La representante a la Cámara Mafe Carrascal informó que el organismo legislativo aprobó el proyecto de Ley Doctora Catalina, una iniciativa que propone cambios profundos en la regulación de las condiciones laborales de los médicos residentes en Colombia.
El proyecto, de autoría del representante a la Cámara por Boyacá Héctor Chaparro busca modificar la Ley 1917 de 2018, para enfrentar problemáticas como el maltrato, el acoso laboral y la sobrecarga durante la formación médica práctica.
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Carrascal también confirmó que fue ponente de la iniciativa, y celebró la novedad: “¡Buenas noticias! En Plenaria de @CamaraColombia aprobamos en su segundo debate la #LeyDoctoraCatalina, de la cual fui ponente. Con este proyecto damos un paso firme para garantizar que los residentes tengan condiciones laborales dignas, garantizar su bienestar, sancionar el acoso y el maltrato al que han sido sometidos y promover la salud mental en su formación. ¡Un gran avance para fortalecer la salud y el trabajo digno en Colombia!“, afirmó en sus redes sociales.
El articulado aprobado contempla la implementación de protocolos efectivos para la prevención del maltrato y acoso, el establecimiento de canales de denuncia y seguimiento en casos de abuso, así como el diseño de un programa integral de salud mental para los médicos en formación.
El representante Chaparro enfatizó, por su parte, que el objetivo es garantizar un entorno de aprendizaje “seguro, digno y respetuoso” que propicie el desarrollo profesional y personal de quienes cursan la residencia en el país.
El caso de Catalina Gutiérrez
El Proyecto de Ley toma como referencia el caso de Catalina Gutiérrez, la joven residente de cirugía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que decidió quitarse la vida, tras padecer acoso y una fuerte sobrecarga laboral.
Esta situación generó amplia atención pública y sirvió como detonante para el debate sobre las condiciones de formación de los médicos en Colombia.
El texto aprobado estipula, entre otras disposiciones, la obligatoriedad de asegurar condiciones laborales dignas para todos los residentes, así como la promoción de espacios en los que se garantice el bienestar y la salud mental de los profesionales en formación.
La muerte de Gutiérrez Zuluaga ocurrió el 17 de julio de 2024, y despertó dolor en el sector de la salud y la comunidad universitaria.
De hecho, la joven dejó una carta en la que relató situaciones de maltrato experimentadas durante su formación.
Tras el suceso, salieron a la luz testimonios de otros residentes que describen prácticas como la extensión de turnos, la asignación de labores ajenas a la formación médica y episodios de burlas y humillaciones.
“Les extienden los turnos, los ponen a lavar las cafeteras y se burlan de cómo hablan y hasta de cómo visten”, detallaron algunos estudiantes en cartas difundidas posteriormente, viralizadas en redes sociales.
En una de esas misivas, la residencia fue descrita como “nadar en una piscina de mierda, a veces no puede ahogarse o salir al otro lado”.
Los logros del proyecto de ley
De acuerdo con Carrascal, “logramos garantizar la laboralidad del contrato de práctica formativa de los residentes, garantizando que se rijan por la legislación laboral y tengan acceso integral a la seguridad social, a las prestaciones sociales y a protección efectiva contra el acoso laboral”, confirmó.
En otro de los puntos, indicó que “se definen claramente las situaciones de acoso laboral dentro de las residencias médicas y se fortalecen los mecanismos para denunciar estos casos, garantizando la protección tanto de las víctimas como de los denunciantes, y estableciendo sanciones para quienes resulten responsables".
Un logró más es que se les da facultades tanto al Ministerio de Educación como a la Superintendencia de Salud “para investigar y aplicar sanciones, cuando sea pertinente, a las personas e instituciones involucradas en casos de acoso laboral”:
Carrascal también anunció que se prevé la creación de “un programa de salud mental”, en beneficio de los médicos residentes para que puedan acceder de manera oportuna y gratuita a servicios de salud mental. Esta también permite la creación de “medidas para prevenir el estrés y el agotamiento crónico y promocionar prácticas que garantizan la salud mental”.
Finalmente, “se establecen límites para la jornada laboral: 12 horas diarias y 60 horas semanales, con el objetivo de prevenir la sobrecarga laboral y frenar el abuso de las largas jornadas de trabajo. Por Catalina, y por todos los y las residentes, ¡avanzamos!“; concluyó Carrascal.
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