A la cárcel por el homicidio del líder comunitario e integrante del Partido Comunes, Cristian Fernando Salinas Chocué

Dos hombres que fueron presentados ante una juez penal de control de garantías por su presunta participación en el homicidio del líder comunitario y juvenil, e integrante del Partido Comunes, Cristian Fernando Salinas Chocué, fueron enviados a la cárcel.

La decisión se dio a conocer a través de un comunicado emitido la mañana del sábado 6 de septiembre de 2025 por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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En concreto, el crimen ocurrió el 7 de enero de 2023 en una estación de servicio del corregimiento de Costa Rica, en jurisdicción del municipio de Ginebra (Valle del Cauca), según lo que reza en el documento oficial del ente.

Según lo que se detalló en el comunicado, Noé Biscué Robledo, alias Tatú; y Wilson Zuluaga Meneses, alias Zuluaga, habrían realizado seguimientos y vigilancias a la víctima, además de suministrar información sobre su ubicación.

La Fiscalía señaló en su resolución que estos datos permitieron que los dos sicarios que se movilizaron en una motocicleta, y siguieron a Salinas Chocué por una carretera, lo abordaran y le dispararan en varias ocasiones.

Las capturas de Biscué Robledo y Zuluaga Meneses estuvieron a cargo de unidades de la Dijín de la Policía Nacional en Ginebra (Valle del Cauca). La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El miércoles 3 de septiembre de 2025 se informó de la detención de “Tatú” y “Zuluaga”, luego de que se efectuaron las aprehensiones mediante órdenes judiciales.

La operación que condujo a la detención de los dos presuntos implicados hace parte de Themis 2.0, estrategia dirigida a capturar a responsables de homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

Las autoridades intensifican los esfuerzos ante la constante amenaza a la seguridad de excombatientes y defensores sociales en Colombia.

Lo anterior se soporta con los datos recopilados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en los que se indica que desde la suscripción del Acuerdo de Paz en 2016, al menos 456 excombatientes han sido asesinados en 158 municipios del país.

De esa cifra, el 98 % eran firmantes del acuerdo y el 94 % se habían presentado ante la JEP. Además, los homicidios se concentran sobre todo en regiones con alta presencia de cultivos ilícitos y disputas de control territorial (sobre todo en el suroccidente del país).

El impacto de la violencia se ha agudizado en 2025. En el primer trimestre del año fueron asesinados 15 firmantes del Acuerdo, una cifra que ya representa la mitad de los asesinatos reportados en todo 2024.

Solo en enero de 2025, se notificaron 11 homicidios de excombatientes. Otras estadísticas, como las citadas por el senador Carlos Antonio Lozada, miembro de Comunes, elevan a 460 el total de firmantes asesinados hasta la fecha.

Organizaciones como Indepaz reportaron en 2023 un total de 44 firmantes asesinados, una reducción de seis casos en comparación con 2022.

Mientras que durante el gobierno de Gustavo Petro, las cifras oficiales señalan 11 asesinatos en 2022, 44 en 2023 y 17 en 2024.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación advirtió que, sólo en los dos primeros meses de 2025, 17 firmantes han sido asesinados, un número que iguala la mitad de todos los homicidios registrados en 2024, lo que subraya la urgencia del fenómeno.

A pesar de la judicialización de varios sospechosos, la protección integral de los firmantes de paz continúa como un desafío de orden público y de implementación del Acuerdo de Paz.