para la vida y la integridad de los cerca de cincuenta trabajadores que operaban en la cocina principal.
Entre los hallazgos más preocupantes se encontraron cables eléctricos expuestos cerca de fuentes de agua y aguas negras, planchas de aluminio calientes sin señalización, desorden generalizado, falta de aseo y una ventilación deficiente que convertía el área en un espacio de calor extremo.
La ausencia de evaluaciones psicosociales y de mecanismos para medir el estrés térmico agravaba la situación, mientras que la manipulación inadecuada de productos químicos y la estrechez de los espacios incrementaban el riesgo de accidentes.
El impacto de estas condiciones sobre los trabajadores quedó evidenciado en los testimonios recogidos durante la inspección.
Muñoz describió el ambiente de la cocina como preocupante, señalando que el calor era tan intenso que el área recibía el nombre de “infierno”, en alusión tanto a la temática del restaurante como a la experiencia física de quienes laboraban allí.
La funcionaria subrayó que los riesgos eléctricos no se limitaban a la cocina, sino que se extendían a todo el restaurante, lo que podría desencadenar un accidente de mayores proporciones y afectar a clientes y empleados por igual.
El contexto de la intervención no es aislado. El cierre se produjo pocos días después de un incidente en el que una decena de personas resultaron heridas dentro del establecimiento.
Además, el Ministerio de Trabajo confirmó la existencia de más de 26 denuncias formales contra Andrés Carne de Res a nivel nacional, presentadas por trabajadores y trabajadoras a través del sistema Sicinfo.
Entre los antecedentes figura el caso de Laura Villamil, una empleada que sufrió un accidente hace casi un año, así como otras querellas en curso que han motivado la vigilancia de las autoridades laborales sobre la cadena.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión total de las labores de preparación de alimentos en la cocina principal, otorgando a la empresa un plazo inicial de una semana para implementar un plan de mejora.
Durante este periodo, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá realizar estudios técnicos para certificar el estado de los sistemas eléctricos y otros aspectos críticos. Solo tras la verificación de las autoridades se permitirá la reanudación de las actividades en la zona intervenida.
La medida adoptada en Bogotá no se limita a esta sede. El Ministerio anunció que sus 33 direcciones territoriales y tres oficinas especiales han recibido instrucciones para inspeccionar otras sucursales de Andrés Carne de Res en todo el país.
Esta acción, considerada inusual por su alcance, envía un mensaje claro al sector gastronómico sobre la vigilancia estatal en materia de seguridad y salud ocupacional. La viceministra Muñoz enfatizó que la intervención busca prevenir accidentes masivos y garantizar condiciones dignas para los trabajadores, mientras que el ministro Antonio Sanguino recalcó que la protección de la vida y la seguridad debe prevalecer sobre cualquier interés comercial.
En este escenario, la decisión de las autoridades laborales marca un precedente para la industria gastronómica, recordando que el crecimiento empresarial solo es legítimo cuando se sustenta en el respeto a la integridad y el bienestar de quienes hacen posible su funcionamiento.
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