Los contratos e investigaciones que habrían puesto sobre la mesa la renuncia de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón, en Bogotá

La Administración de Bogotá atraviesa una crisis en sus alcaldías locales tras la renuncia de las mandatarias de Chapinero y Fontibón, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitara la renuncia protocolaria a los responsables de las 20 localidades de la ciudad.

Esta decisión, según indicó el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, estuvo motivada por denuncias de irregularidades en contratos y una baja ejecución presupuestal.

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Quintero insistió en que las alcaldías deben gobernar de manera transparente, eficiente y con resultados tangibles, y que la administración distrital se compromete a transformar la imagen de estas entidades mediante una orientación clara hacia la eficiencia y la rendición de cuentas.

La solicitud de renuncia protocolaria, presentada el 28 de agosto de 2025, marcó un punto de inflexión en la administración local.

Galán, al referirse a la salida de Alejandra Mejía Guzmán (Chapinero) y Adriana Yaneth Ortiz Ubaque (Fontibón), enfatizó que ningún cargo está asegurado y que no se tolerarán dudas sobre la contratación que puedan comprometer los recursos del distrito.

La medida se adoptó en un contexto de advertencias previas del Concejo de Bogotá sobre posibles irregularidades en la gestión de las alcaldías, lo que incrementó la presión sobre los mandatarios locales.

Uno de los casos que habría precipitado la crisis fue el de Chapinero, donde la compra de cinco motocicletas para la estación de policía local generó controversia.

El contrato, por un valor total de $467.357.625, fijaba el precio de cada motocicleta en $93,6 millones, cifra que superaba ampliamente los valores pagados por otras alcaldías, como Suba y Barrios Unidos, donde el mismo proveedor, Credimotos, vendió motocicletas por $52 millones cada una.

Esta diferencia de $41 millones por unidad encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá. Tras las denuncias, el alcalde Galán ordenó la cancelación del contrato el 6 de agosto de 2025. Alejandra Mejía Guzmán, entonces alcaldesa de Chapinero, explicó que el proceso contractual se inició el 10 de marzo y que, ante la falta de solicitudes de información a través de la plataforma Secop, se solicitaron cotizaciones directamente a proveedores.

Mejía justificó la cancelación señalando que el precio ofertado superaba los valores de mercado: “Las motos no las vamos a comprar porque el precio que ofreció el proponente es superior a los precios de mercado”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

En Fontibón, según conoció El Tiempo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por un posible conflicto de intereses en la adjudicación de contratos de obra pública.

En este caso, el ministerio público indaga la relación entre el edil Gerardo Montero Doza y el contratista Brayan Stiven Burgos Gamboa, que habría celebrado varios contratos de prestación de servicios con la alcaldía local y tendría un vínculo de segundo grado de afinidad con Montero.

La investigación también examina si Montero omitió informar sobre la relación con su yerno, lo que ha sido motivo de señalamientos directos a la exalcaldesa Ortiz Ubaque, acusada de no frenar la situación.

“Determinar la existencia de un posible comportamiento que tuviera incidencia en la celebración de contratos de prestación de servicios por parte de la Alcaldía Local de Fontibón con el señor Brayan Stiven Burgos Gamboa, quien al parecer tiene vínculo en segundo grado de afinidad con el señor Gerardo Montero Doza”, indicó el ente de control, citado por el medio.

Además, el nombramiento de Ortiz Ubaque ya había sido objeto de controversia, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nula su designación en primera instancia por no cumplir con el requisito de residencia de dos años en la localidad.

La baja ejecución presupuestal es otro de los factores que habría pesado sobre las alcaldías locales. Con corte al 31 de agosto de 2025, ninguna de las 20 localidades alcanzaba el 70% de ejecución presupuestal, nivel considerado adecuado para la fecha.

Los Mártires lideraba con un 66,78%, mientras que 13 localidades, entre ellas Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Fontibón, Kennedy y Usaquén, se situaban entre el 60,42% y el 46,94%.

Las localidades con peores indicadores fueron Santa Fe (44,09%), Chapinero (44,07%), Sumapaz (43,85%), Usme (41,38%), Bosa (41,28%) y San Cristóbal (40,70%). En el caso de Chapinero, el rezago superaba los 25 puntos porcentuales respecto a la meta, con un presupuesto de $43.861 millones, de los cuales solo se habían comprometido $17.828 millones.

De los 29 proyectos a cargo de la alcaldía, solo cinco presentaban una ejecución superior al 80%, mientras que 22 no alcanzaban el 25%. Fontibón, por su parte, tenía un rezago de 15 puntos y había comprometido $33.782 millones de un presupuesto total de 66.374 millones, con cinco proyectos sin avance y solo cinco con ejecución óptima.

El alcalde Galán anticipó que la revisión sobre la gestión en las alcaldías locales continuará y que el proceso de evaluación y posibles cambios se extenderá a otras entidades del distrito.