Inician investigaciones contra la Ungrd por manipulación en procesos de contratación: esto afectó la libre competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrá dictar sanciones económicas que ascienden a 142.350 millones de pesos, equivalentes a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en caso de demostrarse responsabilidad por parte de los implicados en la alteración de la libre competencia dentro de procesos contractuales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) gestionados entre 2023 y 2024.

Estas medidas se amparan en el régimen nacional de protección de la competencia, el cual faculta a la SIC a tomar acciones decisivas ante prácticas anticompetitivas que perjudican el correcto funcionamiento del mercado y, en este caso, impactan el uso de los recursos públicos destinados a atender emergencias en comunidades de alta vulnerabilidad.

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El proceso investigativo cobró impulso a raíz de múltiples evidencias obtenidas por la autoridad, producto de visitas administrativas directamente en las entidades implicadas, la recolección de información formal, declaraciones de personas relacionadas y la colaboración con órganos como la Fiscalía General de la Nación.

Los datos recolectados permitieron identificar la existencia de un entramado diseñado para vulnerar los principios de competencia, manifestado en la manipulación de seis procesos de contratación bajo la jurisdicción de la Ungrd.

El mecanismo fraudulento detectado operó a través de la coordinación ilícita entre funcionarios de la Ungrd y el postulante, al que finalmente se adjudicaron los contratos. Esta estructura permitió que se favoreciera al grupo liderado por Luis Eduardo López Rosero, quien inscribió una serie de empresas de su propiedad o bajo su control directo en las licitaciones públicas.

La finalidad era simular competencia y pluralidad de participantes cuando, en realidad, todas las ofertas eran planeadas y presentadas por un mismo núcleo, concertando precios inflados. El monto de los procesos investigados superó los 86.000 millones de pesos y estaba asignado principalmente a la atención prioritaria de emergencias, canalizando recursos vitales para poblaciones en situaciones precarias.

Además, Luis Eduardo López Rosero habría gestionado sistemáticamente la presentación de compañías vinculadas a su esfera de control para participar en las licitaciones abiertas por la Ungrd durante los años investigados.

Esta disposición permitía a las empresas recibir contratos bajo una supuesta dinámica competitiva, cuando en realidad actuaban como partes coordinadas, bajo la estrategia de presentar propuestas con precios artificialmente altos. Se identificó que los aumentos injustificados en los presupuestos de los contratos tenían la finalidad de financiar pagos ilícitos a quienes, desde el interior de la entidad, facilitaban la adjudicación amañada.

Dentro del grupo de funcionarios señalados, la SIC identificó como principales responsables a Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Ambos, según los hallazgos del expediente, habrían tenido un papel crucial en la manipulación interna de los procedimientos para garantizar que las empresas bajo la órbita de López Rosero resultaran adjudicadas, desviando de este modo el proceso y contraviniendo la legalidad del sistema de compras públicas.

Por estas conductas, que han sido calificadas como sistemáticas, la Delegatura para la protección de la competencia formuló pliego de cargos tanto a los funcionarios y contratistas de la Ungrd involucrados, como a Luis Eduardo López Rosero, las sociedades bajo su dominio y demás personas que, de manera activa u omisiva, contribuyeron a consolidar la estructura delictiva.

El expediente detalla que la estrategia implementada por los implicados no solo transgredió la normativa de competencia, sino que además modula un grave atentado contra el principio de legalidad y la confianza de la ciudadanía sobre el sistema de contrataciones públicas. Los procesos afectados estaban dirigidos a resolver emergencias humanitarias, lo cual intensifica la gravedad del caso, considerando el destino de los recursos y el carácter prioritario de las acciones contractuales examinadas.

El rol de la Superintendencia de Industria y Comercio es central, ya que como entidad encargada de velar por el respeto a la libre competencia en Colombia, ha desplegado herramientas investigativas y cooperado con otras instituciones del Estado para esclarecer la totalidad de los hechos. Este trabajo articulado ha permitido identificar la estructura interna del sistema anticompetitivo y develar los flujos financieros fraudulentos que sirvieron para alimentar la red de corrupción detectada en la Ungrd.

En consecuencia, el anuncio del pliego de cargos constituye solo el inicio de un proceso que podría conllevar no solo un precedente disciplinario y sancionatorio importante en materia de competencia, sino también influir en la configuración de futuras políticas para la prevención de colusión y corrupción en procedimientos públicos. El objetivo último de la SIC es sostener un compromiso activo y permanente con la erradicación de prácticas desleales, reforzando así los esquemas de transparencia y legalidad en todas las etapas de la administración pública y la contratación estatal.