
La suspensión de clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles marcó un punto de inflexión en la comunidad educativa de Cundinamarca, tras la muerte de Valeria Afanador y las investigaciones en curso sobre las circunstancias de su desaparición.
La decisión de interrumpir las actividades académicas responde tanto al duelo colectivo como a la inminente llegada de las autoridades, que buscan esclarecer el futuro de la institución y determinar posibles responsabilidades.
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El presidente Gustavo Petro solicitó al ministro de Educación que se investigue a fondo el colegio donde estudiaba la menor, atendiendo a los señalamientos de la familia, que denunció irregularidades que, según sostienen, contribuyeron al desenlace fatal.
En este contexto, la Gobernación de Cundinamarca convocó a una reunión con las directivas del colegio para definir los pasos a seguir y evaluar si la institución continuará operando o enfrentará sanciones más severas.

El abogado Francisco Bernate, representante legal del colegio, afirmó en declaraciones a Noticias Caracol que la institución está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones.
Según Bernate, “el colegio tiene que ser objeto de investigaciones, es lo que corresponde y dará las explicaciones a que haya lugar”.
Bernate subrayó que la documentación del colegio está en regla y que opera con el aval de las autoridades competentes, por lo que cualquier decisión debe considerar también los derechos de los estudiantes y trabajadores que dependen de la institución.
En cuanto a la acreditación como víctimas dentro del proceso penal, el jurista aclaró que la única víctima reconocida es la familia de Valeria Afanador.
“La intención que tiene el colegio y por eso la vocería que yo asumo y mi participación, es la de hacer un aporte de pruebas, es la de tratar de llegar a la verdad. Pero en ningún caso pretendemos hoy, aquí y ahora, un reconocimiento como víctimas dentro del proceso penal. La víctima hoy es la familia y eso hay que respetarlo”, puntualizó el abogado.

Respecto a la hipótesis de la familia de Valeria Afanador, que sostiene que una tercera persona pudo haber intervenido en la desaparición y muerte de la niña, el abogado enfatizó en la necesidad de agotar todas las líneas de investigación.
“La Fiscalía General de la Nación no puede quedarse con el solo dictamen de medicina legal que da como causa de la muerte el ahogamiento de la menor. Tendrá que avanzar en las investigaciones a fin de determinar la participación de terceras personas”, manifestó
Bernate, reiterando el compromiso del colegio de aportar toda la información y colaboración necesaria para esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse la intervención de terceros, que estos respondan ante la justicia.
Uno de los puntos de controversia ha sido la intervención en la escena donde desapareció la menor. El colegio aseguró que cualquier modificación en el lugar, como la instalación de una reja, se realizó bajo la autorización de las autoridades.
Bernate explicó que “el colegio jamás alteró la escena del delito, jamás alteró la evidencia. Por el contrario, siempre fue participativo, colaborativo, a las visitas, a la multitud de recorridos que se hicieron”.
Añadió que existe documentación que respalda la autorización para realizar reparaciones y que el cuerpo de bomberos avaló el funcionamiento del colegio tras inspecciones y capacitaciones realizadas en julio, en las que se verificó el cumplimiento de las normativas de seguridad.

“Nunca el colegio alteró la escena del delito digamos. Pero además, el señor comandante de bomberos seguramente recordará que él estuvo el 17 de julio en el colegio dando un reporte de cómo encontraba las instalaciones y si estaban cumpliendo con las normativas, lo cual está documentado”, afirmó Bernate.
El colegio enfrenta actualmente una situación de duelo y mantiene las clases suspendidas, a la espera de las decisiones de las autoridades.
Bernate indicó que la intención es reanudar las actividades académicas tan pronto como sea posible, siempre que las condiciones lo permitan.
Además, desmintió versiones sobre una supuesta reciente admisión en reestructuración empresarial, precisando que “fue admitido en esta condición en el año 2023” debido a las dificultades financieras derivadas de la pandemia, y no como consecuencia de los hechos recientes.
La comunidad educativa permanece a la expectativa de los resultados de las investigaciones, mientras el colegio insiste en que todos sus documentos están en regla y que su funcionamiento ha sido avalado por las inspecciones realizadas.
El compromiso, según Bernate, es acompañar a la familia de Valeria Afanador en su duelo y colaborar con las autoridades para que se esclarezca la verdad y se haga justicia.
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