La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que impuso una sanción ejemplar al secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Jambaló (Cauca), Jairo Aguilar, al destituirlo e inhabilitarlo por 12 años para ejercer funciones públicas.
Las autoridades procedieron con la medida tras comprobarse que el acusado presentó una incapacidad médica falsa con el objetivo de ausentarse de sus labores, según informó Caracol Radio.
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Los hechos se originaron el 16 de septiembre de 2022, cuando Aguilar relató que fue víctima de un atraco —en el que le robaron su motocicleta, celular y documentos—, motivo que lo habría llevado a solicitar atención médica en la clínica La Estancia de Popayán.
El funcionario alegó, además, que padecía depresión, ansiedad y fobia a los hospitales, factores que atribuyó a su deseo de abandonar rápidamente el centro médico, aceptando sin detenimiento los documentos que le entregaron.
No obstante, al analizar detalladamente la incapacidad presentada, se identificaron múltiples inconsistencias: el uso del logo institucional, el formato del documento, los términos empleados por el supuesto profesional y la firma resultaron ser falsificados.
Los hechos se agravaron tras un dictamen médico fechado el 25 de junio de 2022, que concluyó que Aguilar “no presentaba alteraciones del juicio, que mantenía un pensamiento lógico y coherente sin evidencia de delirios, deterioro cognitivo o alteración significativa de la inteligencia”, conoció e informó el medio.
La determinación del tribunal, estructurada en ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, no solo confirmó la actuación dolosa y premeditada de Aguilar sino que enfatizó su incursión en una conducta de tipo penal.
Este comportamiento se sanciona con prisión de entre 16 y 108 meses según la legislación vigente, además de la decisión administrativa que deja en firme la destitución y la inhabilidad de 12 años.
El fallo de la Comisión, a pesar de la gravedad documentada, no se produjo por unanimidad. Se registró salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo y un salvamento parcial del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, que manifestaron reservas ante la sanción impuesta.
Estas son las consecuencias de presentar incapacidades falsas
La presentación de incapacidades médicas falsas en el entorno laboral puede acarrear graves consecuencias tanto legales como laborales para quienes incurren en este fraude.
De acuerdo con el medio especializado Asuntos Legales, los expertos indican que este proceder, además de implicar un incumplimiento contractual, puede convertirse en un delito penal y traer consigo la ruptura del contrato de trabajo e, incluso, una sanción de prisión.
Diego Acevedo, socio en la firma Holland & Knight, explicó al medio que la gravedad de las consecuencias depende del tipo de falsedad y de su impacto, pero lo primero es que pueden presentarse denuncias de carácter penal, las cuales puede instaurar tanto la institución médica implicada, el profesional de la salud que figura en la incapacidad, como la EPS.
Johanna Duque Mendieta, magíster en derecho laboral y de la seguridad social, precisó que la persona responsable estaría cometiendo el delito de falsificación de documento privado, castigado por el artículo 289 del Código Penal con penas de prisión entre 16 y 108 meses (1.4 a 9 años).
En el ámbito laboral, el experto Juan Antonio Padilla, señaló que engañar al empleador utilizando certificaciones falsas para justificar ausencias se configura como una de las justas causas de despido según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, subrayó que esta conducta puede dar lugar a un procedimiento disciplinario individual dentro de la empresa, que, después de agotar el debido proceso, puede resultar en sanciones e incluso en la terminación unilateral del contrato de trabajo.
Saida Quintero, directora del área de derecho laboral de la Universidad del Rosario, aclaró en diálogo con el medio, que si el trabajador está protegido por fuero sindical, el empleador debe seguir un procedimiento especial, asegurando siempre el derecho a la defensa del empleado.
La jurisprudencia exige que durante este proceso, el trabajador sea notificado de las faltas imputadas, reciba traslado de las pruebas y tenga la posibilidad de controvertirlas y presentar su propia defensa, incluso con acompañamiento sindical si es el caso.
Desde el sistema de salud, si se comprueba que la incapacidad es fraudulenta, la EPS puede suspender el pago de la prestación económica, poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y exigir el reembolso de los recursos públicos pagados.
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